Es la caja de los truenos que nadie quiere abrir porque es políticamente incorrecta. En España hay casi 10 millones de pensionistas, de los cuales 616.791 corresponden a Castilla y León.

La pensión media es más alta que el salario medio de una persona en activo. ¿Significa esto que los jubilados cobran mucho? ¿Supone que los salarios han de ser mayores? 

Bruselas lleva advirtiendo años a España de que debe cambiar el modelo de pensiones porque el actual es insostenible. Volvía a insistir en este sentido el FMI la semana pasada: actualizar las pensiones al IPC (cerró en 2021 en un 6,5%) endeudará más aún una economía española que ya tiene un déficit de casi el 120% de su PIB.

Precisamente hoy salen a la calle los pensionistas de Burgos para rechazar las medidas que contempla el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes. Y se prevén más movilizaciones en todo el territorio nacional.

Un Proyecto de Ley que nace sin el acuerdo de sindicatos ni empresas y con una letra pequeña en la que los beneficios fiscales por implantar planes de pensiones colectivos no compensan, además de seguir penalizando el ahorro.

Juan Carlos de Margarida, presidente del ECOVA (Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora) advierte de la única salida real a este problema estructural: "Explicarle a la gente la realidad de la situación para que pueda tomar medidas y un gran pacto de Estado a largo plazo. Hay que decirle la verdad a la gente. El sistema es insostenible".

"El principal problema que tenemos es la tasa de sustitución. La esperanza de vida en España es muy alta (84 años según el INE) y la pensión que le queda a un trabajador es la del 77% de su sueldo aproximadamente, cuando la media europea es del 46%, pero con planes complementarios de pensiones tanto individuales como de empresa que lo compensan", indica.

Un jubilado pasea por una calle de Valladolid ICAL

Según datos del INE, casi 4 millones de personas que ahora están trabajando se jubilarán en diez años. Y se calcula que hay 630.000 que seguirán cobrando un subsidio hasta que se jubilen. Además, hay 900.000 funcionarios que dejarán de trabajar en la próxima década. 

Es necesario, a juicio de Margarida, que se "promueva una cultura del bienestar financiero para que desde los 26 años hasta los 68 puedas vivir, disfrutar, pero mirar también al futuro, y el futuro no son sólo los hijos, sino también seguir siendo independiente económicamente". Es decir, ahorrar. Algo que ni todas las rentas pueden permitirse ni está interiorizado por la sociedad.

De hecho, "el 75% de los ciudadanos se encuentra sin ahorros con vistas a la jubilación. Y la gente ya comienza a dudar de que vaya a poder tener una pensión cuando se retire. Además, uno de cada cuatro ciudadanos cree que "tiene ahorros pero no suficientes para jubilarse. Si tenemos en cuenta que el coste de una residencia de ancianos es de 2.000 euros al mes, es lógico que así lo perciban", explica.

Problema existencial 

Es común la idea de que la economía de un Estado es como la de una familia, si bien es cierto que al Estado se le permite endeudarse hasta niveles estratosféricos y las familias no pueden hacer lo mismo. A cierre de 2021 los españoles debemos 1,43 billones de euros, casi el 120% del nuestro PIB. Casi 40.000 euros por cada ciudadano.

Con estos mimbres, además, hay que hacer frente a una realidad: el pensionista cobra de media "1,7 euros por cada euro que aportó en su vida laboral, pero en diez años el sueldo ha subido un 10,7% de media y las pensiones un 30%, por lo que tenemos un problema existencial que puede derivar en un estallido social si no se llega a un gran pacto de Estado haciendo frente a la realidad", advierte el presidente del ECOVA.

Hasta el momento, se han ido poniendo "parches". Se ha retrasado la edad de jubilación unos años, se han incrementado los años de cómputo de la pensión (reforma de 2011-2013) y se han restringido las jubilaciones anticipadas. Medidas que "están empezando a dar su fruto ahora porque las políticas necesitan de un plazo para poder ver los resultados, pero que no son suficientes".

"Sólo con un crecimiento bestial se podrá ir cubriendo esto a través de la riqueza. Pero si no cubre el gasto mantenido y destinamos el remanente a más gasto social en vez de reducir deuda pública, el sistema se derrumbará", indica De Margarida.

Existe, a su juicio, una "descompensación entre lo que cobra un pensionista con lo que cobra un trabajador medio en activo, y esto va a generar una fractura social. Así, y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 4 de cada 10 trabajadores cobra menos que un jubilado medio, lo cual "es un problema de productividad a escala nacional".

Son datos, "realidades", que define De Margarida. "Y también hay que mirar y cuidar a la sociedad que trabaja, porque es la que mantiene estas pensiones, y no las suyas propias", insiste.

Falta mano de obra

El sistema de pensiones tiene que estar cubierto con las cotizaciones de las personas que están trabajando en la actualidad. El auge de los estudios universitarios desde los años '60 y hasta finales de los '90 provocó "una gran cantidad de licenciados muy preparados que el mercado no podía absorber", dejando cada vez más complicado al empresario encontrar mano de obra cualificada en sectores como el agrario, marítimo, servicios o transportes, con 3.123.078 desempleados que hay actualmente en España.

Y todo lo que sea no casar oferta con demanda implica menos hucha para las pensiones. Y para ocupar esos puestos de empleo "la única vía actual es la mano de obra de fuera, porque aquí no la hay".

"Ese gran pacto de Estado a largo plazo es una obligación de todos para que las nuevas generaciones tengan una oportunidad e irse fuera a encontrar un empleo no sea su única opción", asegura.

La realidad de las cifras se impone a un debate que sigue sin profundizar en las reformas estructurales necesarias para disponer de un sistema de jubilación sostenible.