El debate sobre la tasa turística en la Comunidad valenciana ha aparecido de manera intermitente desde la formación del Gobierno del Botánico en 2015. Los cargos de Compromís en Hacienda iniciaron durante la primera legislatura una cruzada para tratar de implantar este tributo -que realmente y pese a su nombre no es una tasa, sino un impuesto-, y que se ha encontrado con la férrea oposición del PSOE y, en particular, del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. 

El pasado martes, en plena visita del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a Sevilla, tanto la vicepresidenta primera, Mónica Oltra (Compromís), como el segundo, Héctor Illueca (Unidas Podemos), volvieron a poner encima de la mesa la posibilidad de gravar las pernoctaciones de turistas en territorio valenciano. La idea ha levantado una ola de indignación en el mundo empresarial, muy tocado por las restricciones de la pandemia. 

Sin embargo, la jugada es puramente política: la iniciativa se lanza en un momento en el que Puig trata de ganar visibilidad para hacer frente común con una autonomía del PP y exigir mejor financiación al Gobierno, y con el runrún de fono de la posibilidad de un adelanto electoral.

También se produce en medio de la ofensiva del nuevo presidente del PPCV, Carlos Mazón, para lanzar una "revolución" tributaria que deje a la Comunidad Valenciana como una de las que menos impuestos paguen de España. En este sentido, la tasa supone un elemento diferenciador que apela al votante de Compromís y Podemos, mucho más tolerante con la presión fiscal que el socialista, por ejemplo.

¿Para quién es el dinero?

Existen matices sobre la propuesta de Oltra e Illueca que no son secundarios y que han pasado desapercibidos. En esencia la idea de su "tasa turística" es la misma de siempre: gravar las pernoctaciones de viajeros en la Comunidad Valenciana. El matiz es a qué se va a destinar ese dinero, y el cambio de discurso de estos partidos. 

Según Oltra e Illueca, la idea es utilizar el, dinero recaudado por este impuesto para potenciar políticas de vivienda entre los jóvenes. Pero no era eso lo que se había defendido hasta ahora. La idea era utilizar la tasa para ajustar financiación de los municipios turísticos, uno de los problemas que estas ciudades arrastran desde el boom de los años 60. 

Los municpios turísticos valencianos sufren una doble infrafinanciación. La primera, la autonómica, a la que no se le reconoce el peso poblacional. Pero la segunda es estructural: ciudades como Benidorm cuentan con una población censada de 70.000 personas que paga los servicios de hasta 300.000 en verano. 

Aquí se encuadra la cruzada de estas ciudades por reformar la Ley para que el Estado les considere municipios turísticos (con la actual solo se tienen en cuenta las plazas de segunda residencia) y poder acceder a una parte de los impuestos de tabaco e hidrocarburos. Pero alcaldes como el de Benidorm, Toni Pérez, han apostado por reformas de mayor calado para tratar de cortar de raíz el problema.

Y ahí era donde entraba la "tasa", o así se vendió en anteriores debates. Como una manera de que las localidades que sufrían estos problemas aumentasen su recaudación. Con la nueva propuesta, Compromís y Podemos pretenden gravar el negocio de determinados empresarios, ubicados en ciudades con mayor o menor dependencia de la industria, y quedarse con el resultado para desarrollar sus políticas, sin ninguna repercusión en el municipio. 

Unos sí y otros no

No es el único factor que arroja problemas sobre la viabilidad de la tasa. Colomer verbalizó el pasado jueves la "discriminación" que, a su juicio, supone que este impuesto se aplique solo a determinados sectores de alojamiento, lo que además puede motivar la proliferación de la industria no reglada. 

Para el secretario autonómico de Turismo, "gravar solo al alojamiento es una mirada superficial e injusta" porque "el turismo es un sector sistémico", que se ramifica en muchos subsectores como el del transporte o la hostelería, por ejemplo, "con retos pendientes como el de la sostenibilidad".

Es por ello que consideró "absolutamente incomprensible incluso plantearla" y "especialmente inoportuno" por el momento económico actual, al tiempo que pidió "empatía" para un sector que ha sido el más perjudicado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.