El diputado del PP, José Juan Zaplana, sobre una imagen de un programa de opinión de RTVE.
El dossier de las 144 páginas sobre el 'odio' en la TV pública: el PP desnuda la hipocresía sobre À Punt y RTVE en las Cortes
José Juan Zaplana contrapone las acusaciones contra el ente autonómico y exhibe un informe de RTVE sobre las agresiones verbales a sus compañeros.
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El Debate de Política General en las Cortes Valencianas se convirtió esta semana en el escenario de una severa discusión sobre la ética periodística de los medios de comunicación públicos, la integridad del debate democrático y los difusos límites entre la libertad de expresión y la descalificación personal e ideológica. La chispa que prendió la polémica procedía de las bancadas del PSPV y Compromís, cuyas iniciativas parlamentarias buscaban fiscalizar y frenar determinadas emisiones de la radiotelevisión pública autonómica, À Punt, a raíz de los insultos dirigidos por un tertuliano contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
No obstante, lo que se preveía como una ofensiva de reprochabilidad moral contra la cadena autonómica viró bruscamente de rumbo tras la contundente réplica del diputado autonómico popular José Juan Zaplana. Con una cuidada puesta en escena parlamentaria, Zaplana subió a la tribuna sosteniendo un voluminoso archivador de la corporación estatal que no tardó en exhibir ante la mirada de todo el plenario. Su estrategia no buscó justificar el descrédito en el lenguaje mediático, sino desnudar lo que calificó como una flagrante hipocresía en la indignación de la izquierda.
Blandiendo el informe oficial del Consejo de Informativos de Televisión Española, el parlamentario popular alicantino recordó que dicho órgano tuvo que abrir una investigación de oficio e investigar más de un centenar de quejas relacionadas con espacios de máxima audiencia estatal como Mañaneros 360 o Malas lenguas. En sus propias palabras, no se trataba de una especulación ni de un panfleto partidista, sino de "144 páginas reales, no ficticias" que acreditaban el incumplimiento sistemático de los principios éticos en la televisión pública financiada por todos los ciudadanos.
Durante su intervención, Zaplana fue desgranando de manera pormenorizada algunos de los pasajes recogidos en el expediente estatal para ilustrar cómo se ha tratado a diversos líderes del Partido Popular desde platós financiados con fondos públicos. Citó de forma explícita las afirmaciones dedicadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quien se llegó a aseverar en antena que "no tiene un estado mental mínimamente normal" y que era "un buen momento para desclasificar el expediente clínico" de la dirigente.
El diputado autonómico del PP, José Juan Zaplana, en el Debate de Política General.
También, el diputado trasladó a la cámara valenciana las valoraciones vertidas por colaboradores televisivos hacia el electorado y la dirigencia conservadora, reproduciendo afirmaciones donde se aseveraba que "este es un país de idiotas" y que "hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al PP y a Vox", rematando que sus líderes habían demostrado ser unos "inútiles mentales".
La argumentación de Zaplana alcanzó su punto álgido al repasar los ataques dirigidos hacia el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, recordando cómo se le acusó de tener una "cara de cemento armado" y de actuar como un "sinvergüenza" y un "cobarde". Para redondear el cuadro de la degradación verbal, el parlamentario enumeró la lista de epítetos vertidos en la cadena pública estatal contra figuras de la oposición, definiendo el repertorio como una suma de "cucarachas, mentirosos, cortitos, miserables, asesinos, ratas cobardes, sinvergüenzas, incapaces, inútiles e mofetas".
![Los informativos, como el presentado por Jordi Cabezas, son el puntal de la audiencia de la televisión autonómica.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11344960.jpg?p=w:320\/h:240&h=e2DW6ZrA"])
El impacto político de la intervención no residía únicamente en el catálogo del insulto por parte de los tertulianos de izquierda, sino en la denuncia del uso sistemático de los recursos públicos para sostener un relato sesgado. Zaplana afeó a la oposición su complicidad con lo que calificó como una estructura de propaganda, señalando que "las entrevistas a Sánchez, en lugar del personal de la casa, las realizan periodistas externos afines al régimen y muy bien pagados".
Bajo esta premisa, afeó la falta de legitimidad de la izquierda para exigir purgas o cancelaciones en el ámbito autonómico mientras guarda silencio ante la manipulación en el ámbito nacional, exhortándoles a que "saquen las manos de la manipulación brutal a la que tienen sometida a Telepedro".
El trasfondo de esta controversia trasciende la mera refriega de partido para situar en el centro del tablero periodístico un problema estructural: la paulatina colonización de la televisión pública por la lógica del espectáculo bronco y la polarización. Cuando la opinión respetuosa es arrinconada por la descalificación personalista, los medios públicos traicionan su vocación de servicio ciudadano para convertirse en trincheras ideológicas.
En su cierre, Zaplana reprochó a la oposición pretender "limitar la libertad de expresión, pero solo cuando las opiniones no les gustan", concluyendo que "no se puede tener una vara de medir para los insultos cuando los recibe Pedro Sánchez y otra mientras ustedes instigan y premian a quien los realiza contra Feijóo, Ayuso o Mazón", un comportamiento que resumió categóricamente bajo la palabra "hipocresía".
