Mayo de 2021. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig recibió en el Palau a la ministra de Transición Ecológica -de quien depende el trasvase Tajo-Segura-, Teresa Ribera, quien le expuso los planes del Gobierno para que cada cuenca sea autosuficiente. En aquella ocasión, Puig no levantó la voz. "Más que el trasvase Tajo-Segura, la garantía de agua para siempre en el sur de la Comunidad Valenciana", dijo entonces como objetivo el presidente valenciano.

Ayer, se lo recordó la ministra en una conferencia en la Universidad de Valencia. Ribera aseguró que su ministerio ha mantenido "exactamente el mismo criterio con el que empezó a abordar esta cuestión hace dos años y que ya presentó en Alicante y en Valencia, en el Palau de la Generalitat. No ha cambiado de criterio", dijo Ribera.

Era la respuesta al órdago de Puig este fin de semana con un informe elaborado por la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, a través del cual el Ejecutivo valenciano insta al Gobierno a que respete el proyecto de real decreto tal como fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua, el pasado 29 de noviembre. Un Consejo del Agua en el que la Generalitat se abstuvo.

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¿Qué es lo que no había entendido el presidente de la Generalitat de aquella reunión? El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una hoja de ruta muy clara respecto de los trasvases: sustituirlos por agua desalada bajo la promesa de abaratarla creando parques fotovoltaicos para reducir el gasto de energía.

Pero el Gobierno Botánico de Puig lleva dos años asegurando que el trasvase es "irrenunciable" y negando que esa premisa sea incompatible con la política aplicada por su partido político desde Madrid. Y También, acusando al PP de querer reabrir "una guerra del agua" abocada al fracaso mientras que los socialistas apuestan por el diálogo.

Lo curioso del asunto es que desde ministerio ya se había puesto negro sobre blanco sus intenciones. Como ya informó este diario en una respuesta a los senadores del PP de Murcia, el ministerio afirmó que: "apuesta por que cada una de las demarcaciones hidrográficas españolas adopten las medidas necesarias para abastecerse con sus propios recursos hídricos, mediante el fomento de medidas de ahorro".

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Así, Ribera explicó ayer en Valencia que su trabajo ha consistido en conseguir "la mayor financiación que nunca se haya destinado a obras hidráulicas en una versión moderna para que los regantes y las ciudades, tanto de la cuenca cedente como de las beneficiarias, puedan disponer del agua que se requiere".

Nuevamente el "cambio climático" es el principal argumento de la ministra Ribera para la reducción de caudales para la agricultura todos los meses, estén avalados o no por los informes técnicos. Casa decisión mensual pasa por el baremo ideológico del Gobierno.

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O lo que es lo mismo, para Ribera la "respuesta moderna" al problema del agua pasa por la necesidad de hallar dinero europeo para financiar esas infraestructuras fotovoltaicas que abaraten el precio de la energía para generar agua desalada. Pero, hasta que llegue eses dinero y se realicen esas obras, cada mes se reduce el caudal de agua que llega a los agricultores de Almería, Murcia y Alicante.

El acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional del Agua y que luego se ha visto sometido a cambios, supone según los expertos un recorte de 20% del agua que recibimos, y en el plazo de tres años, hasta un 50%.