Zaragoza no ha recuperado ni la mitad del dinero adelantado para obras urgentes y derribos de edificios en ruina

Desde el 2023, el Gobierno municipal ha tenido que actuar de urgencia en 21 edificios de la ciudad que, debido a su estado de ruina, suponían un peligro para la ciudadanía. Dichas obras, pagadas por adelantado debido a que (entre otras posibles circunstancias) el propietario no pudiera asumirlo, han supuesto un coste de 2,57 millones para las arcas municipales.

De ese total, hasta ahora únicamente se ha recuperado cerca del 39% del dinero invertido. Es decir, ni la mitad de lo adelantado por el Consistorio para dichas reparaciones.

Unos datos con los que han sido muy críticos desde el grupo municipal Zaragoza en Común. Denuncian que "entre 2019 y 2025, el Ayuntamiento ha adelantado 5.435.684 euros para realizar obras declaradas de emergencia en edificios privados" y, sin embargo, hasta la fecha "solo se han recuperado 856.284 euros".

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Esta cifra, de hecho, volvió a resonar con fuerza en salón de plenos municipal durante la comisión de Hacienda, celebrada este jueves. La portavoz del grupo municipal, Elena Tomás, reprochó a la concejal de Hacienda, Blanca Solans, que "se permita" el impago a los propietarios de estos edificios, mientras que "en 2025 se recaudaron 14 millones de multas de tráfico a los zaragozanos".

Puso en duda que "se adjudiquen la mayoría de estas obras a las mismas tres empresas de siempre". De hecho, en un comunicado del propio grupo señalaban que estas acumulan cobros de millones de euros.

Tomás criticó también que, teniendo en cuenta el problema de la vivienda en la capital aragonesa, "no se usen las herramientas legales que tiene el Ayuntamiento para expropiar estas parcelas por impago, mientras los jóvenes no tienen donde poder independizarse".

Pero, ¿cuál es el proceso de cobro en este tipo de situaciones? El primer paso que se da, desde Hacienda, es exigir el pago de la factura al propietario, una vez finalizada la obra de emergencia. En caso de impago, se suma un recargo económico a la cuantía y, en caso de persistir la deuda, la Asesoría Jurídica municipal inicia la ejecución del embargo de los bienes al propietario para saldar la deuda.

"Una prueba de lo que se hace"

Ante las acusaciones de Zaragoza en Común, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, defendió este jueves que el incremento de coste en este tipo de actuaciones es una prueba de "lo mucho que se está haciendo y actuando para evitar cualquier riesgo en este tipo de edificaciones".

Detallaba que, entre los principales motivos por los que se requieren este tipo de actuaciones de urgencia son "limpieza, desratización, demoliciones por ruina inminente, peligro de caídas de muros o cierre de edificios tras ser ocupados ilegalmente".

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Todas estas situaciones que "en la mayoría de casos depende de propiedades insolventes por diversas casuísticas", señaló Serrano, insistiendo que, independientemente de ello, "desde el Ayuntamiento siempre se intenta hacer el cobro".

Puso así de ejemplo las actuaciones en el edificio 15 de la calle Mariano Gracia (que presentaba problemas de estructura) o en el 72 de Pignatelli (declarado como ruina inminente).

Asimismo, el concejal defendió el criterio del Gobierno municipal a la hora de "confiar" en cinco empresas locales especializadas para llevar a cabo este tipo de obras urgentes, recordando que la ley permite adjudicar sin que dicha obra salga a concurso público.