La consellera Gabriela Bravo, en les Corts, ante las miradas de la vicepresidenta Mónica Oltra y el president Ximo Puig.

La consellera Gabriela Bravo, en les Corts, ante las miradas de la vicepresidenta Mónica Oltra y el president Ximo Puig.

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Discrepancias entre PSPV y Compromís por el nivel de valenciano que se exigirá a los altos funcionarios

Según Compromís, "de cumplirse con la propuesta de los socialistas, seríamos la única comunidad que no exige el nivel medio de la lengua propia".

2 mayo, 2022 21:16
Redacción | Agencias Emilio Martínez

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El grupo de Compromís en Les Corts ha expresado su malestar por la propuesta de los socialistas de "exigir únicamente el nivel B2 de valenciano al alto funcionariado de la Administración valenciana", frente a otros colectivos, como el profesorado de educación infantil, a quienes se pide el nivel Mitjà.

Compromís ha informado del desacuerdo del grupo de trabajo integrado por los departamentos de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo (Compromís), Función Pública (PSPV) y otros cargos de las consellerias de Educación y de Justicia para la elaboración de una propuesta conjunta sobre la capacitación lingüística para acceder a la Función Pública valenciana.

La diputada de Compromís Nathalie Torres considera que "es profundamente incoherente que exista pleno acuerdo en la capacitación lingüística del profesorado de Educación Infantil, por ejemplo, al que se exige el nivel Mitjà de valenciano, pero se proponga un nivel inferior para el personal que ha de ser competente para entender y redactar informes de alto valor administrativo".

"Consideramos que la única manera de respetar el mandato del Estatut d'Autonomia, que promulga que la administración tiene que adoptar las medidas necesarias para asegurar el uso normal de las dos lenguas oficiales, es avanzar en la situación actual y marcar un requisito mínimo a quien accede a los más altos puestos de la administración", afirma Torres.

En este sentido, desde Compromís aseguran que existe un consenso entre agentes sociales, universidades y entidades cívicas en que no se puede exigir un mismo requisito entre quien accede a un puesto catalogado como C2 (auxiliares administrativos) que a quienes acceden a un puesto A1 (cuadros técnicos especializados con titulación universitaria).

Según Nathalie Torres, "de cumplirse con la propuesta de los socialistas, seríamos la única comunidad autónoma que no exige el nivel medio de la lengua propia al alto funcionariado" y "esto incluye Galicia, gobernada desde hace años por el Partido Popular". 

Comisión lingüística

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha recibido este lunes el informe elaborado y consensuado por la Comisión de Competencia Lingüística que servirá de base para regular el nivel de valenciano a exigir.
El informe, según la información a la que ha tenido acceso Efe, establece el certificado de valenciano necesario para los distintos grupos del personal de la Administración Pública.

Así, para la agrupación profesional funcionarial se exigirá el certificado A2; para el subgrupo C2 el certificado B1; y para el grupo B y el subgrupo C1 se pedirá el B2. Respecto a la exigencia para los grupos A1 y A2, la Comisión traslada dos alternativas, el B2 o el C1, todavía por decidir y que la Conselleria estudiará para elaborar el decreto.

La Comisión ha acordado asimismo que el decreto que regule la capacitación del valenciano debe ir acompañado del decreto de homologación de la Conselleria de Educación que determinará qué nivel de valenciano podrá acreditar el alumnado cuando finalice cada una de las etapas educativas.

B2 en BAT

El objetivo es que al terminar el Bachillerato se obtenga el certificado B2 con efectos retroactivos (hasta ahora se otorga el B1), y por lo tanto, la competencia lingüística acreditada al terminar el instituto permitirá acceder a la mayoría de los empleos de la Administración valenciana.

La Ley de Función Pública valenciana pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos por parte de la Administración en las dos lenguas oficiales, recogido en el Estatut d'Autonomia, señalan desde la Conselleria de Justicia.

El nivel de competencia lingüística, añaden, se establecerá reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones a desempeñar.