Reuniones privadas, informes por USB y siete figuras clave: así funcionaba la "organización criminal" en torno a Forestalia

En ella, Fernando Samper era el “tronco central” que dirigía estratégicamente las ramas de la organización, apoyado principalmente en Eugenio Domínguez como la figura clave de todo el entramado criminal dentro de la Administración General del Estado.

Esta es una de las grandes conclusiones del informe de 1.384 páginas elaborado por la Guardia Civil para desmontar toda una trama de corrupción de renovables, que derivó el pasado 3 de marzo en los registros y detenciones de seis personas, entre ellos, Samper y Domínguez.

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Las investigaciones de la Guardia Civil han permitido identificar un reparto de funciones y tareas “coordinado”, mediante una “voluntad colectiva” orientada a la “comisión de delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales”.

En concreto, Fernando Samper, como presidente de Forestalia, sería el cabecilla de la trama y el responsable de orientar la actuación de su grupo empresarial para obtener resoluciones favorables mediante el favorecimiento de cargos públicos.

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Los testimonios describen una relación "inusualmente estrecha" con funcionarios clave, manteniendo reuniones habituales (en ocasiones semanales) fuera de los cauces reglamentarios para tratar expedientes específicos.

Asimismo, se encargaba de transmitir las participaciones sociales de empresas que sirven para, presuntamente, “recompensar económicamente a los funcionarios”.

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También se le atribuye la estrategia de fragmentar grandes parques eólicos (como el Clúster Maestrazgo) en unidades menores de 50 MW para eludir la supervisión estatal del Miteco y asegurar que la tramitación recayera en el ámbito autonómico (Inaga), donde la organización ejercía una presión directa sobre los técnicos.

Los testaferros de Samper serían los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda. El primero era el intermediario societario clave como nexo entre Eugenio Domínguez y Forestalia, facilitando la canalización de supuestas contraprestaciones.

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Según la Guardia Civil, ambos hermanos prestan su identidad para la creación de multitud de mercantiles con baja traza laboral y capital reducido. El fin primordial de estas sociedades es poner a disposición de terceros contratos privados de compraventa para, presuntamente, recompensar económicamente los tratos de favor recibidos por Forestalia.

Como “cooperador necesario” aparece el notario Javier de Lucas y Cadenas. Según la UCOMA, su intervención fue la herramienta esencial para garantizar la opacidad en las transacciones societarias empleadas para canalizar los presuntos pagos a Eugenio Domínguez.

Eugenio Domínguez, el “facilitador”

Para llevar a cabo toda la trama, la figura “central” en la Administración General del Estado era Eugenio Domínguez. La UCOMA le define como el principal "favorecedor" de los intereses de Forestalia desde su posición como subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio.

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Tal es así que, pese a su jubilación en 2023, continuó su actividad como asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente, lo que, dice la Guardia Civil, le daba una posición de influencia para “la continuidad de dicha organización criminal”.

Domínguez ejercía un control absoluto sobre los expedientes relacionados con Forestalia. Según lo manifestado por los testigos que han comparecido en esta instrucción, se le acusa de asignarse personalmente la práctica totalidad de los proyectos de energías renovables de la empresa, una práctica calificada como "extraordinaria" por los técnicos del Ministerio, ya que eludía el reparto “ordinario” de trabajo.

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También destaca una relación "inusualmente estrecha" con Forestalia. Testigos han declarado que Domínguez acudía habitualmente a la sede de la empresa por las tardes, fuera de su horario laboral. Esta relación se mantuvo tras su jubilación, continuando su labor de “facilitador” desde su nuevo puesto como asesor de la Secretaría de Estado.

Para garantizar resoluciones favorables, Domínguez recibía documentación técnica de los promotores directamente en memorias USB personales, incorporándolos a la plataforma sin pasar por el registro oficial del Ministerio. Esto impedía la trazabilidad formal de los documentos y eludía los controles reglamentarios de entrada.

En proyectos de alta complejidad como el "Clúster Maestrazgo", designó a su secretario, Santiago Martínez Patón, como "técnico responsable", a pesar de que este carecía de cualquier cualificación técnica para evaluar tales expedientes.

Además, la Guardia Civil encontró indicios de que intervino personalmente para modificar borradores de Declaraciones de Impacto Ambiental. En el caso de "Masía I y II", ordenó cambiar un resultado desfavorable a favorable, eliminando contenidos técnicos que perjudicaban la viabilidad del proyecto, incluso encontrándose este en zonas de protección de la Red Natura 2000.

Pero Domínguez no solo facilitaba los trámites, sino que presuntamente participaba en el beneficio económico derivado de ellos a través de una operativa de ocultación familiar y societaria. Su familia constituyó la mercantil Estudio de Asesoramiento Dherco SL (formalmente dedicada a la decoración) como una estructura ad hoc para, la recepción de pagos ilícitos vinculados a su cargo público.

Jesús Lobera y el papel del Inaga

Contado el papel del Miteco, la trama necesitaba tener controlado el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) a través de Jesús Lobera, su director entre 2016 y 2023. La UCOMA le describe como una “figura central” en las presiones y cambios de procedimientos llevados a cabo para favorecer las autorizaciones ambientales de los proyectos de renovables de Forestalia.

Por el Inaga pasaban todos los proyectos de renovables de menos de 49,9MW, evitando el control del Ministerio. La llegada masiva de proyectos de energías renovables, y en particular los vinculados a Forestalia, marcó un cambio drástico en la forma de proceder de la Dirección.

Denuncian que los informes técnicos internos con valoración desfavorable eran sistemáticamente ignorados o devueltos por Jesús Lobera, quien se negaba a firmarlos sin aportar ninguna justificación técnica que respaldara su decisión.

El episodio más revelador ocurrió cuando uno de los técnicos se negó a firmar un informe del Clúster Maestrazgo que consideraba "contaminado". Ante su negativa, Jesús Lobera le habría dicho textualmente: "tú déjalo ahí, no hagas nada más que me encargo yo", asumiendo personalmente la gestión del expediente al margen del criterio técnico.

Los testimonios describen una relación que excede los cauces formales, donde las decisiones públicas podrían estar influenciadas por intereses comerciales. Se detallan reuniones "habituales y que consideran casi semanales" entre Lobera y responsables de Forestalia, como Carlos Ontañón y Fernando Samper.

Una de las funcionarias relata un episodio en el que la secretaria de Lobera la convocó a una reunión indicando que era "con los de Forestalia" para tratar directamente un expediente. Este nivel de acceso privilegiado es, a juicio de los agentes de la UCOMA, un claro indicador de una relación anómala.