Raquel Campos, directora general de Planificación Logística y Ordenación del Territorio, en su despacho E. E.
Un equipo de 13 personas para gestionar la transformación de Aragón: "En EEUU, China y Japón conocen la palabra PIGA"
Detrás de las siglas PIGA se despliega un mecanismo complejo que simplifica trámites y concentra la toma de decisiones en torno a proyectos estratégicos.
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En un contexto global donde el tiempo se ha convertido en el recurso más valioso, Aragón ha encontrado en los Proyectos de Interés General (PIGA) una vía para acelerar el pulso de su desarrollo. Bajo esta figura, el Gobierno autonómico allana el camino a grandes inversiones capaces de transformar el paisaje económico y social, simplificando trámites y concentrando decisiones en torno a iniciativas estratégicas.
Pero, ¿qué implica realmente esta etiqueta que promete rapidez, agilidad y progreso? Detrás de las siglas PIGA se despliega un mecanismo complejo, a medio camino entre la planificación y la excepcionalidad, que redefine la forma en que se gestan los macroproyectos en la comunidad.
El eje de este sistema es la Dirección General de Planificación Logística y Ordenación del Territorio, recientemente reestructurada para integrar competencias y reforzar la llamada “ventanilla única”. Al frente está Raquel Campos, ingeniera industrial, cuya agenda refleja el creciente interés empresarial por instalarse en Aragón.
Junto a ella trabaja un equipo de 12 profesionales -juristas, arquitectos, ingenieros, economistas y personal administrativo- encargado de centralizar la gestión, agilizar trámites y evitar que la información se diluya entre organismos. Su enfoque es eminentemente práctico: acompañan a los promotores durante todo el proceso, con reuniones periódicas y apoyo directo incluso en contactos con entidades como la Confederación Hidrográfica.
“Nosotros tratamos de adelantarnos a cuando nos llegue la documentación del promotor, para utilizar el mínimo tiempo posible porque ya tenemos nuestro trabajo avanzado, aunque es cierto que hasta que no nos llegue a nosotros, no podemos dar nuevos pasos”, cuenta Campos.
El proceso, paso a paso
Todo comienza cuando una empresa plantea una inversión y necesita implantarse con rapidez. Desde el inicio, el Gobierno ofrece apoyo técnico y jurídico, tanto si el proyecto está definido como si aún busca ubicación. En este último caso, el equipo propone alternativas que se ajusten a requisitos como superficie, acceso a infraestructuras o integración en determinados ecosistemas.
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El primer paso formal es solicitar la Declaración de Inversión de Interés Autonómico en el Departamento de Economía. Aunque intervienen distintos informes, el criterio decisivo lo fija la Dirección General de Planificación, que determina si el proyecto cumple con el interés general. Esta declaración permite reducir a la mitad los plazos administrativos.
A partir de ahí, el promotor redacta el documento PIGA con el asesoramiento del equipo técnico, que orienta sobre documentación, planos y requisitos para evitar errores posteriores.
Tras la presentación en el Departamento de Fomento, se realiza una aprobación inicial que certifica que el expediente está completo. De forma paralela, se abre un periodo de información pública de un mes y se consulta a todos los organismos implicados para que redacten los informes que les correspondan, incluidos algunos preceptivos y vinculantes que, a veces, implican pequeños cambios en los proyectos definitivos.
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Las alegaciones recibidas se trasladan al promotor, que debe responderlas y, en su caso, ajustar el proyecto. Posteriormente, toda la documentación pasa al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), cuya evaluación es imprescindible para la aprobación final.
Con el visto bueno ambiental y el resto de permisos, el proyecto obtiene la aprobación definitiva, que puede ser total o parcial. Este último caso permite iniciar obras por fases, como ocurre con la gigafactoría de Stellantis y CATL, que ha comenzado con el primer edificio mientras define el conjunto del complejo.
Valorado por los promotores a nivel global
El PIGA se ha consolidado como un factor decisivo para atraer inversiones, llamando incluso la atención de otras comunidades autónomas. Según el ritmo del promotor, el proceso puede completarse en un año, frente a plazos mucho más largos en procedimientos ordinarios.
“Tenemos la certeza, porque así nos lo han hecho saber, que muchas de las inversiones y empresas han venido gracias al PIGA. En China saben lo que es la palabra PIGA. En Japón saben lo que es la palabra PIGA. Y en Estados Unidos saben lo que es la palabra PIGA”, incide Raquel Campos.
Más allá de la rapidez, los responsables subrayan el valor del acompañamiento: evitar que las empresas afronten solas la complejidad administrativa.
Retos de futuro
Los primeros PIGA comenzaron a ganar protagonismo a comienzos de siglo, entonces denominados ‘proyectos supramunicipales’ y destinados a inversiones públicas. Así nacieron las plataformas logísticas de Zaragoza, Huesca o Fraga, el PTR, Motorland y el Aeropuerto de Teruel.
Pero fue a finales de la década de los 2000 cuando, con Marcelino Iglesias en el Gobierno, se extendió a iniciativas privadas, y cogió vuelo durante los gobiernos de Lambán, permitiendo que vean la luz proyectos como la plataforma agroalimentaria de BonÀrea, el centro logístico de Inditex en los suelos de la antigua Universidad Laboral.
Actualmente, la Dirección General gestiona cerca de 30 proyectos PIGA, nueve de ellos ya con aprobación inicial. Entre ellos figuran iniciativas de grandes compañías como Amazon Web Services, Microsoft, Blackstone o Samca, además de la gigafactoría de Stellantis y CATL o el proyecto Clave de Grupo Costa.
El principal desafío ahora es que estas inversiones se materialicen.
“El reto es que todo lo previsto se ejecute y que en cinco o diez años veamos estos proyectos implantados en Aragón. Las empresas pueden reajustar sus planes, pero nuestro objetivo es que esas inversiones se hagan realidad”, incide Raquel Campos.
