En plena crisis energética con la actividad industrial pendiente de un hilo debido a la posición de dominancia de Rusia en los mercados europeos del gas, algunas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, han pedido alargar la vida útil de las centrales nucleares. Una energía que la UE se apresuró a reconocer como verde en cuanto estalló la crisis económica tras la invasión en Ucrania.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Ejecutivo regional, ha sido uno de los primeros en dar el paso adelante de pedir al Gobierno de Sánchez que deje de dar la espalda a una fuente de energía verde que supone el 21% de la generación total de electricidad en España. 

Vox ha ido un paso más allá: pide al Gobierno un Plan Energético Nacional y ha registrado en el Parlamento regional dos proposiciones no de ley para alargar la vida de las nucleares y permitir que la de Santa María de Garoña, en Burgos y cerrada desde 2013, vuelva a entrar en funcionamiento.

Como dato, la energía nuclear ha sido la primera fuente de generación eléctrica en España durante diez años consecutivos, superada sólo en 2021 por la energía eólica, de la cual Castilla y León es líder en España.

Sin embargo, es el único país del mundo que tiene reactores nucleares en activo y con un plan de cierre, y su Gobierno no se replantea este cierre para garantizar un suministro estable para la nación en la peor crisis energética tras la de los años '70.

En todo este contexto, el uranio, elemento que se utiliza como combustible nuclear, ya ha duplicado su cotización en los mercados. Un elemento que en España cuenta con reservas en Salamanca, Cáceres y Badajoz, y que "podrían cubrir las necesidades de uranio de los siete reactores nucleares del país, aunque el enriquecimiento lo deberíamos realizar en otros países por no tener las instalaciones necesarias", indica Alfredo García, divulgador científico y supervisor de la central nuclear de Ascó (Tarragona).

Alfredo García, en la central nuclear de Ascó (Tarragona) donde trabaja como supervisor.

Son datos extraídos de la publicación Uranium: Resources, Production and Demand, más conocido como el 'Libro Rojo', que elaboran conjuntamente cada dos años la Agencia para la Energía Nuclear (AEN) de la OCDE y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Según la OIEA, los recursos de uranio existentes son suficientes para apoyar el uso sostenible a largo plazo de la energía nuclear para la generación de electricidad con bajas emisiones de carbono, por lo que recomienda invertir a tiempo en técnicas de extracción y procesamiento innovadoras para garantizar que los recursos de uranio lleguen al mercado cuando sean necesarios. ¿Tiene sentido dejar sin explotar recursos propios en plena crisis energética, a dos meses de que llegue un inverno que la propia UE ha definido como "muy duro" por las más que previsibles restricciones de gas ruso?

Salamanca tiene Uranio, pero Berkeley sigue parada

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no autorizó en 2021 la construcción de la planta de procesamientos de uranio en la mina salmantina de Retortillo, propiedad de la multinacional Berkeley. 

"El promotor de la mina debía rediseñar el proyecto para cumplir con la aprobación del regulador, pero unos meses más tarde el Gobierno nacional zanjó la posibilidad de explotar ese uranio en Salamanca añadiendo un artículo en la Ley de Cambio Climático en el que se prohibía expresamente la minería de uranio en España", explica García.

Imagen de oficinas de Berkeley en Retortillo (Salamanca)

El PSOE y Podemos pactaron en 2020 añadir un artículo a dicha ley en el que se prohíbe la investigación y el aprovechamiento del uranio en toda España. Una medida que no afectaba a los procesos ya abiertos, como el caso de la mina de Salamanca, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a este caso.

De hecho, y según estas mismas fuentes, Berkeley envió hasta tres informes al Ministerio de Transición Ecológica para poder arrancar con esta inversión, que cuenta con más de 120 permisos previos e informes favorables, entre ellas, nueve del propio CSN. En la actualidad, el proyecto continúa sin arrancar con un permiso denegado que se encuentra recurrido y a la espera de su resolución.

Mientras, el argumento del miedo a una proliferación de armamento nuclear para justificar el cierre de las centrales nucleares, "no tiene sentido, -según García-, cuando ninguno de los reactores nucleares comerciales actuales se utiliza para producir plutonio para armamento, y la mayoría de países con centrales nucleares no tienen bombas atómicas". De hecho, "algunos de los países que disponen de bombas atómicas no tienen centrales nucleares civiles, como Corea del Norte o Israel", añade.

Siete años para construir un reactor nuclear

En plena polarización del debate sobre si nucleares sí o no, lo cierto es que el presidente francés Macron ya anunció en febrero su intención de construir seis nuevas centrales nucleares en el país para garantizar su soberanía energética y tras haberse encarecido el precio de la electricidad, antes incluso de que se produjera la invasión de Rusia en Ucrania, y que ha disparado a posteriori hasta niveles históricos el precio de la energía.

Bélgica tenía previsto cerrar dos de sus reactores en 2025, pero está revisando su seguridad para poder prorrogarlos diez años más ante la crisis energética que golpea la estabilidad de Occidente. 

Más ambiciosa ha sido Corea del Sur, que ha revertido el plan de cierre de sus 24 reactores e incluso ha aprobado la construcción de dos reactores más. Por su parte, Japón ha dado carpetazo al miedo que produjo el desastre de Fukushima en 2011 y ya ha anunciado la construcción de nuevas centrales nucleares para garantizar su independencia energética.

