La política energética de los últimos gobiernos en España ha incidido terminantemente en el encarecimiento de la electricidad. Cuando nos referimos a la pobreza energética no puede desconocerse que hay una correlación bastante estrecha entre el precio final que no pueden asumir grandes grupos de consumidores y las causas estructurales, mercantiles y regulatorias que hacen que ese alto precio final acabe siendo inasumible de facto para extensas capas sociales. A este respecto, es preciso apuntar que una de las grandes dificultades en la comprensión de la pobreza energética, y por tanto en la imposibilidad de pago de la factura eléctrica por parte de numerosos colectivos sociales, es la complejidad intrínseca que presenta el funcionamiento del propio mercado eléctrico, un mercado muy regulado, y al mismo tiempo muy opaco y politizado.
El funcionamiento del mercado eléctrico exige conocer la estructura interna del mismo. El mercado eléctrico se organiza en grupos societarios integrados verticalmente (generación-distribución-comercialización) donde las barreras de entrada a nuevos competidores son muy altas. La distribución es la que más beneficios ofrece y es la que de facto presenta una situación oligopólica, porque sólo hay cinco grandes empresas a nivel nacional, que mantienen su dominio en el negocio de comercialización de luz, con una cuota de mercado (libre y regulado) que alcanzó a cierre de 2018 el 85,4%, equivalente a 25,12 millones de clientes. El mercado presenta un problema de concentración, con riesgo de conductas colusorias entre sus escasos competidores o de posiciones de dominio que pueden conllevar a ciertos abusos de mercado. Fortalecer la actividad supervisora e inspectora de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) es más necesario que nunca para detectar y sancionar situaciones de manipulación de precios en el mercado eléctrico, como sucedió en 2014 con Iberdrola y que llevó a la Fiscalía a abrir diligencias.
En primer lugar, es preciso partir del hecho de la situación oligopólica que se da actualmente en el mercado español de la energía, que cuenta con aproximadamente 28,2 millones de contratos. Como ha expuesto la CNMC, el 82% de los consumidores del sector eléctrico pertenece al mismo grupo empresarial que las distribuidoras de la zona, exactamente, 23 millones de los 28,2 millones de consumidores conectados a redes de las principales empresas de distribución, las comercializadoras (libres o reguladas). Estas cifras apenas han variado en los últimos cinco años, cuando este porcentaje se situaba en el 88%. En el sector gasista, una sola empresa suministra al 73% de los consumidores conectados a las redes de distribución de su grupo, esto es, 4 millones de los 5,4 millones de puntos conectados a sus redes de distribución en 2017. La variación ha sido aún menor que en la electricidad, dado que hace cinco años representaba el 79,4%. Durante el periodo 2013-2017 se han producido 2,7 millones de altas, el 90% de las cuales (2,4 millones) se han producido en las comercializadoras de su grupo industrial de la zona. Durante el último año este porcentaje se situó en el 83%.
Otro dato a tener en cuenta es que, durante el año pasado, el 70% de los consumidores dejó el precio regulado para cambiar a la comercializadora del mercado libre del mismo grupo empresarial (857.459 personas). En los últimos cinco años han cambiado del comercializador de referencia al mercado libre casi 7 millones de consumidores (6,94 millones), de los cuales el 77% ha pasado a la comercializadora perteneciente al mismo grupo empresarial (5,3 millones). En el sector gasista, el 47% eligió a la comercializadora libre del mismo grupo empresarial (79.777 consumidores). En los últimos cinco años 590.675 consumidores han dejado el precio regulado y han pasado al mercado libre, el 55% de ellos (323.506) ha elegido a las comercializadoras libres del mismo grupo empresarial.
Los pasos en la corrección de esta tendencia problemática han sido mínimos pero muy significativos. Entre ellos destaca la aprobación por parte de la CNMC de una Decisión Jurídicamente Vinculante (DJV/DE/001/18) por la que obliga a varias sociedades de los principales grupos energéticos integrados a que cambien su imagen de marca para que los consumidores puedan identificar claramente a su compañía. Esta medida va dirigida a las empresas distribuidoras de gas y electricidad (en el sector eléctrico las de más de 100.000 clientes) y comercializadores de referencia y/o de último recurso. El objetivo es evitar la confusión a los consumidores. Para ello, ahora están obligadas a realizar cambios en la información, presentación de marca e imagen de marca respecto a la filial del mismo grupo empresarial que comercializa en el mercado libre. De esta forma, los consumidores podrán identificar correctamente en sus facturas qué comercializadora le ofrece el servicio y saber si están en el mercado libre o regulado, como exige la normativa europea.