El conseller de Sanidad, Marciano Gómez.
Las elecciones sindicales en Sanidad, en el aire: las claves de la pugna judicial entre la Generalitat y los sindicatos
EL TSJCV avala el acuerdo entre Sanidad y el Sindicato Médico que ponía fin a la huelga médica frente a los sindicatos de izquierda.
Más información: El acuerdo de Sanidad con los médicos de la Comunitat reabre la pugna por la representación sindical de los sanitarios
Las próximas elecciones sindicales de la sanidad pública valenciana se han convertido en un nuevo frente de conflicto entre la Generalitat y las principales organizaciones sindicales. Lo que comenzó como una modificación de la estructura organizativa del sistema sanitario amenaza ahora con alterar el mapa de representación de decenas de miles de trabajadores y abre una batalla jurídica cuyas consecuencias podrían extenderse durante años. Eso sí, el malestar va por barrios y sobre todo por categorías profesionales.
El origen de la controversia se encuentra en la reorganización impulsada por el Consell mediante la creación de las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI), un modelo que sustituye la tradicional división basada en los departamentos de salud por una estructura más amplia (4 en Valencia, 3 en Alicante y 1 en Castellón). Esta reforma del sistema afecta a la representación del personal porque establece que las juntas de personal sean menos que en la organización por departamentos.
La polémica se extendió cuando el Gobierno central (PSOE-Sumar) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2025 que acababa con los departamentos sanitarios. La admisión a trámite del recurso provocó la suspensión cautelar de las disposiciones impugnadas, entre ellas la relativa al nuevo sistema de representación sindical en la sanidad valenciana.
Sin embargo, el escenario cambió el pasado verano. El Tribunal Constitucional acordó levantar la suspensión sobre el artículo que regula las nuevas unidades electorales sanitarias, permitiendo su entrada en vigor mientras continúa la tramitación del recurso. El alto tribunal consideró que los perjuicios alegados para mantener paralizada la norma no habían quedado suficientemente acreditados y que, en caso de una eventual sentencia contraria a la Generalitat, los cambios podrían revertirse.
Es precisamente esa decisión la que ha desencadenado la incertidumbre actual. Desde la Generalitat se interpreta que el nuevo marco legal está plenamente vigente y que, por tanto, los procesos electorales deben adaptarse a la estructura de las ASI. La posición del Consell coincide con los argumentos defendidos ante el Constitucional por la Abogacía de la Generalitat, que presentó la reforma como una mera medida organizativa derivada de la nueva estructura sanitaria aprobada en 2024. Según esa tesis, la modificación de las unidades electorales no afecta a la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos, que continúa residiendo en las mesas de negociación previstas por la legislación estatal.
Los sindicatos (sobre todo los de izquierdas, menos los profesionales), por el contrario, han estallado. Durante el procedimiento constitucional, el abogado del Estado se hizo eco de informes y alegaciones que advertían de una reducción significativa del número de representantes a elegir como consecuencia del paso de los departamentos de salud a las agrupaciones sanitarias. Según los cálculos incorporados al recurso, el número de delegados podría pasar de 558 a 278.
Esa disminución tendría un impacto directo sobre la presencia sindical en los centros de trabajo y sobre el volumen de horas sindicales (los conocidos como 'liberados' que trabajan para estas organizaciones) disponibles para desarrollar labores de representación.
La paradoja es que el Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. La decisión adoptada este verano únicamente resuelve la suspensión cautelar y no determina si la reforma es o no conforme a la Constitución. Mientras tanto, la Generalitat parece dispuesta a seguir adelante con el nuevo modelo y las organizaciones sindicales estudian sus opciones para evitar que las futuras elecciones se celebren bajo unas reglas que consideran perjudiciales.
Aval judicial al Sindicato Médico
La sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anunció ayer su rechazo a la medida cautelar solicitada por el sindicato CCOO para suspender el acuerdo del pasado 17 de julio entre la Conselleria de Sanidad y el Sindicato Médico (CESM-CV) que ponía fin a la huelga médica a nivel autonómico.
La sala, en una resolución de fecha 11 de septiembre consultada por Europa Press y contra la que cabe recurso, deniega la medida cautelar solicitada "por no concurrir los requisitos exigidos en el artículo 130 de la Ley 29/1998 y la jurisprudencia que desarrolla este precepto legal".
