El fuego ha arrasado más de 3.000 hectáreas.
Cada verano repetimos el mismo ritual: el humo en el horizonte, las imágenes aéreas de montes arrasados, los mensajes de apoyo y las promesas de que "esto no puede volver a pasar". Y, sin embargo, vuelve a pasar. Año tras año. Como si los incendios fueran inevitables. Como si fueran una especie de desastre natural imposible de prevenir.
Pero no lo son. Al menos, no en la magnitud en la que los estamos sufriendo.
La realidad, mucho menos espectacular pero infinitamente más importante, es que los incendios se apagan en invierno. O, dicho de otra forma: se evitan meses antes de que empiece el calor. Y ahí es donde está el verdadero problema, porque es también donde la política —en líneas generales— ha decidido no estar.
En invierno, el monte no deja de ser potencialmente peligroso. La vegetación que arderá en agosto ya está ahí en enero. La diferencia es que entonces está húmeda, fría, aparentemente inofensiva. Es el momento perfecto para actuar: limpiar, desbrozar, planificar, abrir cortafuegos y, sobre todo, permitir que el propio territorio se gestione de forma natural.
Y aquí aparece uno de los grandes olvidados del debate: el ganado.
Durante siglos, el pastoreo extensivo fue el sistema más eficaz —y más barato— de prevención de incendios. Cabras, ovejas y vacas hacían un trabajo constante y silencioso: comerse el monte. Reducir el matorral. Romper la continuidad del combustible. Donde había ganado, el fuego lo tenía mucho más difícil.
Hoy, en muchas zonas, ese ganado ha desaparecido. No por casualidad, sino por una suma de decisiones políticas: burocracia asfixiante, falta de incentivos reales, normativas que complican la actividad y una visión cada vez más urbana de lo que debe ser la naturaleza. El resultado es un monte más denso, más cerrado y, aunque parezca contradictorio, mucho más frágil.
Se ha instalado una idea tan bienintencionada como equivocada: que cuidar la naturaleza es no tocarla. Dejarla a su aire. Pero eso, en los ecosistemas actuales, es una ficción. Nuestros montes no son vírgenes. Llevan siglos siendo moldeados por la mano del hombre, por la agricultura, por la ganadería. Retirar de golpe esa presencia sin sustituirla por gestión activa no devuelve el equilibrio: lo rompe.
A esta ausencia de pastoreo se suma otro clásico de la inacción: los cortafuegos. Esas franjas limpias que pueden frenar un incendio siguen siendo, sobre el papel, una prioridad. En la práctica, su mantenimiento es irregular, tardío o insuficiente. Abrirlos en invierno debería ser una obligación básica de cualquier política forestal seria. No lo es.
Y lo mismo ocurre con la limpieza del monte. Retirar ramas, podar, desbrozar, gestionar los restos forestales. Trabajo poco vistoso, poco rentable políticamente y, sin embargo, decisivo. Porque el fuego no surge de la nada: necesita combustible. Y ese combustible lo estamos dejando crecer.
¿Por qué no se actúa con la contundencia necesaria? Probablemente porque la prevención no da votos. No hay foto. No hay urgencia visible. Es una inversión que funciona precisamente cuando no pasa nada. Y eso, en un entorno político dominado por lo inmediato, tiene poco recorrido.
Mientras tanto, el verano llega. Y con él, las condiciones perfectas para que todo ese material acumulado arda. Entonces sí: helicópteros, brigadas, titulares, declaraciones. Se actúa con todo. Pero siempre tarde.
Lo incómodo de todo esto es que sabemos lo que hay que hacer. No estamos ante un problema técnico sin solución. Sabemos que el pastoreo reduce incendios. Sabemos que los cortafuegos funcionan. Sabemos que limpiar el monte salva hectáreas. Sabemos, en definitiva, que la prevención es mucho más eficaz —y más barata— que la extinción.
Lo que falta no es conocimiento. Es decisión.
Porque los incendios no empiezan en julio. Empiezan cuando en enero se decide no hacer nada.
Y eso ya no es un problema del monte. Es un problema de política.
