Cualquier víctima merece apoyo, cuidado y protección. Cualquier agresor merece sanción, castigo y que responda de sus actos ante un tribunal de Justicia. Los recursos públicos deben ser administrados de manera que se combata de la manera más eficaz posible la lucha contra los agresores sexuales y delincuentes de todo tipo, identificando sus perfiles repetidos. Estas tres son unas premisas básicas de funcionamiento en cualquier sociedad sana; y nadie que aplique el raciocinio podría negarse a ponerlas en funcionamiento.

Ahora bien, el papel lo aguanta todo. Lo que bajo el prisma de la teoría resulta tan evidente… ¿Se aplica también por quienes tienen responsabilidades en los Gobiernos municipales, autonómicos o del Estado? ¿Utilizan los instrumentos que tienen a su alcance para identificar a quienes sistemáticamente creen que la mujer es un objeto subordinado a la voluntad del hombre?

En Vox tenemos la buena costumbre de acudir a los datos -y por ende, a la realidad que muchas veces se oculta deliberadamente- cada vez que hablamos o analizamos un asunto. Recientemente hemos leído a propagandistas que afirman, sin ningún tipo de rubor, que el patrón de quien es condenado por violencia contra la mujer es un varón español de 25 a 44 años. ¿Seguro? Vayamos a los datos de fuentes que a las que nadie atribuye que sean afines a Vox.

El Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica -integrado, entre otros, por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Interior, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con Justicia transferida, como es el caso de Aragón- en su balance anual ha notificado que en 2024 han sido condenados en nuestra comunidad 1628 varones por violencia contra la mujer, de los cuales 836 son españoles y 792 extranjeros. Y todo ello, en una población en la cual, según el Instituto Aragonés de Estadística, contaba a 1 de enero de 2024 con 191.435 extranjeros y 1.160.156 españoles.

Dicho de otra manera, hay 1 condenado español por cada 1.386 españoles; y 1 condenado extranjero por cada 241 extranjeros en Aragón. Son hechos. Los extranjeros son condenados casi seis veces más por delitos de violencia contra la mujer. Datos irrefutables que nadie con argumentos puede rebatir. Y precisamente, como con los datos en la mano no pueden contrarrestar el discurso de Vox, es cuando la maquinaria izquierdista pone en marcha su fábrica de propaganda.

Por supuesto, desde Vox condenamos toda la violencia, sean quienes sean los agresores, sus orígenes y sus nacionalidades. En todos los casos merecen que les caiga encima todo el peso de la ley. Igualmente, Vox es el único partido que se ha presentado a unas elecciones con un programa en el que mencionaba explícitamente la prisión permanente para los violadores, así como una bajada de la edad penal y una revisión de la edad penal para que se agraven las consecuencias a los menores que cometan este tipo de delitos.

Nos resulta injustificable que el Instituto Aragonés de la Mujer, con un coste cercano a los 10 millones de euros, no haya hecho ninguna mención a los datos que hemos demostrado de las seis veces más de condenas a los ciudadanos extranjeros. ¿Por qué se silencia esta realidad?

Para más inri, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas, trasladó en rueda de prensa el pasado 19 de noviembre una serie de datos que nos resultan escalofriantes. Dijo que, en Aragón, entre enero y junio de 2024 se han producido 48 violaciones y otros 157 casos de agresiones sexuales de distinta tipología. ¿Quiénes son esos 48 violadores? ¿Quiénes son esos 157 agresores sexuales? ¿De qué culturas proceden? ¿De dónde proceden? ¿Por qué no quieren poner el foco en el verdadero problema, que son los agresores que deciden tratar a la mujer como si fuera un objeto de su posesión?

En Vox nunca vamos a ser partícipes del silencio institucional del Gobierno del señor Azcón, porque trimestre tras trimestre, los datos se reafirman. No es de recibo crear estructuras y sueldos con el pretexto de atender a la mujer víctima de violencia sexual y al mismo tiempo importar culturas en las que la mujer es sinónimo de esclavitud, en las que el maltrato a la mujer es habitual, en las que se practica el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina. Para todos ellos queremos billete de vuelta. Expulsión inmediata de todos los agresores extranjeros y que cumplan condena en su país.

Y exigimos al PP que cumpla el compromiso que en su día firmó con Vox -para que el señor Azcón fuera presidente- y elabore ya el informe sobre los perfiles repetidos de agresores sexuales. Les apremiamos a que prioricen la seguridad de las aragonesas y dejen de criminalizar al varón español.

Por desgracia, somos testigos de cómo la mutilación genital femenina, una práctica ancestral, está avanzando en España. Un delito hasta ahora inédito en nuestro país, y que ha sido introducido por culturas incompatibles con los valores occidentales. ¿Qué políticas activas se hacen desde el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón dirigidas a erradicar uno de los mayores ataques a la integridad física, psíquica y moral de las mujeres?