La lucha de una madre en un pueblo de Alicante contra la discriminación de su hijo con discapacidad: "He recibido amenazas"

El eco de las risas infantiles en el patio del colegio Santa María del Carmen no logra tapar un rumor más sordo, el miedo y la resistencia cotidiana de quienes luchan por los derechos de los niños más vulnerables.

Nuria, madre soltera y trabajadora, ha vivido en carne propia el peso de las instituciones cuando, lejos de proteger, se convierten en laberintos de incomprensión y sospecha.

Su hijo Pelayo, con dos mutaciones genéticas únicas en el mundo, se ha convertido en el epicentro de una batalla donde el acoso adopta formas inesperadas, no tanto por parte de sus compañeros, sino de las personas que más deberían protegerle frente a la exclusión social.

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Los informes contradictorios, las puertas cerradas, las ofertas de traslado forzoso y los expedientes disciplinarios "Han intentado apartar a mi hijo de todo lo que le hacía bien", resume Nuria, desde su casa en Petrer.

Del aula a la comisaría

Todo empezó, según relata la madre del pequeño, con la promesa de una conciliación que nunca llegó a cristalizar. La religiosa entonces responsable del colegio Santa María del Carmen de Elda, la hermana Celestina, la animó a solicitar una excedencia en su trabajo para incorporarse al colegio y así estar más cerca de su hijo, con necesidades especiales debido a su discapacidad.

Pero, tras conflictos internos con la cofradía Santo Sepulcro de Elda, de la que Nuria forma parte, la oferta se esfumó, dejándola sin empleo y sin alternativas.

Según relata, la propia cofradía, a raíz de "la animadversión que tenía el presidente contra mí", abrió un expediente contra ella, siendo este el inicio de un aislamiento y ninguneo que se tradujo en la discriminación de su hijo y la pérdida de su empleo.

Los mensajes intercambiados con la hermana Celestina demuestran cómo pasó en cuestión de días del "gracias por tu currículum" al silencio administrativo más absoluto.​

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De ahí en adelante, todo fueron obstáculos. El colegio primero sugirió y luego presionó para trasladar a Pelayo a otra institución, argumentando recursos insuficientes y supuestas necesidades especiales.

Pero los informes internos carecían de lógica, según la propia madre y los dictámenes médicos que acompañan la denuncia interpuesta al centro por ella y a la cual ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Pelayo nunca llegó a utilizar ni tan siquiera las herramientas básicas de comunicación facilitadas por la familia, ya que el centro se desentendía de cualquier responsabilidad por daños o pérdidas.​

Los recursos públicos nunca llegaron. Ni ayudas económicas, ni adaptaciones tecnológicas, ni mediación real que frenase un clima de vulnerabilidad que arrastró a Nuria a la comisaría.

El expediente disciplinario abierto en la cofradía por denunciar estas circunstancias no hizo sino incrementar la presión y el aislamiento.​

Acoso y ninguneo

La denuncia interpuesta por Nuria narra con detalle el hostigamiento sufrido, no solo por su hijo sino también por ella misma. Rechazos, negación de apoyos, trabas burocráticas constantes y una presión velada para abandonar el centro fueron las marcas de un trayecto en el que la familia resistía pero nunca era escuchada.​

El acoso no era frontal ni explícito: "No hubo insultos ni golpes, pero sí un ninguneo sistemático, propuestas para que el niño cambiara de colegio, y la negación de recursos esenciales para su integración", relata Nuria.

Según la denuncia, a raíz de sus quejas le abrieron un expediente disciplinario en la cofradía, buscando minar su credibilidad y desviar el foco: "La persona expedientada y amenazada he sido yo, la desamparada he sido yo. Todo por intentar defender a mi hijo", recuerda.

Incomprensión institucional

La historia de Nuria y Pelayo pone rostro a la violencia institucional que sufren las familias de niños con discapacidad ante la falta de comprensión y recursos.

No es un relato de exclusión progresiva, sino de exclusión sistemática: "Me quedé sin trabajo, sin ayuda, con la salud mental mermada y luchando diariamente contra un sistema que, en vez de arropar, te señala".

La presión sostenida dejó huellas en todos los ámbitos: económicos, afectivos y psicológicos. Mientras el expediente de la cofradía se utiliza como escudo y la hermana Celestina evita enfrentarse cara a cara al conflicto, la realidad es que Pelayo y su madre han vivido dos cursos bajo sospecha, amenazas y con la incertidumbre de perder lo poco que han podido construir.

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A pesar de la insistencia y la constancia, Nuria también intentó recurrir a la Iglesia como última instancia.

Contactó reiteradamente con el Obispado de Orihuela para exponer todo lo que estaba sucediendo en el colegio y en su entorno, esperando una respuesta que nunca llegó.

"El obispado tiene conocimiento de la situación desde hace años y, aun así, no han hecho nada. Nos han ignorado olímpicamente", denuncia Nuria, resignada ante el silencio institucional que ha marcado su caso.

La falta de apoyo desde las instancias religiosas no solo acentuó la sensación de desamparo, sino que le hizo entender que la lucha tendría que ser aún más solitaria y persistente.​

Con el fin de contar con la versión del propio Obispado, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la misma, sin obtener respuestas.

Cambio lento

Hoy, tras la denuncia pública y la insistencia de Nuria, la situación ha cambiado. Meses después, la responsable anterior ha sido apartada y Pelayo ha podido iniciar el curso en un ambiente más integrador y humano, aunque las heridas quedan.

Pero la lección es amarga: "Quiero que se sepa lo que hemos pasado", insiste Nuria, "porque nadie debería tener que pelear el derecho de un niño distinto a estar con los demás", concluye.