Hasta la Ley 1/2015, el delito de provocar incendios forestales era competencia del Tribunal del Jurado, conocido vulgarmente como 'jurado popular'. Y creo que fue un grave error suprimir esa competencia para atribuírsela a los tribunales ordinarios de jueces y magistrados profesionales.
Y digo que fue un error a la vista de lo que está ocurriendo y no solo este fatídico mes de agosto. Puesto que, ¿quién mejor que los propios ciudadanos para exigir responsabilidades a quienes atentan gravemente y cobardemente contra bienes y personas, produciendo cuantiosísimos daños y perjuicios? Como estamos viendo en gran parte de España y, muy singularmente, en Castilla y León.
Por supuesto que el enjuiciamiento ha de hacerse con todas las garantías, pero la exigencia de responsabilidades también y nadie mejor que la propia ciudadanía para ejecutarlo.
Esa fue precisamente la razón de ser de la reinstauración de Jurado para que las personas normales puedan participar en la administración de justicia como establece nuestra Constitución en su artículo 125. Siguiendo el ejemplo de la gran mayoría de los países de nuestro entorno y de nuestro pasado democrático.
Se dirá que ya se encargarán de ello los jueces y tribunales ordinarios. Sin embargo, entiendo que el jurado popular simboliza más nítidamente una de las finalidades de las penas como es la prevención y la reparación y, por supuesto, la reinserción del culpable.
Desde la Asociación Pro Jurado, debe solicitarse un cambio legislativo que devuelva al Tribunal del Jurado la competencia sobre este grave delito, exigiendo a los pirómanos las graves responsabilidades en que han incurrido.
Y no olvidemos que para ello no hace falta saber derecho como decía el fiscal del Tribunal Supremo Jesús Vicente Chamorro, sino "ser justo". Es, pues, una cuestión de justicia y no de otra índole.
