El PP de Carlos Mazón -en realidad a través del grupo parlamentario nacional- ya ha presentado en el Tribunal Constitucional un recurso contra la imposición por ley de la entrada de la Diputación de Alicante en el Fondo de Cooperación Municipal puesto en marcha por el Botánico de Ximo Puig.

A primera vista es un pulso más entre gobiernos de derechas (el de Alicante con la alianza de PP y Cs) y de izquierdas (el autonómico PSPV-Compromís-Podemos), con lo arduo que se antoja el debate. Pero no es así, está en juego la autonomía provincial de Alicante frente al rodillo autonómico y el nacionalismo soterrado de socialistas, valencianistas y podemitas.

Cualquiera que conozca a Ximo Puig y el lermismo que encarna (ahora prefieren llamarle ximismo, pero constituye una misma línea política desde los años 80 del siglo pasado, cuando el actual presidente era jefe de prensa de su antecesor), sabe que hay en fondo. A los socialistas valencianos no les gustan las provincias, se sienten más cómodos con las comarcas (como, las catalanas, espejo en el que se miran constantemente) que pueden controlar mejor. Y Alicante siempre ha sido díscola con el poder valenciano.

Nada más entrar Puig en el Palau encargó a uno de sus más cercanos, Toni Such (también empezó en el lermismo) como director general de Administración Local, que comenzase el "derribo controlado" de las diputaciones. El grave estado en el que estaban las arcas autonómicas era la excusa perfecta para detraer fondos de las provincias para sus propias políticas. 

Pero encalló. Los juzgados tumbaron esos primeros intentos que se materializaron en el Fondo de Cooperación Municipal, en el que la Diputación de Alicante no ha querido entrar. De hacerlo, tendría que renunciar al control de parte de sus ingresos y gestión de las inversiones. Y como Mazón no ha cedido, en noviembre se aprobó una ley que le obliga en las Cortes Valencianas.

El artículo 141 de la Constitución Española establece claramente la autonomía de las diputaciones provinciales: "La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado". Y añade: "El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo".

¿Dónde está problema? Que los socialistas de Puig y los nacionalistas de Oltra o no se han leído la Constitución o simplemente no la acatan. Participan en los procesos y de las instituciones provinciales, pero para dinamitarlas desde dentro. Que cada cuál valore esta estrategia, pero a mí no me gusta.

Tras el recurso del PP al Constitucional, los dirigentes socialistas salieron en tromba. Incluso negando la legitimidad democrática de las diputaciones porque sus miembros son elegidos indirectamente por los concejales frente a los de las Cortes Valencianas, elegidos directamente por los ciudadanos. Ese es un argumento que quienes seguimos los plenos de la Diputación hemos escuchado varias veces de boca del portavoz nacionalista, Gerard Fullana. Y es falaz.

Tan democrática es una elección directa como una elección indirecta. Ambas forman parte de un sistema representativo en el que se le concede a cada formación política un número determinado de representantes en función de unos votos y unas reglas electorales previamente consensuadas y establecidas.

¿O es que no es democrático que algunas circunscripciones electorales en España estén sobrerrepresentadas y otras infrarrepresentadas en función de su número de habitantes en el Congreso de los Diputados? Las reglas están establecidas y se pueden cambiar con los apoyos suficientes. Negar la legitimidad de esas reglas es lo que socava el sistema. Así que en nuestro actual sistema político tienen tanta legitimidad democrática las Cortes Valencianas como el pleno de la Diputación de Alicante.

Así las cosas, espero con interés el dictamen del Constitucional sobre este asunto. En ningún sitio de España se ha intentado doblegar la voluntad de las diputaciones de forma obligatoria y por ley. Y si ahora el Botánico lo logra en Alicante será un antes y un después para esta provincia.