La comarca de la Vega Baja de Alicante es una de las potencias españolas en la producción de cítricos, con una campaña que se desarrolla desde septiembre a julio. Sin embargo, los primeros cinco meses han resultado nefastos. Asaja-Alicante cifra en 50 millones de pérdidas en la producción de naranjas y 100 en la de los limones. Culpan de la situación a las prácticas "desleales" de otros países y la falta de demanda del mercado español.

Un paseo por la Vega Baja demuestra como los árboles y los terrenos están repletos de cítricos sin recoger. "Trabajamos a pérdidas y el agricultor no puede más", señala José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante. Sin embargo, en las grades superficies la naranja sudafricana es la reina. Hay stock.

A finales de septiembre ya denunció que "estamos viendo en los supermercados carteles en colores llamativos que rezan: 'Naranja nacional de Valencia' o 'Naranja Nacional. Origen: España', junto al precio en grande del producto, y dentro de la caja de la propia fruta encontramos un papel muy pequeño con la variedad del cítrico y origen: Sudáfrica o, lo que es lo mismo, R.S.A. Esto es, cuanto menos, publicidad engañosa", alertó Andreu. No se hizo nada.

Esta semana el Comité Permanente Fitosanitario de la Unión Europea (Scopaff) ha impuesto el transporte en frío a las naranjas importadas para evitar plagas invasoras. Es una buena noticia para el sector que permite a Andreu ser optimista. Pero no es suficiente.

El secretario técnico de la asociación, Ramón Espinosa, se muestra más pesimista. "El tratamiento en frío es importante y hará que las importaciones vengan con menor regularidad, pero todavía estamos lejos de percibir la recuperación", asegura Espinosa.

El acuerdo de la UE con Sudáfrica caducaba el pasado 15 de octubre y desde esa fecha, hace más de cien días, no se podía importar naranjas de ese país. Pero las grandes superficies y distribuidoras aprovecharon para llenar sus cámaras frigoríficas del producto sudafricano colapsando la campaña del español. "Pueden mantenerlas sus cámaras meses e ir sacándolas a conveniencia", explica Espinosa.

Los agricultores alicantinos quieren que estos protocolos se impongan también en la mandarina, pomelo y limón. Según Espinosa, "en la UE queremos estar en las mismas condiciones que el resto de países exportadores y para eso exigimos reciprocidad: las mismas normas fitosanitarias, medioambientales y sociolaborales. o no podremos competir".

Además del tratamiento en frío para proteger los cultivos de plagas importadas, los agricultores se quejan de que la naranja sudafricana en cualquier mercado o supermercado español "contiene trazas de residuos de hasta 10 sustancias fitosanitarias prohibidas en la UE".

Problema estructural

Ante esta situación, toda la naranja de la variedad "navelina" (recogida de noviembre a enero en los campos alicantinos) no ha podido salir al mercado. Y lo mismo, multiplicado, ha pasado con el limón "fino". "El agricultor no ha podido cubrir los gastos de explotación", añade Andreu. 

Espinosa va más allá. Además de los problemas de competencia desleal de productores extranjeros habla de "un problema estructural del mercado en la cadena alimenticia". "El agricultor genera riqueza para toda la cadena menos para él mismo y no puede repercutir la subida del gasoil, de la electricidad y del agua del riego en el precio de su producto", continúa.

La naranja navelina se vende a 0,07 euros el kilo, mientras que otros años suele cotizar alrededor de 0,20 euros el kilo, y tiene unos costes fijos de producción de alrededor de 0,15 euros el kilo. En el supermercado y las grandes superficies un kilo de naranjas ronda entre 1,30-1,50 euros el kilo, lo que implica un margen con respecto al precio que pagan al productor del 1.900%

Al final, en España el precio de los productos de fruta y hortalizas frescas se pone en destino por parte de las grandes distribuidoras. "Es una dictadura, una perversión del sistema contra la que difícilmente podemos luchar", agrega. En este sentido confía en la Ley para la mejora de la cadena alimenticia que se está tramitando en el Congreso. Aunque el plazo para su aprobación es muy largo.