El Ejecutivo exigirá que los solicitantes de ayudas al alquiler lleven empadronados al menos un lustro. E. E.
PP y Vox trabajan ya en la 'prioridad nacional': cumplirán a rajatabla el pacto y pedirán 5 años de empadronamiento
Los socios descartan rebajar los parámetros recogidos en el acuerdo pese a las críticas y exigirán 10 años en España para comprar una vivienda protegida.
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PP y Vox trabajan ya para llevar la 'prioridad nacional' del papel a los hechos en Aragón.
Fuentes del Gobierno confirman que ya se está trabajando en el proyecto de ley que introducirá el nuevo mantra de Santiago Abascal en las políticas impulsadas desde la Comunidad.
Los socios habían avanzado que este principio, exigido también al PP de María Guardiola en Extremadura, se traduciría en más años de empadronamiento en materia de Vivienda, pero ni Jorge Azcón ni Alejandro Nolasco habían entrado en la letra pequeña.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, las cifras recogidas en el acuerdo se cumplirán a rajatabla, sin que en principio haya opción de rebajar las pretensiones del 'ala voxista'.
¿Qué quiere decir esto? Que el Gobierno de Aragón exigirá un mínimo de 5 años de empadronamiento en Aragón o en algún otro punto de España para acceder a una vivienda pública de alquiler y 10 para quienes compren una vivienda protegida.
Se materializará así la filosofía plasmada en el texto presentado en el mes de abril, en el que PP y Vox prometían una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.
Las nuevas normas se concretarán en la futura Ley de Vivienda, que retomará el trabajo que quedó en pausa la pasada legislatura por el adelanto electoral, y se aplicarán a las cientos de viviendas asequibles planificadas. También a las más de 4.000 que se pretenden construir esta legislatura.
Previsiblemente, el texto volverá "exactamente igual" a las Cortes a la vuelta del verano, se debatirá "lo más rápido posible" y culminará su tramitación "a lo largo de 2027".
Será entonces cuando, también, se empiece a excluir a aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años.
El propio consejero de Vivienda, Octavio López, recalcó en su reciente comparecencia de las Cortes que este problema está "a la altura del de la Sanidad" y prometió que desde el Ejecutivo se pondrán "todos los mecanismos" a su alcance y las fórmulas imaginables e inimaginables para solucionarlo.
"Criterio, mesura y ponderación"
El titular de Vivienda promete que la 'prioridad nacional' se aplicará "con criterio, equilibrio, mesura y ponderación". "Pero es evidente que hay que primar en su municipio a la gente que lleva cinco o diez años ante personas que puedan llegar en un momento determinado", defendía en el Parlamento aragonés.
A su juicio, esto es "obvio", aunque el criterio de 'prioridad nacional' sigue provocando el rechazo de la izquierda, por lo que no se descarta que la nueva ley del Ejecutivo autonómico termine saliendo adelante únicamente con los votos a favor de populares y voxistas.
Los primeros insisten en que nadie se tiene que rasgar las vestiduras, ya que hay comunidades socialistas que ya aplican exigencias similares, pero en el caso de Aragón, no parece probable que los partidos de la oposición vayan a cambiar de opinión.
Por el momento, está por ver hasta qué punto enraizará la 'prioridad' en las políticas del Ejecutivo. Según el acuerdo, deberá imperar también en el acceso a ayudas públicas, dejando fuera de prestaciones y servicios sociales a quienes se encuentren en situación irregular salvo por motivos de urgencia vital.
