En Aragón, la despoblación es un fenómeno persistente que afecta gravemente al futuro de la región. De los 731 municipios que conforman esta Comunidad Autónoma, 542 tienen menos de 500 habitantes y 626 no superan los 1.000 habitantes. Una realidad que refleja la fragilidad demográfica de gran parte del territorio, y que pone en evidencia la necesidad urgente de políticas públicas, que ya están en marcha, que garanticen el acceso a la vivienda como eje central para fijar población y revitalizar los municipios rurales.

Los alcaldes y representantes municipales somos conscientes de las dificultades inherentes a gestionar territorios rurales con recursos limitados. Los municipios con menor población no solo se enfrentan a una carencia de recursos presupuestarios, técnicos y humanos, sino también a una situación de fragilidad estructural agravada por la falta de viviendas accesibles y adecuadas.

Este problema se agrava debido a varias razones, como la falta de planeamiento urbanístico y la estacionalidad poblacional, ya que en Aragón, el 35,4% de las viviendas son secundarias o desocupadas, un porcentaje significativamente superior a la media nacional (28%). Además de la complejidad administrativa, los altos costes de rehabilitación y las dificultades de financiación, donde las condiciones laborales precarias y la falta de ahorro de las familias rurales dificultan la concesión de hipotecas.

Históricamente, las políticas centradas en crear empleo, mejorar infraestructuras y elevar la calidad de vida han sido prioritarias. Sin embargo, y en muchas ocasiones, el acceso a la vivienda ha quedado relegado a un segundo plano. Pero es evidente que, sin viviendas accesibles, las iniciativas para atraer y retener población en los municipios rurales carecen de una base sólida.

Por ello, es preciso establecer la creación de vivienda como un pilar fundamental en la lucha contra la despoblación. La reciente aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, junto con los planes de vivienda promovidos por el Gobierno de Aragón, son pasos cruciales para abordar esta situación. Entre ellos, destacan los programas Plan 700, que en su primera fase han permitido la construcción o rehabilitación de 184 viviendas en 73 municipios. Este esfuerzo continúa con una segunda fase que beneficiará a 94 pequeños municipios con una inversión de 10 millones de euros.

Además, el plan a 6 años con una inversión de 400 millones de euros para impulsar 2.000 viviendas públicas está generando resultados tangibles. Estos proyectos están devolviendo la esperanza a muchos ayuntamientos rurales que ven en estas iniciativas una vía para revitalizar sus territorios.

En esta misma línea, hay que poner en valor el proyecto de Ley de Vivienda en Aragón y definirlo como “una oportunidad histórica”. El proyecto de ley que se debate en las Cortes de Aragón supone una oportunidad para transformar el panorama habitacional en el medio rural. Esta legislación plantea un objetivo ambicioso: construir entre 12.000 y 14.000 viviendas públicas en los próximos 10 años. Además, contempla medidas que involucran directamente a los ayuntamientos, como la disposición gratuita de suelos municipales y la posibilidad de proponer terrenos infrautilizados para proyectos habitacionales.

Estas medidas no solo abordan el problema del acceso a la vivienda, sino que también, potencian la colaboración entre las administraciones públicas, promoviendo un enfoque inclusivo y participativo. La protección de la vivienda como bien público también garantiza que los precios sean accesibles tanto para promotores como para compradores e inquilinos, incentivando la llegada de nuevos pobladores al medio rural.

Por todo ello, hay que destacar la llamada a la acción emprendida por el Gobierno de Aragón, ya que la vivienda ha dejado de ser solo una necesidad básica para convertirse en el cimiento sobre el que se construye el arraigo y el desarrollo de nuestras comunidades.

La respuesta contundente de los ayuntamientos a los planes de vivienda demuestra la urgencia de estas medidas. No podemos permitirnos perder esta oportunidad de reforzar las políticas de acceso a la vivienda como una prioridad absoluta en la lucha contra la despoblación.

Es el momento de construir un Aragón más equitativo, donde todos los municipios, independientemente de su tamaño, puedan ofrecer a sus habitantes una oportunidad de futuro. Sin vivienda, no hay raíces; sin raíces, no hay futuro.