Las demandas por los esfuerzos extraordinarios que se realizaron en la primera oleada de la pandemia siguen ofreciendo novedades en los juzgados de la Comunidad Valenciana. El último caso llega desde La Pobla de Vallbona, el Ayuntamiento está obligado a pagar un complemento por productividad a dos agentes de la Policía Local por la labor que desarrollaron durante la pandemia, a los que se negó en un primer momento.

El sindicato CSIF lo ha dado a conocer este martes a partir de dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Valencia. En ellas, como recoge Efe, se reconoce el derecho de estos policías a cobrar una productividad que se había aprobado en diciembre de 2020 por su labor en la primera oleada Covid a otros compañeros.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios presentó un recurso cuanto tuvo conocimiento de que este abono solamente se había pagado a unos cuantos policías, mientras que se había excluido a la mayoría. Por eso creen que en los próximos días se podrían dictar más sentencias en la misma línea.

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Según explica el sindicato, el Ayuntamiento autorizó, en una resolución de Alcaldía de 21 de diciembre de 2020, abonar en la nómina de diciembre 781 euros de productividad a cinco agentes por "la presencia y el hecho de estar en primera línea en tiempos del Covid, cuando la situación era de miedo e incertidumbre".

El sindicato recurrió esa resolución por vía administrativa, con el objeto de que todos los agentes percibieran esa misma productividad, ya que dejaba fuera a la mayoría de una plantilla que en la actualidad está compuesta por 43 efectivos. El Ayuntamiento desestimó la petición del sindicato, que interpuso entonces demandas contencioso-administrativas en representación de alrededor de una decena de agentes.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Valencia ha dictado ya dos sentencias, en las que da la razón a los afectados, y les reconoce el derecho a que se les abone el complemento de productividad de 781,39 euros mensuales, más los intereses legales.

El juzgado califica la resolución impugnada de "arbitraria y no ajustada a derecho", al no cumplir "con el principio de igualdad", y alude también a la "indefensión", el trato "discriminatorio" y la "desigual entre compañeros que han ejercido las mismas funciones".

Asegura que "la situación de estado de pandemia por razones del Covid-19, afectó a todos y cada uno de los agentes e integrantes de la corporación, con independencia del cargo que desempeñaran", y alude a un "trato desigualitario y arbitrario, causante de desigualdad y discriminación".

Los fallos, que son firmes, concluyen estimando la demanda interpuesta por el sindicato contra la resolución de Alcaldía, "que se anula por ser contraria a derecho".