A mes y medio de las elecciones municipales y autonómicas, la admisión a trámite ayer por el Tribunal Supremo de los recursos de la Diputación de Alicante, la Región de Murcia, la Comunidad Andaluza (todas ellas gobernadas por el PP) y los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) da esperanzas al regadío alicantino en un año de sequía severa.

No es el único. El pasado 28 de marzo el Supremo admitía a trámite el recurso de la Generalitat Valenciana (gobernada por PSOE-Compromís-Unidas Podemos), en términos muy diferentes a los de los gobiernos populares y los agricultores. Así pues, son dos vías diferentes contra el aumento de los caudales ecológicos en el Tajo a su paso por Aranjuez que suponen una pérdida neta de 28,5 hectómetros cúbicos anuales para el campo del Levante español.

La diferencia entre ambos estriba, según el director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y la Diputación de Alicante, Joaquín Melgarejo, en que mientras que el recurso de la Generalitat se basa en la supuesta "vulneración, por parte del Gobierno central (PSOE-Unidas Podemos), de los principios de buen gobierno, seguridad jurídica, confianza legitima, lealtad institucional, transparencia e interdicción de la arbitrariedad en la toma de decisiones", el recurso de los gobiernos populares niega la mayor: la necesidad en el aumento de los caudales ecológicos en el Tajo sin considerar los perjuicios económicos y sociales para el arco mediterráneo. 

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De este modo, el recurso de la Generalitat habla de "incrementos desproporcionados" y admite un aumento inicial de los caudales ecológicos como el tratado en el Consejo Nacional del Agua del 29 de diciembre de 2022 (aprobado por 60 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones) y en el que el Gobierno valenciano se abstuvo. Una medida que fue cambiada a posteriori, aumentando los caudales fuera de ese órgano, por lo que el ejecutivo valenciano de Ximo Puig acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "eludir los principios de participación y de concertación".

Frente a él, el recurso de regantes y populares como el candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, denuncia cualquier incremento en sí mismo ya que el aumento inicial de un metro cúbico por segundo (de 6 a 7 m3/s) supone el tijeretazo de 28 hectómetros anuales de caudales que se traduce en una pérdida económica de 85 millones de euros y más de 2.400 empleos. 

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Sequía y trasvase

Todos estos trámites judiciales se producen además en un año especialmente duro para el sector agroalimentario de Almería, Murcia y Alicante ya que desde comienzos de años el campo está sufriendo una falta de precipitaciones grave. No obstante, en el mes de abril la Comisión del Trasvase ha fijado que las reservas de Entrepeñas y Buendía están en nivel 2 (inferiores a 1.300 hm3) pero sin llegar al nivel 3 por lo que se autoriza un trasvase mensual de 27 hm3.

Actualmente el volumen embalsado es de 716,6 hm3 y sólo se decretará el nivel 3 si en mayo bajan de los 645 hm3 y en junio de los 673 hm3. Si eso ocurre, en una "situación hidrológica excepcional", será la ministra Teresa Ribera la que podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada un trasvase de 20 hm3 al mes como máximo. 

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Y la experiencia previa de años anteriores sobrevuela sobre los regantes. Ribera ha optado en estos casos por enviar el mínimo de agua del Tajo a Alicante, Murcia y Almería: 7,5 hm3 para abastecimiento y apenas 3 hm3 para el regadío, cuando no ha sido cero para el campo.