Fernando Gómez, el policía que se 'venga' de un pueblo con una ola de inspecciones a comercios tras ser multado con 120 €

El jefe de la Unidad Adscrita a la Policía Nacional con sede en Elche, Fernando Gómez, presuntamente, habría tomado la justicia por su mano tras ser sorprendido por la Guardia Civil arrojando enseres y restos de una obra en un contenedor del municipio a finales del pasado mes de diciembre, según ha podido conocer EL ESPAÑOL de Alicante.

Tras acompañarlo a la vivienda y confirmar que los restos provenían de una reforma en casa de un amigo, la Guardia Civil avisó a la Policía Local, que le propuso para una sanción leve de 120 euros.

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Al recibir a finales de febrero la notificación del expediente sancionador a través de SUMA, el mando se dirigió al Ayuntamiento del municipio para hablar con una funcionaria, presentar un pliego de cargos e intentar solucionarlo, diciéndole en ese momento que era jefe de la policía autonómica.

Acto seguido, ambos irrumpieron a puerta cerrada en la oficina del alcalde. Desde fuera, los funcionarios en la sala diáfana escucharon al acompañante gritar amenazas como "¡No sabéis quién es él! Os vais a enterar", según revelan fuentes a las que ha tenido acceso este diario.

Al no ser retirada la sanción, la primera orden que dio a sus agentes tras volver de unas vacaciones fue inspeccionar todos los establecimientos del municipio los días 9 y 10 de marzo con todos los medios a su alcance, incluyendo negocios en los que la Policía Nacional no tiene competencia, lo que podría ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación.

Según cuentan las mismas fuentes, habrían estacionado delante de la Jefatura de la Policía Local, cortando la calle para "desafiar" a los agentes del cuerpo municipal, sin comunicarles el motivo de la actuación ni saludarles.

Así, los agentes entraron en quioscos, estancos, peluquerías, droguerías y ferreterías, un hecho que nunca antes había ocurrido en estos establecimientos, ya que no figuran en el ámbito de aplicación de la Ley de Espectáculos Públicos 14/2010.

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En total, se inspeccionaron alrededor de una veintena de establecimientos y se levantaron diversas actas de inspección y otras de denuncia, lo que ha generado un gran malestar entre los cerca de 10.000 vecinos de San Fulgencio y entre su Policía Local.

Oleada nunca vista

La responsable del estanco nº 1 del municipio confirma a este diario que la Policía autonómica entró en el establecimiento y que "tan solo dejaron por inspeccionar un bar".

El alcalde, José María Ballester, reconoce que los vecinos le han preguntado en varias ocasiones qué estaba pasando ante la inédita oleada.

"Ha sido la primera vez que pasa. Generalmente es la Policía Local la que realiza las inspecciones para evitar la economía sumergida; a mí me gustaría que todo esto estuviera coordinado con la Policía Local", añade.

"Las inspecciones están dentro de la legalidad; es decir, uno tiene que tener la licencia de apertura y toda la documentación para ejercer la actividad", apunta.

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"La policía autonómica, cuando ha llegado a estos establecimientos, lo que ha hecho es simplemente comprobar que se ajustan al derecho y que tienen todos y cada uno de los requisitos", sostiene el regidor, quien prefiere no pronunciarse sobre la supuesta conversación con el mando policial.

Jaime Martínez, dueño de un taller en el pueblo, también recibió la inesperada visita de los agentes justo el día que celebraban el aniversario de apertura.

"El regalo fue que viniesen a hacernos una inspección. Vinieron dos policías nacionales, se presentaron y me pidieron documentación del taller, como el seguro o la documentación de las personas que tengo dadas de alta; cosas muy de papeleo", comenta.

A pesar de no notar "nada fuera de lo común", sí reconoce que en el pueblo se comentó que fueron "dos días de acoso y derribo".

"Entre nosotros lo comentamos. Han pasado por todos los comercios del pueblo: a la peluquería han venido; al bar que tengo al lado han ido; al bar que tengo enfrente han ido también", resalta el propietario.

Según cuenta, las patrullas aparcaban en la acera y bajaban cuatro o cinco agentes que iban "pidiendo documentación a todo el mundo".

Fuera de sus competencias

La Unidad Adscrita a la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana es un cuerpo dependiente orgánicamente del Ministerio del Interior, pero funcionalmente al servicio de la Generalitat, que actúa como policía autonómica en determinadas materias administrativas.

Su ámbito principal de actuación viene definido por la Ley 14/2010 de la Generalitat Valenciana, que le atribuye funciones de inspección y control sobre espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos al público vinculados a este tipo de eventos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad, aforo, horarios y licencias.

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Fuera de este marco, sus actuaciones en comercios ordinarios, como peluquerías, panaderías, ferreterías, droguerías o estancos, solo se justifican cuando existen campañas específicas, dispositivos coordinados con otras administraciones o indicios de infracciones de carácter penal o administrativo que habiliten la intervención, como la venta de productos ilícitos, irregularidades sanitarias o actividades clandestinas.

Sin embargo, en este caso se realizaron inspecciones generalizadas en negocios que no están sujetos a esa normativa específica y cuya supervisión corresponde, de forma ordinaria, a los ayuntamientos a través de la Policía Local y los servicios municipales de inspección.