Alemania, país especialmente beligerante contra la energía nuclear, ha tenido que volver a quemar carbón y ya ha puesto encima de la mesa el debate que podría mantener abiertos los tres reactores que aún le quedan, tras haber cerrado los otros 14 de que disponía.

En España hay cinco centrales nucleares en explotación. De ellas, las de Almaraz y Ascó tienen dos unidades gemelas, por lo que el número de reactores en territorio nacional asciende a siete, además de la central de Garoña en Burgos. Pero España continúa diciendo 'no' a alargar la vida útil de sus centrales a pesar del crítico momento energético y geopolítico por el que atraviesa toda Europa. 

Según los datos de la OIEA, "la mediana mundial de la construcción de reactores nucleares está en siete años. Se utiliza la mediana en lugar de la media para que los casos extremos y esporádicos, tanto por abajo como por arriba no falseen el resultado. El coste de construcción ronda los 5.000 millones de euros por cada gigavatio (GW) y la amortización de la inversión se reparte en el tiempo de vida de la instalación, 40 años en los reactores de segunda generación, como los que tenemos en España, y 60 años en los que se construyen actualmente, de tercera generación", explica este experto en energía nuclear. 

¿Qué habría pasado si no se hubiera cerrado la central de Garoña? ¿En qué medida podría haber ayudado a mejorar la estabilidad energética en tiempos tan convulsos? Alfredo García explica que "la producción de Garoña era relativamente baja, de en torno a la mitad de lo que produce cualquiera de los siete reactores nucleares activos en España". Por lo tanto, "su impacto en el precio de la electricidad para evitar quemar gas, habría sido bajo. Sin embargo, si no se hubieran cancelado los cinco reactores que estaban en fase de construcción durante la moratoria de los años '80, prácticamente no quemaríamos hoy gas natural para producir electricidad, salvo en momentos muy puntuales", lamenta.

Convertir las térmicas en nucleares

Otra de las cuestiones que ha sido objeto de polémica en plena crisis energética ha sido el derrumbe de las centrales térmicas de La Robla en León y la de Velilla del Río Carrión en Palencia. ¿Habrían podido ser útiles ahora que Rusia ha desestabilizado económicamente Europa y ha colocado a la eurozona en riesgo de colpaso económico?

Voladura de la chimenea de la central térmica de La Robla (León) el pasado 24 de agosto Peio García

García considera que "siempre es preferible mantener una reserva de producción, aunque sea fósil, para casos excepcionales". Además, varios países, como Estados Unidos, Polonia o Rumanía "tienen planes de convertir centrales de carbón en centrales nucleares, sustituyendo las calderas por pequeños reactores modulares. Sería una excelente forma de reciclar estas instalaciones aprovechando todos sus equipos convencionales, como turbinas, generadores, sistemas de refrigeración y parques eléctricos", añade.

Una idea que ya publicó en diciembre de 2021 el Idaho National Laboratory en un informe técnico que detallaba cómo dar una segunda vida a las centrales de este combustible fósil y convertirlas en centrales nucleares reutilizando sus turbinas y sustituyendo las calderas por reactores nucleares modulares. 

En la misma línea trabaja también la Universidad de Stavanger, en Noruega, que recientemente ha publicado un estudio para sustituir el gas por hidrógeno y evitar así emisiones de CO2 al medioambiente y que las instalaciones ya existentes sirvan para seguir generando energía limpia sin invertir tiempo ni dinero en la construcción de nuevas infraestructuras.

Una evolución hacia modelos energéticos sostenibles que ya no podría aplicarse en las centrales térmicas de La Robla en León y Velilla del Río Carrión en Palencia, demolidas recientemente.

"Si cerraran las nucleares en España ocurriría como en aquellos países donde ya lo han hecho antes: su potencia constante sería sustituida prácticamente en su totalidad por centrales de ciclo combinado de gas natural", explica Alferdo García. Un modelo que está fuera del catálogo de energías sostenibles.

Sin embargo, los accidentes de Chernóbil y Fukushima continúan generando mucho recelo entre buena parte de la población respecto a la seguridad de vivir cerca de una central nuclear. Una cuestión sobre la que García puntualiza: "El propio CSN publicó en 2009 un estudio epidemiológico realizado en el entorno de las centrales nucleares españolas, que analizó no sólo las dosis recibidas por la población, sino también el impacto en la salud de las personas. La conclusión es que una persona que vive en el entorno de una central nuclear recibe menos dosis radiactiva que la que recibe un pasajero en un solo vuelo transatlántico, debido a los rayos cósmicos".

Respecto a la polémica sobre los residuos de uranio y su peligrosidad, García explica que "la solución pasa por construir un Almacén Geológico Profundo (AGP), como está haciendo Finlandia con un amplio consenso social. Esta solución cuenta también con el visto bueno de toda la comunidad científica y tecnológica, que la considera una solución segura para los residuos radiactivos".

Ahora queda por ver qué trayectoria tendrán las proposiciones no de ley presentadas por el Ejecutivo regional y si el Gobierno nacional dará marcha atrás en su política energética o sentenciará el parque nuclear español a su total desaparición en 2035.