Fue en la primera República española en 1873 cuando por primera vez se trató de crear un organismo que velara por la constitucionalidad de las leyes. En la segunda República. en 1931, se presentó un anteproyecto de Constitución que preveía la existencia de una justicia constitucional con la misma finalidad. Su duración fue breve pues el alzamiento de 1936. que dio origen a la guerra civil, primero trasladó el tribunal a Barcelona hasta terminar desapareciendo. La vigente Constitución española de 1978 prevé, en su Título IX la creación de un Tribunal Constitucional, que funciona como garante último de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y de la supremacía de la Constitución.

Los miembros del Tribunal Constitucional deben ser nombrados de entre los ciudadanos españoles que reúnan la condición de magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia que acrediten un mínimo de 15 años de ejercicio profesional. Su designación se hace por nueve años renovándose por terceras partes, renovándose cada tres años. La condición de magistrado del tribunal constitucional exige una dedicación exclusiva con múltiples incompatibilidades con otros puestos en la función pública y en las instituciones españolas, Y los magistrados ejercen su función basándose en los principios de imparcialidad y dignidad inherente al ejercicio de la misma. Serán nombrados por el Rey a propuesta de las Cámaras, (4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado, elegidos por mayoría de 3/5), 2 a propuesta del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial.

Así las cosas y como un paso más, el presidente Sánchez y su obsesión por controlar todas las instituciones del Estado ( la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, el CIS, el Consejo de Estado, el CGPJ, Televisión Española, etc.), pretende ahora controlar también el Tribunal Constitucional, para hacer frente a las oleadas de recursos que partidos políticos, instituciones y particulares presenten con ánimo de anular la multiplicidad de medidas legislativas y de todo tipo que Su Sanchidad viene imponiendo al pueblo español sin darle siquiera oportunidad de pronunciarse sobre ellas.

Y si para ello hay que saltarse a la torera el ordenamiento legal vigente y hacer pasar el rodillo en las dos Cámaras sobre la oposición y poder cumplir las exigencias de aquellos que le llevaron a la Moncloa y se lo recuerdan sin disimulo cada vez que en el Parlamento hay que sacar adelante leyes y decretos-ley de dudoso contenido y mínima calidad jurídica. Y si para ello es preciso descalificar a Jueces y Tribunales de una forma como nunca se vio en la democracia española da exactamente igual: se lleva el texto en forma de proposición de ley para eludir todo tipo de control (Consejo de Estado, CGPJ, Consejo Fiscal…) y a votar de la mano de Bildu, ERC y otras minorías patriotas.

Y en el culmen de esta batalla, el PP no ha tenido otro remedio que recurrir al amparo del Tribunal Constitucional solicitando la paralización de las reformas que al amparo de la modificación del Código Penal que previamente habían negociado SuperSanchez y Rufián sobre la sedición y la malversación metían de matute la modificación de las leyes orgánicas que regulan el CGPJ y el Tribunal Constitucional y es que, como dice Lage, no es de recibo negociar el código penal con los delincuentes para minorar su pena y liberarles de efectos secundarios, dándoles así vía libre para concurrir a las próximas elecciones. Vamos como si fuera abiertamente una amnistía, expresamente prohibida por la vigente Constitución Española. 

Y ocurrió lo que pocos esperaban: que el Tribunal dio la razón al Grupo Popular y suspendió la votación en el Senado de las modificaciones que se trataban de aprobar a rebufo de la modificación del código penal que de forma un tanto atípica pretendía introducir el partido socialista, lo que provocó la salida en tromba para descalificar al Tribunal Constitucional de la presidenta del Congreso, el presidente del Senado, el ministro de la Presidencia, y unas horas después del propio Pedro Sánchez, y todos ellos como si fuera de manual, comenzaron por descalificar al tribunal y a sus componentes, por hablar de mayorías y minorías para terminar diciendo al final, eso sí, que acataban la decisión.

Pero a pesar de acatar la decisión, a las 24 horas presentaron un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, esta vez respaldado cómo no por la fiscalía del propio tribunal, y Pedro Sánchez, como los malos estudiantes cuando les suspende el profesor, dice que este tribunal le tiene manía y por eso declaró inconstitucionales los dos estados de alarma que decretaron el confinamiento de los ciudadanos y el cierre del parlamento durante la pandemia, y ahora vuelven a quitarle la razón pues nuevamente el tribunal constitucional se hizo fuerte y ratificó su decisión de la sesión anterior.

Pero, estar tranquilos, ya nos ha advertido que están trabajando intensamente en buscar una vía alternativa a la suspendida por el Tribunal Constitucional para que al final el deseo de Su Sanchidad se haga una realidad en el panorama legal español y tener garantizado así el control sobre el CGPJ y el Tribunal Constitucional.

Y mientras tanto la Comisión Europea mirando para otro lado o haciendo a lo sumo leves recomendaciones. Esperemos que no tardando mucho cambien de postura o esto termina como Venezuela.

Os deseo unas muy felices navidades a todos, y espero que en ocho días podamos hablar de las elecciones municipales de Valladolid.

Hasta el viernes que viene.