La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos personas, un varón y una mujer, como presuntas autoras de los delitos de estafa y falsedad documental tras engañar a un matrimonio con la venta ficticia de dos franquicias. Las víctimas viajaron desde Argelia y llegaron a pagar más de 67.000 euros por unas propiedades que no existían. 

La investigación policial tuvo su inicio tras la denuncia en la Comisaría Provincial de Alicante de una mujer que denunciaba haber sido víctima junto a su marido de una estafa, manifestando a los agentes que en septiembre del año 2019, tras ver un anuncio en una conocida red social en el que se ofrecía obtener el premiso de residencia en España mediante la compra de una franquicia empresarial que costaba 50.000 euros, contactó con una persona que le confirmó lo expuesto en el anuncio.

Tras acordar los pormenores de la operación financiera, la víctima viajó desde Argelia junto a su marido a Alicante donde concertaron una cita con un varón que los trasladó a una notaría en la que firmaron un contrato y una escritura de compraventa de participaciones de empresa.

[Así trabaja un detective privado en la Comunitat Valenciana: "No valoramos, reflejamos la realidad"]

Posteriormente la víctima realizó tres transferencias bancarias por un total de 52.615 euros firmando unos documentos en los que supuestamente figuraba como franquiciada de una empresa. Poco tiempo después recibió una nueva propuesta del varón con el que habían firmado el contrato y la escritura de la franquicia en la que les ofrecía un sueldo mensual de 3.500 euros si compraba una segunda franquicia por un valor de 30.000 euros. Por si esto fuera poco, también les ofreció a cambio de contratar esa segunda franquicia un apartamento con vistas al mar sin tener que pagar por ello ningún alquiler. La víctima, creyendo que lo que le ofrecían era real, accedió a comprar una segunda franquicia, viajando de nuevo a España para firmar más documentos y realizando un pago inicial de 14.500 euros, tras lo que regresó de nuevo a Argelia.

La perjudicada, tras no recibir durante algún tiempo ninguna noticia de este varón sobre las franquicias adquiridas ni sobre la tramitación de su permiso de residencia, intentó contactar con el mismo, no contestando éste a sus llamadas. Ante esta situación la víctima buscó en foros de redes sociales información sobre esta persona, encontrando comentarios sobre una persona que había estafado a varios argelinos y cuya foto coincidía con el varón que al parecer también le había estafado a ella. A pesar de que los hechos tuvieron lugar en el año 2019, una enfermedad y las restricciones COVID-19 han imposibilitado que pudiera desplazarse hasta Alicante para interponer denuncia lo que sí hizo hace unas semanas.

Ante estos hechos, los agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo 2 de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante iniciaron una investigación en la que tras consultar la documentación aportada por la víctima y realizar diversas comprobaciones policiales identificaron en primer lugar a una mujer como administradora única de la empresa con la que la víctima había realizado las dos franquicias. Los agentes consiguieron también identificar plenamente al varón con el que la víctima había contactado y había firmado los contratos.

Durante la investigación los agentes comprobaron que las franquicias que supuestamente habían sido vendidas por los investigados no existían, y por lo tanto las operaciones realizadas mediante la firma de contratos en la notaría eran ficticias, siendo todo un engaño en los que estafaron a la víctima según la documentación aportada hasta el momento un total de 52.615 euros.

Finalmente, una vez comprobado los hechos y localizados los dos presuntos autores de los hechos, siendo estos una mujer y un varón, de 33 y 49 años de edad y de nacionalidad española y argelina respectivamente, fueron detenidos por los agentes por la presunta comisión de los delitos de estafa y falsedad documental.

Todas las actuaciones policiales fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.