Un perro en una imagen de archivo
Es oficial: la Ley de Bienestar Animal obliga a acreditar la incineración o entierro de las mascotas fallecidas
La normativa refuerza el control tras la muerte de las mascotas y obliga a los dueños a justificar su incineración o entierro mediante un procedimiento oficial.
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La nueva normativa de bienestar animal deja claro qué ocurre tras la muerte de una mascota: desde ahora, los propietarios están obligados a acreditar que el animal ha sido incinerado o enterrado a través de una empresa autorizada.
Los animales de compañía ya no son solo eso. En muchos hogares se han convertido en un miembro más de la familia, con todo lo que eso implica a nivel emocional. Por eso, cuando fallecen, el impacto es profundo y gestionar ese momento no siempre es sencillo.
En ese contexto, una de las dudas más habituales entre los dueños es qué pasos deben seguir tras la muerte de su mascota. Más allá del duelo, existen también obligaciones legales que conviene conocer para evitar problemas.
La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales regula de forma específica estas situaciones. En su artículo 26, establece las obligaciones de los propietarios, tanto en vida como tras el fallecimiento del animal.
Entre ellas, se incluye la necesidad de comunicar la retirada del cadáver de un animal identificado. Tal y como recoge la propia ley, es obligatorio "comunicar a la administración competente la retirada del cadáver de un animal de compañía identificado".
El punto clave llega cuando se tramita la baja del animal por fallecimiento. La normativa es clara: no basta con notificar la muerte.
La ley establece que “la baja de un animal de compañía por muerte deberá ir acompañada del documento que acredite que fue incinerado o enterrado por una empresa reconocida oficialmente”.
Además, ese justificante debe incluir el número de identificación del animal y los datos de su responsable.
En otras palabras, el proceso debe quedar registrado de forma oficial. No se trata solo de una recomendación, sino de una obligación legal.
Esta medida busca evitar prácticas inadecuadas y garantizar un tratamiento digno también tras la muerte del animal. La ley introduce así un mayor control sobre todo el ciclo de vida de las mascotas.
Incluso contempla situaciones excepcionales. En caso de no poder recuperar el cadáver, "se deberá documentar adecuadamente", lo que refuerza la idea de que todo debe quedar registrado.
Más allá de este aspecto, la ley también refuerza otras obligaciones clave para los propietarios, como garantizar el bienestar del animal durante toda su vida.
La norma insiste en que deben mantenerse "integrados en el núcleo familiar", con buenas condiciones de salud e higiene, así como recibir los controles veterinarios obligatorios.
Además, pone el foco en la responsabilidad de evitar la cría incontrolada, identificar a las mascotas mediante microchip o prevenir situaciones que puedan generar molestias o riesgos.
