El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, preguntará al presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, si considera que el Gobierno autonómico ha puesto en marcha "suficientes medidas" para la protección social de los castellanoleoneses y para la recuperación económica.

Con esta pregunta arrancará el inédito pleno de las Cortes del próximo martes con el que se reanudarán las sesiones de control al Gobierno con un total de 16 preguntas de los grupos al presidente y al resto de los integrantes del Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos.

En esta ocasión la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, se dirigirá también a Fernández Mañueco al que preguntará qué estrategia contempla impulsar la Junta de Castilla y León para aliviar y revertir los efectos de la crisis del COVID-19.

En el caso del Grupo Mixto, la pregunta al presidente le corresponde al procurador de Vox, Jesús María García-Conde del Castillo, que quiere saber si la Junta ha aplicado protocolos durante la pandemia para privar o hacer distinción en las terapias que se aplican a las personas mayores con respecto al resto de los ciudadanos por razón de su edad y otras afecciones previas.

En el caso de las preguntas de los socialistas, la secretaria de Organización del PSOECyl y procuradora por Zamora, Ana Sánchez, preguntará si la Junta se ha comportado "con la misma lealtad" con el Ejecutivo central que la que ha recibido el Gobierno autonómico en estas semanas.

Por su parte, la viceportavoz socialista, Virginia Barcones, procuradora por Soria y el procurador socialista por Segovia, José Luis Vázquez, plantearán sendas preguntas sobre las previsiones del Gobierno autonómico para garantizar la asistencia sanitaria y la recuperación social y económica en las provincias "a las que la pandemia ha golpeado por encima de la media poniendo de manifiesto las consecuencias de su frágil y endeble sistema sanitario", ha explicado la socialista en rueda de prensa.

En caso del coordinador socialista de Sanidad, Diego Moreno, pedirá a la Junta que informe sobre cómo va a invertir los fondos que transferirá el Gobierno a la Comunidad para Sanidad que se estiman en 600 millones de euros, "equivalente a la cantidad que la Junta ha recortado", ha precisado Barcones.

Por su parte, la coordinadora de Servicios Sociales, Nuria Rubio, planteará en su pregunta la necesidad de abordar una reflexión acerca del actual modelo de atención a personas mayores, que con la pandemia ha hecho aguas" y la secretaria general del Grupo Parlamentario socialista, Patricia Gómez, se interesará por cómo piensa reconocer la Junta el trabajo de los empleados públicos a lo largo de la crisis del COVID-19.

La brecha digital en materia de Educación, "que también supone una brecha social", el grado de transparencia de la Junta y el plazo que se marca la Junta para abonar las ayudas a colectivos dentro del plan de medidas extraordinarias para la protección de trabajadores y personas vulnerables, son otras de las preguntas que el PSOE realizará el martes día 12 en la sesión de control que recupera el Parlamento autonómico en su camino hacia "la nueva normalidad".

Por su parte, la procuradora de Ciudadanos Marta Sanz dirigirá una pregunta para pedir proteger a las familias con necesidades educativas especiales y para conocer la postura del Ejecutivo autonómico ante la intención del Gobierno central de tramitar la Ley de Educación "n pleno estado de alarma".

En el caso del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, preguntará a la Consejería de Sanidad si contempla la posibilidad de que el modelo residencial quede integrado en este departamento "y no en la Consejería de Familia como hasta ahora", mientras que el leonesista Luis Mariano Santos quiere saber los criterios de la Junta para decidir a quién realiza los test PCR.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto y procurador de Podemos-Equo, Pablo Fernández, de dirigirá a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, para saber si, tras lo acontecido en las últimas y "terribles semanas", va cambiar el modelo residencial de la Comunidad "para fortalecer el sistema público y convertirlo en predominante, haciendo que lo privado sea a partir de ahora la puntual excepción".