Antonio Peral, este miércoles en Urbanismo con los mapas del Plan General.
Alicante se alía con KPMG para revolucionar Urbanismo: licencias en tres meses y trámites en tiempo real
Antonio Peral impulsa un plan de choque de la mano de la consultora para acabar con el colapso de expedientes y dinamizar la economía local.
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El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado una reorganización integral de su departamento de Urbanismo para atajar uno de los principales cuellos de botella de la administración municipal: la acumulación de licencias y expedientes acumulados. Para canalizar esta reestructuración, el consistorio trabaja junto a la consultora KPMG en la elaboración de un diagnóstico y un plan de choque enfocado en la simplificación administrativa.
El concejal de Urbanismo e Innovación, Antonio Peral, reconoce a EL ESPAÑOL que la sobrecarga de trámites en el área como "una de nuestras peores pesadillas". Un lastre porque "hay unos trámites que no se han simplificado adecuadamente", a pesar de que la legislación actual ofrece margen para llevar esa agilización "al máximo posible".
El trabajo conjunto con KPMG busca aprovechar "las nuevas oportunidades que nos proporcionan las nuevas tecnologías" para automatizar procesos administrativos que hasta ahora dilataban los tiempos. Y un punto que Peral conoce bien por esa doble faceta en el Ayuntamiento en la que ya ha conseguido resultados frente al papeleo.
Peral ha puesto como ejemplo la transformación lograda previamente en el padrón municipal. "Antes tardaban dos meses en conseguirse un certificado de empadronamiento y ahora ya son 17 segundos en los ciberquioscos", ha recordado el responsable municipal para ilustrar el salto tecnológico que se pretende trasladar a la gestión del suelo.
El paso que quiere dar ahora con la consultora prevé que se dé en breve: "A mediados de octubre, o finales, ya tendremos un diagnóstico y un plan de actuación que voy a intentar poner en marcha lo más rápido posible".
Aprovechando esa doble responsabilidad al frente de las delegaciones de Urbanismo e Innovación, el edil pretende cruzar las competencias de ambos departamentos. Su objetivo es aprovechar las sinergias "para sacar el mayor partido posible" y conseguir "que se puedan hacer las cosas en tiempo real", reduciendo los plazos de licencias, informes y documentación.
![Han emitido en el primer mes de funcionamiento 952 certificados del padrón municipal.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10402642.jpg?p=w:320\/h:240&h=Yq9qSdk3"])
La meta prioritaria de este plan de choque es recortar drásticamente los tiempos de concesión de licencias para la edificación. Peral ha subrayado que lograr que "en plazos razonables de dos o tres meses se pudieran poner en marcha las obras y los proyectos que los empresarios y los promotores quieren poner en marcha en la ciudad" supondría "una oportunidad sin precedentes" y "un gran avance para nuestra ciudad".
"Solo con eso ya compensaría por toda la legislatura", ha enfatizado el concejal, destacando el impacto que la agilización burocrática tendrá sobre la inversión privada. En este sentido, ha remarcado que el área urbanística es "absolutamente fundamental desde el punto de vista financiero y económico", ya que su correcto funcionamiento "genera unos réditos importantes al municipio".
Para lograr este objetivo, el equipo de Gobierno del Partido Popular que dirige Luis Barcala atajará estas cuestiones combinando el asesoramiento de KPMG con "la modificación de las ordenanzas municipales" y la implantación de "nuevos protocolos" internos. La meta final es comprimir los tiempos de respuesta "al máximo que la ley nos permita".
La licitación municipal
El marco contractual de esta colaboración quedó ratificado mediante el expediente administrativo tramitado por la Junta de Gobierno Local, por el que se adjudicó a KPMG Asesores el "Servicio de asesoramiento, soporte y apoyo a la racionalización y simplificación de procedimientos administrativos en el ámbito de los Servicios Sociales y de Urbanismo". El contrato se fijó en un importe de 102.850,00 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.
El procedimiento superó previamente un recurso especial en materia de contratación interpuesto por otra firma licitadora, el cual fue inadmitido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACR), lo que permitió en abril desbloquear la formalización del contrato y reajustar sus anualidades para dar vía libre a la ejecución de los trabajos.
