La Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la Provincia de Alicante (FOPA) necesita con urgencia 10.000 empleados cualificados para cubrir la demanda de trabajadores que reclama el sector y cuyas vacantes no pueden ser atendidas. Así se lo han transmitido los miembros de la asamblea general de la patronal al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, así como a varios miembros de la institución provincial, este viernes en un desayuno de trabajo. 

En un comunicado, FOPA reiteró que "una de las cuestiones que más preocupan al sector" es "la falta de trabajadores disponibles para cubrir la demanda de mano de obra". El presidente de la federación, Javier Gisbert, recordó que en el conjunto de la provincia "sería necesario casi 10.000 empleados", algo que "requiere cambios en materia de capacitación como de acceso al mercado de trabajadores extranjeros".

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El máximo representante de FOPA planteó abiertamente "la intervención de la Diputación en la búsqueda de herramientas de capacitación y formación de trabajadores que pudieran acceder a los diferentes puestos de trabajo del sector de la obra pública".

En este sentido, los empresarios del sector de la obra pública entienden como "fundamental" que los presupuestos (incluido el futuro que genere la Diputación para 2023) "incorporen una fuerte apuesta por la obra pública, un elemento que genera en su desarrollo riqueza y puestos de trabajo, al tiempo que adecúa las vías de la provincia y consolida la capacidad competitiva del resto de las empresas".  

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Para Gisbert, es necesario "asegurar financiación necesaria y suficiente para que la provincia de Alicante para que no quede rezagada con respecto a otros territorios, y planteó medidas posibles de mejora de los presupuestos tanto estatales, autonómicos y de la propia Diputación".

El problema de la ejecución presupuestaria

El presidente de FOPA, "quien reconoció la capacidad inversora de la institución provincial, tanto en proyectos de ejecución directa como a través de programas de los municipios", reclamó "una mayor ejecución presupuestaria en el conjunto de las Administraciones".

En su opinión, una de las cuestiones a analizar de manera colectiva entre todos los agentes empresariales y responsables políticos "es la necesidad de reducir una burocracia que ralentiza el desarrollo de los proyectos y limita la ejecución presupuestaria más allá de un tiempo razonable".

Aunque se trata de cuestiones de ámbito normativo, desde FOPA se planteó que desde la Diputación "se plantearan este tipo de cambios que, sin poner en riesgo el control de los fondos públicos, se generan sistemas más ágiles y eficientes".

En la reunión se trató también la figura del Real Decreto de Revisión de Precios. Aunque FOPA considera "muy positiva" esta norma jurídica, señalaron que "se queda corta en sus aspiraciones de ayudar al sector", en la medida en que "no incluye la energía y no se suprime los límites al reequilibrio". Finalmente, la obra pública recordó que la gestión de los fondos europeos Next Generation "carecen a día de hoy de concreción de la cuantía, y de un ente que los gestione".