Aragón presenta un recurso contra la regularización de inmigrantes: "Va a tensionar nuestros servicios públicos"

El Gobierno de Aragón va a recurrir el Real Decreto aprobado por Moncloa para la regularización extraordinaria de inmigrantes. Consideran desde el Ejecutivo en funciones de Jorge Azcón que desde el Ministerio no se ha ofrecido ni transparencia ni recursos para su implementación.

La decisión de acudir a los tribunales, tomada a propuesta de la Consejería de Bienestar Social y Familia, responde al “rechazo frontal” del Gobierno de Aragón hacia una medida que considera una “irresponsabilidad legislativa”.

Tras tomar conocimiento del informe-propuesta remitido a la Dirección General de Servicios Jurídicos para solicitar el ejercicio de acciones judiciales, el Consejo de Gobierno ha autorizado formalmente a los letrados de la Comunidad Autónoma para interponer el recurso contencioso-administrativo correspondiente.

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El Gobierno de Aragón en funciones fundamenta su impugnación en la opacidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en torno a esta norma, puesto que no ha dado respuesta a las alegaciones presentadas por la Comunidad Autónoma al respecto el pasado mes de febrero.

También denuncia que el Gobierno de España ha ocultado el impacto económico de la medida y no ha previsto la carga administrativa y de gestión que supondrá para la sanidad, la educación y los servicios sociales aragoneses.

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“Una vez más, lejos de sujetarse a la debida colaboración y lealtad institucional, el Gobierno toma acuerdos para tensionar la relación con las comunidades autónomas, confrontar con los gobiernos autonómicos, pensando en su tacticismo político. Lejos de tener en cuenta razones humanitarias, solo quiere enfrentarse a las comunidades y provocar graves perjuicios a los aragoneses”, ha afirmado la vicepresidenta en funciones y portavoz del Gobierno aragonés, Mar Vaquero.

Para el Gobierno aragonés, esta medida va a tensionar los servicios públicos e implicará un mayor gasto público en sanidad, educación y servicios sociales, “sin que vengan con financiación” por parte del Estado.

“Se ha diseñado a espaldas de las comunidades y no se ha respondido a las alegaciones. Es una instrumentalización total de las administraciones públicas, sin diálogo y de espaldas al interés de los aragoneses”, ha añadido Vaquero.

El Ejecutivo autonómico en funciones considera que esta regularización masiva incentiva un 'efecto llamada' y supone un “agravio comparativo” para los ciudadanos extranjeros que cumplen escrupulosamente la Ley para residir en España.

Por todo ello, Aragón agotará todas las vías judiciales posibles para oponerse a una decisión "impuesta de forma unilateral y sin diálogo" por parte del Gobierno de España y da con la interposición de este recurso el primer paso.