El efecto Streisand se ha vuelto a abrir paso en el caso del hijo que quería que su padre no figurara en internet como el secretario que firmó la pena de muerte contra el poeta Miguel Hernández en marzo de 1940. La Justicia ha ratificado la decisión de la Universidad de Alicante (UA) de negarse a eliminar de sus buscadores el nombre de Antonio Luis Baena Tocón (ya fallecido) como una de las personas que instruyó el procedimiento sumarísimo al oriolano que, finalmente, fue conmutado por 30 años de cárcel (donde moriría de tuberculosis dos años después en el Reformatorio de Adultos de Alicante). 

El familiar del alférez ha vuelto así a experimentar el conocido como efecto que se produce cuando, en un intento de censura de la información de la que se consideraba afectado, y teniendo en cuenta que no era especialmente conocido, se acaba produciendo lo contrario a lo que pretendía: ahora todo el mundo sabe quién era su padre y en qué participó en las postrimerías de la Guerra Civil. Y todo tras la sentencia con fecha 1 de septiembre y que puede ser recurrida en apelación, que desestima la demanda por el llamado “derecho al olvido” que había presentado contra la decisión del pasado 29 de julio de 2019 por el entonces rector de la institución académica, Manuel Palomar. 

Aunque por poco, el hijo del padre consigue su cometido. Porque como recuerda la sentencia facilitada por el TSJCV. Primero fue el profesor del artículo en el que aparecía Baena Tocón, Juan Antonio Ríos Carratalá, el que accedió a sustituir el nombre del secretario por sus iniciales en el texto ‘El Caso Diego San José y el Juez Humorista', y que sigue disponible en el repositorio digital de la UA. Lo hizo a petición del familiar y el cambio lo efectuó el 21 de mayo de 2019. 

Poco después llegaría la decisión de la UA de eliminarlo del todo y con ella las críticas de los historiadores del peligroso precedente que sentaba el caso al entender que la universidad había dado prioridad al derecho al olvido digital en detrimento del derecho a la información. Así quedó un mes y medio, sin el nombre en cuestión en el artículo indexado que analiza el papel del Juzgado Especial de Prensa entre los años 1939 y 1943.

A este respecto, la sentencia de fecha de este miércoles señala que "es evidente que no podemos pedir a una universidad pública que ejerza una suerte de censura previa sobre la producción científica de su profesorado, porque ello supondría la reviviscencia de las formas de censura anteriores a la aprobación de la propia Constitución".

Después, y dado el revuelo, la UA rectificó y volvió a incluir el nombre, eso sí, con el acompañamiento en el texto de la explicación siguiente: "[nombre citado por resolución del rector de la UA del 30-VII-2019]". Poco después, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) archivaba la petición del hijo del militar para que Google borrara a su padre.

Claves de la sentencia

Ahora, el magistrado entiende que debe prevalecer “la libertad científica del investigador en un trabajo de investigación histórica, frente a la protección de los datos personales, cuando la información que contiene tiene relevancia o interés público”.

“Conocer el nombre de las personas que ejercieron autoridad y funciones públicas, como es el caso del juez y el secretario judicial, además de estar íntimamente relacionado con la finalidad misma del trabajo de investigación, resulta de interés público”, concluye el juez.

Sobre el texto en cuestión, el titular del juzgado concluye que "responde a una construcción historiográfica que permite una participación subjetiva del autor a la hora de plasmar e interpretar las fuentes en su relato, respondiendo, en esencia, a unos datos ciertos". Y añade que Antonio Luis Baena Tocón "intervino como secretario judicial en el Juzgado Especial de Prensa que instruyó el caso de los procesados Miguel Hernández y Diego San José, levantando diligencias de todo tipo, entre ellas de instrucción o indagación" de la condena a muerte del poeta alicantino.