Paredes y Almada en una pelea con Gavi.
La final del Mundial de 2026 ha dejado un debate que va mucho más allá del fútbol.
No voy a discutir quién jugó mejor. Los datos son públicos. España tuvo el 65 % de la posesión frente al 35 % de Argentina. Remató veinte veces por solo dos de su rival. Doce disparos encontraron la portería argentina; ninguno la española. Generó cuatro ocasiones claras de gol frente a ninguna. Incluso marcó un gol que fue anulado antes del definitivo. Puede discutirse una decisión arbitral concreta. Lo que resulta muy difícil sostener es que esos datos describan una final robada.
Pero tampoco voy a detenerme en el arbitraje.
Lo que me interesa es una cuestión mucho más importante.
¿Qué debe hacer una institución cuando se lesionan los valores que dice defender?
La FIFA afirma que el fútbol representa el respeto, el juego limpio, la deportividad y el ejemplo para millones de personas. Si es así, la defensa de esos valores no puede quedarse en un mero enunciado. Todo valor que merece ser proclamado merece también ser protegido.
Y proteger un valor no es lo mismo que sancionar una conducta.
El Derecho no existe únicamente para reaccionar frente a una infracción. Existe también para proteger los bienes jurídicos que una sociedad considera esenciales. La sanción individual mira al infractor; la protección institucional mira al bien jurídico que la norma pretende preservar.
Cada agresión, cada insulto y cada comportamiento antideportivo debe recibir su correspondiente sanción. Cada responsable debe responder por sus propios actos conforme al principio de responsabilidad personal.
Pero cuando el problema deja de ser individual y adquiere una dimensión colectiva, la respuesta también debe adquirir una dimensión institucional.
Lo ocurrido durante y, sobre todo, después de la final no fue únicamente la suma de varias conductas aisladas. El mundo contempló agresiones, empujones, insultos y el rechazo a los gestos elementales de respeto hacia el vencedor. Millones de niños y aficionados vieron cómo algunos de sus referentes transmitían la idea de que perder autoriza a perder también el dominio de uno mismo.
Ese es el verdadero daño. No solo el causado a unos jugadores. No solo el causado al rival. Sino el causado al valor universal de la deportividad.
La sanción individual agota la responsabilidad disciplinaria de cada infractor. Pero esa respuesta, por sí sola, no repara el daño causado al bien jurídico colectivo que la competición pretende proteger: la deportividad.
Ese bien jurídico no pertenece a un jugador, ni a una selección, ni siquiera a la FIFA. Pertenece al propio deporte y a los millones de personas que contemplan en él un modelo de conducta. Cuando ese valor resulta gravemente lesionado ante una audiencia mundial, limitar la respuesta a sanciones individuales supone dejar desprotegido el interés general que justifica la existencia de la norma.
Por ello creo que las multas económicas o algunas suspensiones individuales pueden castigar conductas concretas, pero no reparan el daño institucional producido.
Cuando el daño ha sido mundial, la reparación también debe tener una dimensión mundial.
Una selección nacional comparece en nombre de una federación. Quien representa públicamente a una institución también compromete su prestigio con su comportamiento. Hay que salir a ganar, pero no a cualquier precio ni de cualquier modo. Y también hay que saber perder.
Por ello propongo abrir un debate que muchos considerarán excesivo. No planteo la exclusión de Argentina del próximo Mundial como una venganza contra un país ni como un castigo colectivo indiscriminado. La propongo como una medida excepcional de protección institucional del bien jurídico que la propia FIFA afirma defender: la deportividad.
Porque cuando una conducta colectiva lesiona gravemente el principal valor que legitima una competición, la autoridad debe preguntarse si basta con sancionar a las personas concretas o si también debe reparar el daño causado al propio sistema.
Las instituciones existen para defender aquello que consideran irrenunciable.
Si la FIFA cree de verdad en el respeto, el juego limpio y la deportividad, debe demostrar que esos principios son algo más que palabras escritas en un reglamento.
Porque los valores solo existen de verdad cuando la autoridad está dispuesta a defenderlos.
Y, a veces, defender un valor exige adoptar decisiones difíciles.
Si no estamos dispuestos a hacerlo, el mensaje que transmitimos a la sociedad será que la violencia, el desprecio al rival y la incapacidad para aceptar la derrota son compatibles con el fútbol que decimos querer enseñar.
Quien no demuestra saber ganar ni saber perder pone en cuestión el fundamento moral que hace posible la competición. Y cuando una institución renuncia a defender ese fundamento, deja de proteger un deporte para limitarse a organizar un negocio.