Ciudadanos, profesionales, instituciones, e incluso políticos, no salen de su asombro ante el modo en que el Supremo ha hecho pública una sentencia de consecuencias económicas y financieras sin parangón en los 40 años de la actual Constitución, cuyo artículo 117.1 establece que "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".
Es evidente que, una vez más, nuestros altos tribunales no se ajustan al precepto constitucional. Pues en este caso, cuando menos, no están siendo inamovibles, ni menos aún responsables.
Efectivamente, el Supremo aclaró de forma tajante, mediante comunicado emitido este lunes, día 22, que es firme el fallo del jueves 18 de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo (que comparto, pero no es su justificación el tema de esta opinión), y que señala a la banca como sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos documentados, y no al cliente, en la escrituras hipotecarias. Y lo que hará el Pleno, inexplicablemente convocado para la remota fecha del 5 de noviembre, es aclarar la doctrina, así como, probablemente, la muy relevante cuestión de la retroactividad de la sentencia, después de que la Sala Primera de lo Civil sentenciara justo lo contrario el pasado febrero.
Precisamente la retroactividad debería ser un tema pacífico y que no precisase de tan sopesada y tardía reunión del Pleno. Nuestro ordenamiento tributario limita a cuatro años la retroactividad de las reclamaciones, tanto para la Administración Tributaria gestora de cualquier impuesto como para los contribuyentes, por muy fundados y justos que sean sus motivos.
¿Y cómo un tribunal responsable puede someter a todo un país, durante quince largos días a incertidumbres que llevan a la total paralización de sectores económicos tan vitales como el inmobiliario y el bancario, a la par que se alarga lo inimaginable para un mercado financiero una catastrófica situación bursátil propicia para la peor de las especulaciones. El poco cuidado, la negligencia, de los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y, principalmente, de su Presidente, es manifiesta.
Y, mientras, tertulianos de nuestros medios de comunicación, legos en la materia, pero que nunca se quedan cortos en opinar de todo los divino y humano, contribuyen a aumentar la zozobra del pueblo (ese del que habla nuestra Constitución). Zozobra que acrecientan algunos despachos de abogacía y asesoría fiscal, con interpretaciones más orientadas, en no pocos casos, a calentar las esperanzas de una posible clientela que a apaciguar el caos de opinión.
Es inaplazable ya, porque es de justicia, la aplicación del correspondiente reglamento sancionador a los miembros de tribunales que incurran en manifiesta incuria. No es admisible que la resolución de asuntos de enorme trascendencia económica, moral y/o social se alargue injustificadamente. El caso más sangrante, denigrante, en mi opinión, es la demora de más de 8 años en resolver el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley del Aborto actual, aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Los nasciturus merecen mucha mayor diligencia procesal.