Los paneles informativos en el parque El Palmeral, junto a un gato en la zona de la Ereta.

Los paneles informativos en el parque El Palmeral, junto a un gato en la zona de la Ereta.

Alicante ciudad

Cuidadoras de colonias felinas denuncian un abandono de los gatos en Alicante y falta de protección: "Nos han agredido"

La asociación denuncia que el abandono de los gatos y de las propias cuidadoras no es solo administrativo, sino también "social y policial".

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Alicante
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"Vaciar una piscina con una cuchara". Así describe Conchi Llinares, presidenta de la Asociación de Colonias Felinas de Alicante (ACOFAL), la "precaria gestión" que el Ayuntamiento realiza con los felinos urbanos de la ciudad.

En las calles de Alicante malviven aproximadamente 10.000 gatos, pero el consistorio apenas esteriliza a 250 al año, lo que convierte la cifra en un "mero trámite para justificarse":

Ante lo que consideran como un "vacío institucional y un "incumplimiento sistemático de las leyes" de bienestar animal estatal (7/2023) y autonómica (2/2023), son las voluntarias quienes asumen una carga económica y emocional que, por ley, pertenece a la administración pública.

En concreto, la asociación denuncia que el abandono de los gatos y de las propias cuidadoras no es solo administrativo, sino también "social y policial". Las gestoras de colonias, que a menudo actúan a escondidas por miedo a las represalias, denuncian estar sometidas a insultos, amenazas y agresiones diarias por parte de vecinos intolerantes.

"Una vecina al verme alimentar me dijo que los gatos traen ratas", relata Llinares, enfrentándose a un entorno que ignora que la labor de estas mujeres beneficia a toda la comunidad al mantener la higiene y controlar las plagas.

La situación de indefensión se agrava drásticamente por la falta de respaldo de las autoridades. Según ACOFAL, cuando las voluntarias intentan denunciar delitos flagrantes —como vecinos que instalan jaulas trampa en sus chalets o gatos abandonados y encerrados en balcones sin protección—, la policía minimiza sus llamadas.

Las jaulas ilegales continúan en su sitio sin que los agentes intervengan, mientras las voluntarias ven cómo los gatos de sus colonias desaparecen cada día.

Para sostener la supervivencia de estos animales, las cuidadoras sufragan de su propio bolsillo y mediante donaciones los gastos de veterinario, alimentación, esterilización y limpieza.

"Esto ocurre porque en Alicante el departamento de protección animal es un área sin presupuesto real ni personal técnico adecuado, relegado a la concejalía de Sanidad, donde los animales son vistos exclusivamente como un problema higiénico", asegura Llinares.

Ante este panorama, las recientes protestas animalistas responden a los intentos de "desahucio" en areas como El Palmeral y la Ereta.

Hace un año, en El Palmeral, según ACOFAL, operarios municipales retiraron "sin previo" aviso tolvas de agua, comida y casetas compradas por las alimentadoras, un acto que la concejalía de medioambiente negó después en un pleno del Ayuntamiento.

Hace apenas un mes y medio, la historia se repitió en el castillo de Santa Bárbara (La Ereta). Se dejó a los animales —muchos de ellos censados, esterilizados y microchipados por el propio Ayuntamiento— sin refugio ni alimento bajo la lluvia.

"Los quieren poner donde está la zona de parking; quieren que desaparezcan", advierte la presidenta de ACOFAL, recordando que hace tres años una empresa privada del castillo trasladó a 12 gatos a Bacarot y todos murieron.

"Trasladar colonias sin los informes técnicos que lo avalen es una práctica ilegal, ya que expone a los gatos a morir por estrés o atropellos al intentar regresar a su territorio", recuerda Llinares.

Frente a esta "crueldad institucional", ACOFAL lanza un mensaje contundente: "Los gatos que hay en la calle no han nacido como champiñones, son fruto de la tenencia irresponsable de los humanos".

La asociación exige al consistorio alicantino que mire hacia modelos de éxito en la convivencia felina, como los implementados en Córdoba o en la vecina Torrevieja.

"Aplicar la ley requiere voluntad política para implantar un protocolo integral y realizar un censo oficial, ejecutar campañas de esterilización (CER) intensivas, dotar de presupuesto a la gestión, formar a la policía y dotar de un carnet oficial a las alimentadoras para protegerlas del acoso vecinal", resume la presidenta.

"Las voluntarias somos las primeras que no deseamos más gatos sufriendo en las calles", sentencia . Su objetivo es lograr un control ético para que, de manera natural, la población felina disminuya y los que queden "puedan vivir con dignidad y respeto":