El estallido del caso Azud ha desvelado una presunta red de comisiones en el Ayuntamiento de Valencia con ramificaciones en otros municipios de la Comunidad. Uno de ellos fue, de hecho, el primero en el que se registró una denuncia relacionada con la trama: Xixona, donde el que fuera alcalde socialista, Ferrán Verdú, paró la implantación de un Proyecto de Actuación Integrada (PAI) que afectaba a más de cinco millones de metros cuadrados del municipio. 

Verdú llegó a la Alcaldía en 2007 con mayoría absoluta. En 2003 el PSOE también había ganado las elecciones, pero una coalición del PP con el CIX (independientes de Xixona) permitió a la popular Rosa María Verdú hacerse con la vara de mando. En aquella época, el inicio de la burbuja inmobiliaria, había "una avalancha de campos de golf y urbanizaciones", y Jijona era un pueblo con pocos habitantes pero mucha superficie donde construir. 

"Estamos hablando de proyectos con millones de metros cuadrados", agrega. "Nosotros mantuvimos una política general contraria a la implantación de estos proyectos. Si solo hubiese llegado uno, lo habríamos estudiado, pero cuando tienes encima de la mesa seis o siete de la misma naturaleza..." 

En el caso del PAI El Espartal, el que aparece en el sumario del caso Azud, la intención era levantar una urbanización con 5.300 casas y un campo de golf. ¿El problema? "Pues en principio varios de carácter medioambiental: afectaba a un espacio natural como es La Carrasqueta y no había suficiente agua para que fuese viable", explica Verdú. 

Todo ello quedó en un segundo plano cuando afloró el conflicto de intereses: tanto la alcaldesa como dos de sus concejales "tenían suelo afectado por el convenio", es decir, que iban a "ganar mucho dinero" con la aprobación del PAI. No solo eso. "Se firmó un acuerdo urbanístico con compensaciones económicas que no quedaban nada claras". Hubo manifestaciones en el municipio y la postura contraria al proyecto caló en la opinión pública. 

"En esos años se vieron cosas alucinantes. Pese a tener intereses directos, los ediles afectados "no se abstuvieron en ninguna votación, ni en comisión de Gobierno ni en pleno". No podían porque, de haberlo hecho, se hubiesen quedado en minoría y el PAI no hubiese continuado su tramitación. "Solicitamos informes a la Secretaría del pleno para que aclarase cuál era el posicionamiento legal, pero no llegaron".

Finalmente, cuando Verdú tuvo conocimiento del convenio urbanístico y de los propietarios de los suelos, presentó una denuncia en Fiscalía advirtiendo de la presunta comisión de tráfico de influencias y prevaricación.

Aún no lo sabía, pero la operación de Jijona era solo una más en la macrocausa que luego cristalizaría en Azud. La juez apreció indicios de delito y finalmente paralizó el PAI en mayo de 2007, justo cuando el PSOE ganó las elecciones en el municipio con mayoría absoluta. 

Una oficina y el papel de Vera

El sumario del caso Azud detalla la intrahistoria de esta operación. Según los investigadores, la primera propuesta de la mercantil Valent SA para comprar 2,8 millones de metros cuadrados y montar el proyecto, presentada entre 2003 y 2004, fue desestimada por el Ayuntamiento. El motivo es que miembros del equipo de Gobierno, incluyendo la primera edil, "exigieron incluir suelo" perteneciente a la empresa Invemi SA, controlada por familiares directos. 

Esto incrementó la superficie de El Espartal en 2,2 millones de metros cuadrados, mediante una operación en la que se utilizó una firma pantalla para que no se pudiese vincular directamente a la primera edil con el PAI, según detalla la juez instructora de Azud. Se adquirió el suelo propiedad de los políticos por precios por encima de su valor (hasta 18 euros por metro cuadrado cuando valía unos tres), lo que iba a suponer un enorme pelotazo. 

Este convenio fue finalmente declarado nulo precisamente por la falta de recursos hídricos para desarrollarlo, y ahí es donde entra en escena José Luis Vera, el juez ligado al PSOE que, según la instrucción, actuaba como "conseguidor" en administraciones socialistas.

Su papel fue rescatar el PAI firmando un acuerdo con Acuamed, a través del cual la desaladora de Mutxamel iba a proporcionar agua a Xixona. Se creó la empresa Espacios Urbanos de Xixona SL, presuntamente por orden del empresario Jaime Febrer, para reiniciar todo el procedimiento. Tanto Vera como Febrer están imputados en la causa.  

La llegada de Verdú a la Alcaldía y su "oposición frontal" al proyecto acabaron por ahogar a la macrourbanización. El exalcalde recuerda que la nueva sociedad incluso creó una oficina "a 50 metros del Ayuntamiento en plena época electoral" para tratar de hacer cambiar la opinión pública. Se desarrolló una labor de propaganda y comunicación e incluso se prometió un centro de alto rendimiento. No funcionó y el "no" ganó las elecciones, precisamente en un año en el que el PP de Francisco Camps tiñó todo el mapa de la Comunidad Valenciana de azul. 

Verdú indica que, ya como alcalde, se reunió con la firma para "escuchar todo lo que tenían que decir", y que en ese encuentro estuvo el propio Vera. "Yo me limité a transmitirles que un PAI de esas características no tenía cabida en el municipio. E incluso sugerí que lo reconvirtiesen el proyecto en otro para la instalación de huertos solares". No funcionó. 

El exalcalde recuerda ahora aquella época como una "de impunidad y prepotencia". "Estas cosas, que clamaban al cielo, se ponían encima de la mesa y el desprecio era absoluto", afirma. Pero sobre todo se queda con "el descaro" que suponía "saber lo que estaba pasando, porque aquí nos conocemos todos, y que no pareciese importarles lo más mínimo".