Casi nueve de cada diez plazas ofertadas para matricularse en Primero de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) el próximo curso en las capitales de provincia de Castilla y León corresponde a centros públicos. Del total de 7.892 vacantes recogidas en el proceso de admisión en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad, cuyo plazo de presentación de solicitudes se cerró el pasado miércoles, la inmensa mayoría, en concreto el 85,8 por ciento corresponde a los institutos públicos. No en vano, solo el 14,2 de las vacantes publicadas es en centros concertados, con 1.120 plazas. Una situación que dificulta mucho el salto de un colegio público a un centro concertado en un cambio de etapa como es la ESO.

El mapa de Admisión de la Consejería de Educación, consultado por la Agencia Ical, recoge las vacantes en los centros para Segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Si nos centramos en Primero de la ESO para el curso 2022-2023 y solo en las capitales de provincia, comprobamos que de las 1.120 plazas ofertadas en los centros concertados, solo 367 son ordinarias ya que el resto se reservan para el alumnado con necesidades educactivas especiales (NEE) -288 vacantes- y con necesidades de compensación educativa (Ances) -465-. Las plazas que no sean cubiertas en estas dos modalidades  pasarán de forma automática a la convocatoria ordinaria, por lo que esta distribución variará en función de la demanda de plazas.

Institutos

Por el contrario, los institutos ofertan 6.772 plazas pese a que suman 73 centros frente a los 117 concertados existentes en las capitales de Castilla y León. De ese total, 5.378 son vacantes ordinarias, que se completan con las 512 de necesidades educativas y las 882 de compensatoria.

El primer curso de la ESO es, junto al Primero del segundo ciclo de Educación Infantil, el que recibe más solicitudes. El año pasado, por ejemplo, se presentaron 14.068 peticiones de plaza, lo que suposo el 37 por ciento. La Junta asegura que la elección de centro supone un momento "clave" en la formación de todo alumno. Por eso, apuesta por garantizar la libre elección de centro, gracias a una normativa de admisión "integradora". La Consejería sacó pecho, con los datos de 2021, que señalaron que el 94 por ciento de las familias de la Comunidad se matriculó en el centro elegido como primera opción en el total de las enseñanzas.

El peso de las vacantes en los centros públicos varía en función de las provincias, ya que en Soria y Ávila acaparan el 94,8 y el 93,5 por ciento de las plazas ofertadas, respectivamente, mientras que en Salamanca baja hasta el 79,3 por ciento y en Zamora al 81,8 por ciento. También están por debajo de la media autonómica Valladolid (84,4 por ciento), Palencia (85,1 por ciento), Burgos (85,7 por ciento). El resto, supera ese límite como ocurre en León (89,6 por ciento) y Segovia (90,1 por ciento). Resultan paradigmático el caso de Soria capital, donde los tres concertados existentes solo ofertan once vacantes ordinarias, cuatro de necesidades educativas y siete en compensatoria. Algo similar ocurre en Ávila, donde solo existen cuatro colegios concertados que solo acogerán 31 nuevos alumnos en el primer curso de la ESO a partir de septiembre.

El secretario de negociación del sector de educación de CSIF Castilla y León, Mariano González, reconoció a Ical que el sistema está hecho para la continuidad del alumnado en los centros concertados, para que esté matriculado desde Primaria y hasta la ESO. Algo que, precisó, se verá agravado a partir del curso próximo con la gratuidad de las plazas de dos a tres años que se aplicará de forma progresiva a todo el primer ciclo de Educación Infantil.  

Los estudiantes incluidos en NEE son, por ejemplo, los que tienen alguna discapacidad (auditiva, motora, intelectual y visual) o trastornos de desarrollo y graves de conducta o comportamientos así como plurideficiencias mientras que los calificados como Ances son los que han tenido un incorporación tardía al sistema educativo (como ocurre con los inmigrantes) o por su situación de desventaja socioeducativa, que requieren una atención educativa específica.

Reparto del alumnado con necesidades 

Según las estadísticas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad contaba en el curso 2019-2020 (últimos datos detallados disponibles) con 27.520 alumnos en todas las etapas con necesidades educativas especiales, de integración tardía en el sistema educativa y otros tipo de deficiencias (retraso madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastornos del aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua de instrucción y situación de desventaja socio-educativa). De ellos, 21.377 estaban matriculados en centros públicos, lo que suponía el 77,7 por ciento, mientras que los 6.143 restantes lo hacía en centros concertados y privados, un 22,3 por ciento. Es decir, casi ocho de cada diez alumnos con alguna dificultad, que requiere de apoyo específico, lo hace en un centro público.

González aseguró que la postura del sindicato en las mesas sectoriales es el reparto equitativo del alumnado con necesidades educativas especiales y Ances. No en vano, reconoció que el hecho de que la mayor parte de estos estudiantes recaiga en la red pública supone una “competencia desleal” por parte de la concertada. “Se quedan con los mejores alumnos, que no necesitan refuerzos, lo que les permite tener grupos homogéneos, por lo que pedimos que se reparta esa carga”, aseveró.