Alberto Núñez Feijóo este miércoles en los pasillos del Congreso. Efe
Estos últimos días, entre constantes titulares sobre casos de corrupción, no dejo de escuchar al líder de la oposición, el señor Feijóo, repetir que resulta indignante que no se convoquen elecciones ante esta escalada de escándalos. Pero el hecho de que no se convoquen elecciones no es indignante. Es legal. Lo verdaderamente indignante es que sea legal.
Le he escuchado preguntar ”cuántas redadas hacen falta para que se convoquen elecciones”. La respuesta, es sencilla: legalmente, ninguna. No existe un límite. No hay un mecanismo automático que obligue a devolver la palabra a los ciudadanos cuando una situación política alcanza determinados niveles de deterioro institucional.
Y quizá ese es el verdadero problema. No que un gobierno decida resistir, sino que todo dependa únicamente de su voluntad de hacerlo.
Algo parecido ocurre con los presupuestos. Resulta difícil explicar por qué un gobierno incapaz de aprobar o siquiera presentar unos presupuestos generales puede continuar indefinidamente sin consecuencias políticas automáticas. De nuevo, no hablamos de algo ilegal, sino de algo que muchos ciudadanos consideran difícilmente aceptable en una democracia madura.
Sin embargo, nunca escucho a quienes denuncian estas situaciones comprometerse a cambiar las reglas para impedir que vuelvan a producirse. No he oído al señor Feijóo, ni a ningún dirigente político, prometer que, si llega al gobierno, impulsará reformas para que ante determinados niveles de corrupción o determinados bloqueos institucionales se obligue a convocar elecciones. O estas se convoquen de forma automática
Y quizá la razón sea más simple de lo que parece: porque ningún gran partido podría garantizar que no terminará enfrentándose a esas mismas situaciones cuando gobierne. El propio Partido Popular también convivió con casos de corrupción durante sus años en el poder, hasta el último día de su gobierno. Del mismo modo, también recurrió a la prórroga de presupuestos pese a la obligación constitucional de presentarlos.
La excusa habitual suele ser la estabilidad. Ya que, con la frecuencia con la que aparecen casos de corrupción en España, las legislaturas durarían muy poco. Bien, si existiesen mecanismos de convocatoria automática de elecciones quizá la frecuencia de la corrupción sería menor.
No entro aquí a decidir dónde deberían situarse esos límites ni cómo tendrían que regularse. Para eso ya están los legisladores y los equipos jurídicos de los partidos. Pero si desde la oposición se pretende captar el voto de ciudadanos cansados de votar siglas salpicadas por la corrupción, lo mínimo que se les debería ofrecer no es una petición de confianza, sino una garantía legal.
Porque, al final, eso es lo que se le sigue pidiendo al votante: que confíe en que esta vez será diferente. Y después de tantos años, de tantos casos y de tantos discursos idénticos, quizá el problema sea precisamente ese: que nuestro sistema siga descansando más en la supuesta honestidad de los políticos que en mecanismos que limiten su margen para abusar de él.