Tenemos cada vez más enfermos mentales en nuestra sociedad, esta situación se ha visto agravada por el confinamiento y el distanciamiento social durante el COVID, también por los procesos de duelo que han vivido de forma abrupta y traumática las familias que hemos perdido a nuestros seres queridos por el virus. Estudios realizados avalan que los síntomas principales observados indicaban que había una alta probabilidad de padecer depresión, ansiedad, ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático y abuso de sustancias.

En una sociedad de bienestar como la nuestra, proclamada en varios artículos de nuestra Constitución, se debe de prestar una atención prioritaria a los más desfavorecidos y estos claramente son: las personas que padecen algún tipo de discapacidad, las que viven en situaciones marginales y los que sufren una afección mental. En muchas ocasiones, el deterioro de la actividad económica de un país, como la que estamos sufriendo en este momento, con un aumento claro del coste de la cesta de la compra, unida a una precariedad laboral creciente, hacen que aumenten las desigualdades y la pobreza y con ello se resiente aún más la salud mental de los ciudadanos.

Un estudio realizado por la OMS analizando las consecuencias que la pandemia ha tenido en la salud mental concluía que los servicios de salud mental han sido los más interrumpidos y afectados de todos los servicios de salud esenciales en la mayoría de los Estados Miembros.

La pandemia ha afectado especialmente a la salud mental de los jóvenes, que tienen mayor riesgo de suicidio y autolesiones.

Precariedad y enfermedad

He conocido de cerca el caso de Álvaro, de 25 años, que empezó a sufrir un trauma a raíz del fallecimiento repentino de su padre, que se vio agravado por las deudas del negocio que como autónomo tenía y por el hecho de que su madre no trabajaba. Pasó a percibir una pensión de viudedad y las de orfandad por él y por su hermano, no llegaba a 1.200 euros para vivir los tres. Perdieron el domicilio familiar por la decisión de echarles del mismo por unos abuelos paternos despiadados que eran los propietarios de la vivienda.

La situación de Álvaro se fue agravando progresivamente y empezó a tener delirios y a ver amenazas a su alrededor, volviéndose violento y agresivo con su madre y hermano.

María buscó atención medica para su hijo y coincidió con la pandemia durante 2020, no consiguiendo que nadie la atendiera en el sistema de salud. La primera vez que le vio el psiquiatra fue en febrero de 2021. A día de hoy, mayo de 2022, un año y tres meses después, aún no tiene un diagnóstico de su enfermedad.

A María no la dejan entrar en la consulta cuando va con su hijo al psiquiatra. La doctora dice que hay que proteger los datos de Álvaro, a pesar de que tanto él como su madre insisten en entrar juntos. María necesita adquirir habilidades que le permitan ayudar a su hijo. Parece que esto es imprescindible, ya qué si el sistema no dispone de recursos sociosanitarios para hacer un seguimiento y tutela de un enfermo mental, lo lógico sería que al menos habilitara a los familiares para cubrir esta necesidad. María tiene que agarrarse a internet para obtener información.

Problema silencioso

Las enfermedades mentales se han convertido en un problema silencioso de la sociedad actual. No prestarles la atención debida, es una temeridad. Es imprescindible conformar un sistema de atención sociosanitaria mental de manera urgente ya que su ausencia aboca a nuestras sociedades a acontecimientos como los que hemos vivido esta semana en Uvalde, Texas, con 19 niños y dos profesores asesinados brutalmente. Todo apunta a que Salvador Ramos, el asesino, era claramente un enfermo mental sin ningún tratamiento.

Cierto que en EEUU el acceso a las armas es muy fácil, pero si la salud mental está preservada, el de las armas es otro debate.

En Europa y en España debemos resolver situaciones como la que sufre Álvaro y muchos enfermos mentales en nuestro país que están en esta situación o incluso peor porque algunos no tienen familiares que puedan ocuparse de ellos. Se suman la precariedad económica a la enfermedad mental, sin un tratamiento adecuado, y sin ninguna ocupación y están aparcados en sus casas, sin futuro y sin esperanza.

Una sociedad del BIENESTAR no puede permitir la marginación de los enfermos mentales porque esta activando de manera silenciosa una bomba de relojería.