Durante años fue prohibida cualquier manifestación pública (escrita u oral) de los idiomas regionales en nuestro país. La enseñanza de los mismos estaba proscrita, los rótulos comerciales eran traducidos y numerosos carteles invadían las ciudades con la recomendación de “hablad en español”. Una época oscura para la riqueza cultural de nuestro país.
Afortunadamente la sociedad española evolucionó a una más tolerante situación política y social. De esta manera en 1978 votamos mayoritariamente una Constitución que establece el castellano como lengua oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, así como que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas.
Y en la Comunidad Valenciana hubo una coexistencia pacífica del castellano y el valenciano, avalada por una libertad de elección plena. Un espacio donde los padres podían decidir la lengua en la que estudiasen sus hijos mediante un sistema de “doble línea” (valenciano y castellano). Y así fue… hasta que el independentismo se puso al frente de la Educación bajo un seductor eslogan: “el Gobierno del Cambio”.
Sólo quince días más tarde los representantes políticos electos, autodenominados “socialcomunistas”, firmaron lo que se llamó el “Pacto del Botánico” estableciendo, entre otras cuestiones, acabar con el sistema de doble línea. Se recuperaba así el anterior y criticado “modelo único”... pero a la inversa. Quedaba “finiquitado” lo que entendían como una histórica discriminación lingüística del valenciano.
A principios del 2018 se aprobaba una peculiar Ley “plurilingüista” que dejaba a los propios centros decidir el peso de las lenguas oficiales e inglés. Se desoye la opinión de los padres y se incentiva establecer, como mínimo, el 50% de la enseñanza en valenciano. Con el objetivo de alcanzar el 25% de inglés se fuerza que las horas lectivas en castellano queden relegadas al sobrante 25%.
Una “Ley de Inmersión Lingüística” que sentencia la desaparición de la línea de castellano en la mayoría de los centros públicos, arrinconando la enseñanza en español a las zonas castellanohablantes, forzando que la cifra de colegios con el español como lengua vehicular se redujese a la mitad y desapareciera por completo en 70 municipios de la Comunidad. Sólo el principio.
El TSJ de la Comunidad Valenciana frenó este inicial despropósito de actuación política pancatalanista, donde nuestros hijos se habían convertido en meros instrumentos de su "juego", al considerar que el español, lengua oficial del Estado, es “marginado y discriminado” en las aulas a favor del valenciano.
Una vez más los tribunales llevaban algo de sensatez a las maniobras políticas de un gobierno que parece no estar dispuesto a olvidar pretéritos momentos. De nuevo intervenían recordando que los alumnos tienen derecho a recibir la enseñanza en castellano y en el resto de lenguas cooficiales. Y que la utilización interesada de la lengua en la enseñanza no debe ser fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación, máxime cuando se trata de centros escolares mantenidos con el dinero de “todos”.
Naturalmente la segunda parte de la estrategia política de este inquieto y ávido “Gobierno Central Socialcomunista” es imponer la desafortunada Ley Celaá, con la que paga caro los acuerdos de gobierno con partidos independentistas-separatistas. La desaparición del español como lengua vehicular de la enseñanza en todo el país. Un “todo vale” a cambio de mantener unas prerrogativas estratificadas que tanto denunciaron cuando eran “vulgo” en la oposición y no han dudado en adoptar al convertirse en "casta" gobernante.
Este Gobierno del despropósito olvida una vez más que son los padres y tutores los principales destinatarios del derecho a una oferta alternativa razonable y proporcionada, para que sus hijos puedan estudiar en el idioma que decidan. Y este derecho no debe ser sustituido por la Administración de turno, en un acto partidista, ni por un politizado Consejo Escolar.
Afirmara Confucio que “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Y todo aparenta a que determinados colectivos, aún conociendo, se resisten a olvidar forzando esa condena. ¿Ignorancia o vendetta suicida?
*** Serafín Serrano es presidente de la Comisión Ejecutiva Provincial de Túpatria en Alicante.