En el auto la sala considera que la suspensión, en los términos propuestos, "afectaría a toda la organización de la Comunidad valenciana, pues la resolución recurrida designa como Servicios de referencia de Cirugía Cardiaca del Sistema Valenciano de Salud a los servicios de la especialidad Cirugía cardiaca de los Hospitales: Clínico Universitario de Valencia, Universitario y Politécnico de La Fe, Consorcio General Universitario de Valencia, General Universitario Dr. Balmis de Alicante y Vinalopó".
Por ello, ponderando esta circunstancia con las alegaciones que realiza CCOO, aprecia un "intenso interés público en la ejecución del acto" y por ello deniega la medida cautelar, "sin que ello suponga prejuzgar" lo que sobre el fondo del asunto se decida en su día en la sentencia definitiva por la sala.
![Concentración de sindicatos médicos frente al Ministerio de Sanidad.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10883651.jpg?p=w:320\/h:240&h=Gar7ypXK"])
CCOO pedía la suspensión del acuerdo alegando que su "inmediata ejecución" causaría "perjuicios de imposible o muy difícil reparación" porque la administración autonómica "comenzará a aplicar de forma general e inmediata medidas organizativas, de personal y de condiciones de trabajo de carácter estructural, sustrayendo su negociación a la mesa sectorial de sanidad que se verá reducida a un mero órgano pasivo de adhesión para ratificar pactos bilaterales y excluyentes negociados fuera de su ámbito legítimo". Tanto la Conselleria de Sanidad como el fiscal mostraron su oposición a la adopción de la medida cautelar.
Sanidad y el CESM-CV firmaron el 17 de julio un acuerdo que puso fin a la huelga de los médicos a nivel autonómico e "impulsa un nuevo modelo organizativo que mejora las condiciones de ejercicio de la profesión médica, fortalece la Atención Primaria y Hospitalaria y beneficia directamente a los pacientes", según se informó en su momento.
El acuerdo refleja el compromiso, entre otras medidas, de la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas a partir del 1 de enero de 2027, así como la nueva regulación de la guardia del sábado en Atención Primaria, que se venía prestando en calidad de jornada ordinaria hasta ahora. Así, la jornada ordinaria será de lunes a viernes, reservando los sábados para guardias de atención continuada 24 horas, con su correspondiente descanso posterior y una retribución adicional.
Ante esta resolución, CESM-CV ha instado en un comunicado a Sanidad a aplicar el acuerdo "que mejora las condiciones laborales de los médicos" ya que ahora "no tiene impedimentos judiciales para cumplir lo pactado con los médicos".
Para CESM-CV, la resolución supone un "mensaje claro después de las críticas recibidas desde distintos ámbitos sindicales contra el acuerdo alcanzado con Sanidad y, especialmente, después de que CCOO acudiera a los tribunales para intentar paralizarlo".
El sindicato interpreta que la sala realiza una "consideración especialmente significativa" sobre el contenido al recoger en la resolución que el objeto del recurso es el 'Acuerdo entre la Conselleria de Sanidad y el comité de huelga del sindicato médico CESM-CV. Dicho Acuerdo constituye un importante paso adelante en la mejora de las condiciones de ejercicio profesional de los facultativos del Sistema Valenciano de Salud y, al mismo tiempo, un instrumento orientado a reforzar la capacidad del sistema sanitario público para dar una respuesta cada vez más eficaz, segura y de mayor calidad a las necesidades de la ciudadanía'
CESM-CV considera que esta resolución "pone de manifiesto la importancia de mantener una posición firme cuando se negocia con la Administración y pone de manifiesto la importancia de la movilización, negociación para lograr acuerdos como el firmado con la Conselleria de Sanidad".
En este sentido, ha lamentado "las críticas de quienes consideraban que lo conseguido era insuficiente y, posteriormente, el intento de CCOO de conseguir judicialmente su suspensión". Desde CESM-CV entienden que ha llegado el momento "de dejar de buscar obstáculos y centrarse en lo verdaderamente importante: que lo firmado se cumpla".
"Los médicos ya hicieron su parte. CESM-CV hizo la suya. La Conselleria de Sanidad asumió unos compromisos concretos para mejorar las condiciones de ejercicio profesional de los facultativos valencianos. Ahora corresponde a la Conselleria cumplirlos", ha instado en el comunicado en el que avanza que seguirá vigilando "que cada uno de los compromisos alcanzados se traduzca en mejoras reales para los médicos y facultativos del Sistema Valenciano de Salud".
