Vista aérea del complejo cinematogrñafico alicantino Ciudad de la Luz.
Ciudad de la Luz cuesta más de 4,5 millones de euros al año y la Generalitat sigue asumiendo el peso del complejo alicantino
La administración valenciana ha mantenido la infraestructura en pie con gasto anual estable, mientras Moncloa trata de capitalizar ahora el éxito.
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Ciudad de la Luz no ha vuelto a la actividad sin un esfuerzo en solitario por parte de la Generalitat Valenciana, aunque ahora el Gobierno central trate de sacar pecho como mecenas del audiovisual. Un trabajo continuado de al administración autonómica para sostener un complejo que sigue teniendo costes de funcionamiento significativos y que, precisamente por eso, exige una política pública estable, paciente y cara.
Entre 2023 y 2025, el coste total del complejo fue de 4.240.722 euros, 4.639.691 euros y 4.524.147 euros, respectivamente, una factura que suma más de 13,4 millones de euros en tres ejercicios completos. Y eso solo en gastos de mantenimiento y gestión de la infraestructura cinematográfica alicantina.
Ese dato es clave porque permite separar dos planos que desde Moncloa han tratado de mezclar interesadamente con la visita del ministro Óscar López. Una cosa es el coste de mantener operativo el complejo de Ciudad de la Luz, y otra muy distinta las ayudas de Innovación o las líneas de financiación destinadas al ecosistema audiovisual de toda la Comunitat Valenciana.
Desde la Generalitat explican que esas ayudas no son para Ciudad de la Luz en exclusiva, sino para el conjunto del territorio valenciano, y que algunas de las empresas beneficiarias ni siquiera ruedan en Alicante. Por tanto, usar esas partidas como si fueran una transferencia directa al complejo sería una simplificación engañosa. El sostén real de Ciudad de la Luz, en cambio, sí tiene nombre y apellido: presupuesto autonómico.
Conviene recordar además que la supervivencia del proyecto no se entiende sin la recapitalización aprobada por el Consell en diciembre de 2023. Aquel acuerdo elevó la ampliación de capital de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital hasta 21,2 millones de euros, con un desembolso inmediato de 5,3 millones y el resto mediante aportaciones periódicas, con el objetivo explícito de garantizar la viabilidad de la sociedad que gestiona Ciudad de la Luz y el Distrito Digital.
La propia Generalitat dejó claro entonces que la medida no constituía una ayuda de Estado en los términos de la normativa europea, sino una operación para preservar una sociedad pública que presta un servicio de interés general. En otras palabras: mientras otros se hacen la foto cuando las cosas funcionan, el coste de que funcionen lo ha ido asumiendo Valencia.
![La Comunitat Valenciana sigue trabajando para posicionarse como referente en el sector audiovisual](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10882381.jpg?p=w:1706\/h:960&h=jmZTdofS"])
El Gobierno central puede presentar la inversión de 19,8 millones en Good Films como una apuesta estratégica por el audiovisual español y como prueba de que Alicante forma parte del Spain Audiovisual Hub. Pero ese capital entra cuando la infraestructura ya está sostenida, la sociedad gestora ya fue recapitalizada y el complejo ya ha pasado por años de gestión pública autonómica para evitar su deterioro o su parálisis. El Estado puede participar, pero no puede apropiarse del trabajo previo que ha permitido que exista un escenario operativo al que hoy llegan esas inversiones.
La historia reciente de Ciudad de la Luz también explica por qué este debate sigue siendo tan sensible en la Comunitat Valenciana. Bruselas llegó a declarar ilegales las ayudas públicas con las que la Generalitat impulsó en su día la construcción del complejo, y España tuvo que afrontar la recuperación de 265 millones de euros.
Aquella herida no desapareció con el paso del tiempo, sino que condicionó la trayectoria del recinto durante años. Precisamente por eso, el hecho de que la Generalitat haya seguido inyectando recursos para sostener su operatividad tiene un valor político que no debería minimizarse. No se trata solo de mantener unos platós: se trata de reconstruir la credibilidad de un activo que arrastraba una historia muy complicada.
Enredados, de Disney, sí concentra una parte relevante de ese impulso con 5 millones de euros, pero tampoco puede presentarse como un rodaje íntegramente ligado al complejo de Alicante porque desarrolla actividad también fuera de él.
