El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha afirmado este domingo que el caso Azud es "un caso del PP", ya que se refiere a una época del pasado en el que ese partido tenía mayoría absoluta en todas las instituciones, "y no es un caso de ningún otro" partido.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la marcha del 1 de mayo, ha reivindicado que el PSPV-PSOE "ha adoptado las medidas que correspondían por una cuestión ética", en referencia a la dimisión del síndic socialista, Manolo Mata, para ser abogado defensor de uno de los acusados de Azud, un empresario presunto cabecilla de la trama.

Pese a estas declaraciones, lo cierto es que los socialistas tienen por el momento a tres exaltos cargos imputados: el que fuera jefe de finanzas del partido durante décadas, José María Cataluña, el exsubdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio, y José Luis Vera, aún jefe jurídico de la antigua Imelsa.

De hecho, y tal como contó EL ESPAÑOL, los investigadores atribuyen a Vera, un exjuez que los socialistas colocaron en la Diputación de Valencia, el ejercer de conseguidor de contratos en Administraciones gobernadas por los socialistas. En teoría, y según el sumario del caso Azud, cobró 1,3 millones de euros en mordidas a cambio de favorecer los intereses de grandes promotoras en diversas administraciones socialistas.

El pasado 21 de abril el juzgado que había asumido las diligencias derivadas de la Operación Azud, la trama de la que formaría parte el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, acordó el levantamiento de parte del secreto de sumario tras cinco años de investigación. 

Esta macrocausa penal acredita una presunta corrupción sistémica en el Ayuntamiento de Valencia que habría servido a los dos grandes partidos para financiarse durante años. También han trascendido informaciones que afectan a históricos referentes de Compromís, como es el caso de Pere Mayor, uno de los fundadores del Bloc Nacionalista Valencià, quien habría cobrado una comisión de 12,6 millones de euros por una operación urbanística.  

Actuar "con rotundidad"

El presidente ha insistido en que si alguien ha hecho "algo mal en el pasado" actuarán "con toda la rotundidad y consecuencia", y ha defendido que lo que hay que hacer es "mirar adelante", siempre "con confianza en la justicia y tomando las decisiones que hay que tomar en cada momento".

Puig ha indicado que Mata ha decidido que era "claramente incompatible" estar en una institución y al mismo tiempo defender a un acusado de este caso, a pesar de que llevaba ya un año en esta situación. Respecto al relevo del síndic socialista ha manifestado que es una cuestión que se irá "abordando esta semana con tranquilidad".

Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha señalado al ser preguntada por la marcha de Manolo Mata: "Le echaremos de menos".