Pedro Sánchez levantó ayer una nueva polvareda al anunciar que reunirá de forma extraordinaria al Consejo de Ministros para poner fin al uso de mascarillas en exteriores.
El Gobierno lo hará sin consultar la opinión de la Comisión de Salud Pública y saltándose al Consejo Interterritorial, donde están presentes las comunidades autónomas y donde siempre dijo que se decidiría.
La medida entrará en vigor el próximo sábado 26 de junio, coincidiendo con la semana en la que Moncloa pretende aprobar los indultos a los presos del procés, como informamos en EL ESPAÑOL. Resulta difícil ignorar la sincronía y oportunismo de la decisión sanitaria.
Sin consenso
No parece casual que Sánchez hiciera este anuncio en Barcelona, sin profundizar en el asunto, sin entrar en detalles y contra la palabra de su propio Gobierno. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, había asegurado en varias ocasiones que la retirada de las mascarillas se produciría en un clima de consenso y con el acuerdo del Consejo Interterritorial.
Contrariada, la Junta de Andalucía reconoció su malestar. El vicepresidente Juan Marín avanzó que seguirán recomendando el uso de la mascarilla "hasta que la situación sanitaria no mejore en términos absolutos". El gallego Alberto Núñez Feijóo, por su parte, mostró su inclinación favorable a la medida. Eso sí, cuestionando la verdadera motivación que la suscita.
Los gobiernos autonómicos recuerdan que eliminar las mascarillas es una decisión "técnica" que debería estar respaldada por la opinión de los expertos, y siempre ha estado vinculada a unos porcentajes altos de vacunación, para garantizar que esta medida no se vuelve en contra.
Con prisas
Desde el inicio de la vacunación masiva, el Gobierno hizo hincapié en la necesidad de alcanzar el 70% de vacunados. En esa cifra se estima que reside la inmunidad de grupo. Y si bien es innegable que el proceso va a buen ritmo, cada vez a una velocidad superior, la realidad es que el porcentaje de españoles con la pauta completa ronda el 30%. Y hasta finales de verano no se llegará al objetivo.
¿Por qué urge, entonces, la retirada de una medida protectora que siempre se defendió como imprescindible para frenar la propagación del virus? ¿Por qué no esperar a la opinión científica y consensuada de los expertos? ¿No es apresurarse ante un riesgo manifiesto de aglomeraciones en época estival?
Además de una hábil maniobra para anotarse la exclusividad del tanto, parece claro que Sánchez pretende tapar el escándalo de los indultos. Más allá de que la retirada de las mascarillas esté en sintonía con lo que están haciendo otros países de nuestro entorno. Macron también la ha aprobado en Francia.
Ahora bien, un asunto tan sensible, cuando todavía pagamos las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia, requiere más seriedad. Demanda, fundamentalmente, el amplio consenso de las administraciones, el respaldo de la opinión científica y una gestión desligada de las circunstancias políticas del momento.