El rugido del león

El castellano en Cataluña, eje inexcusable de la campaña

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Hoy aportamos en EL ESPAÑOL el testimonio de tres familias que intentaron que en los colegios catalanes donde estudiaban sus hijos se cumpliera la ley en materia lingüística, que prevé un 25% para el castellano. Su experiencia se resume en las declaraciones de una de las madres: "Destrozaron la vida a mis niños".

Dos de estas familias tuvieron que cambiar de colegio a sus hijos, la otra sigue sufriendo presiones para que lo haga. ¿Cuál fue su pecado? Exigir el cumplimiento de sus derechos, ejercitar su libertad de elección para poder estudiar una cuarta parte de las asignaturas en su lengua materna, que según el artículo 3 de la Constitución es la lengua oficial del Estado.

Vivir un calvario

Estos padres vivieron un calvario, con manifestaciones a las puertas del colegio, con amenazas, con persecución, con estigmatización pública, con marginación social, con perjuicio en algún caso para sus negocios. Sus experiencias son la prueba definitiva de que la situación en Cataluña ha escapado de todo control, ya no legal, lo cual es en sí mismo gravísimo e intolerable, sino moral.

Si el color de piel de estas personas fuera otro estaríamos hablando de racismo puro y duro, pero está demostrado que en la España del siglo XXI se pueden pisotear derechos en nombre de proyectos colectivos, exactamente lo mismo que ocurrió en los peores tiempos del XX.

Después de que el Tribunal Constitucional establecise en la sentencia sobre el Estatuto que en la educación debe existir una "proporción razonable" de castellano y catalán, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fijó ese equilibrio en el 25% de castellano, porcentaje que ratificó posteriormente el Supremo en una decisión salomónica: los padres recurrentes solicitaban que catalán y castellano se utilizaran al 50%, para hacer verdaderamente real el bilingüismo, y la Generalitat consideraba que le correspondía a ella establecer ese tipo de porcentajes.

Atmósfera hostil

La norma es perversa desde el momento en que obliga a que las familias soliciten en el centro su aplicación, y tienen que hacerlo en un entorno claramente hostil, dominado por la atmósfera nacionalista, con las autoridades políticas y educativas en contra. Baste decir que a uno de los padres reclamantes, el director del centro le dijo que lo mejor que podía hacer era llevarse a sus hijos a otro colegio.

Existe miedo, tanto a represalias como a ser señalado y a no poder hacer una vida normal. Las autoridades catalanas vienen justificando su oposición a aumentar las horas lectivas en castellano con el argumento de que son muy pocos quienes lo reclaman. Es un ejercicio de gran cinismo por su parte. Visto cómo se trata a quien se atreve a solicitarlo cabría decir que aún son muchos. Hay que ser un héroe.

Otra de las coartadas de la Generalitat, que han aceptado incluso partidos no nacionalistas como el PSOE, es que el sistema es eficaz, y que algunos de los mejores resultados escolares se dan en Cataluña, lo cual supone invertir los términos de la cuestión. Porque podría suceder también que utilizando en la mitad de clases el catalán y la otra mitad el castellano los resultados académicos fueran buenos o incluso mejores. ¿Por qué no hacen la prueba? Pero aquí no hay un problema de eficacia, sino de libertad y de derechos básicos.

Abandonados por el Estado

La realidad es que el Estado abandonó hace años a su suerte a los padres que han pretendido que sus hijos pudieran educarse en las dos lenguas oficiales en Cataluña, sin discriminación. No ha sido posible. Una de las madres a las que hemos entrevistado asegura que se arrepiente de haber iniciado esa lucha. Hoy sus hijos, después de todo lo que han pasado, tienen que estudiar a 30 kilómetros de su lugar de residencia.

La derrota de esta mujer no es la suya, sino la de un país en el que no se cumplen las leyes ni se respetan derechos fundamentales. Es una vergüenza nacional que debería llevar a todos los partidos con sentido de Estado a fijarse como objetivo que la doctrina del Supremo que obliga a impartir un 25% de las clases de español en Cataluña -¿qué menos?- se aplique de forma generalizada, sin necesidad de que las familias tengan que exponerse al escarnio y al linchamiento públicos. La previsible campaña electoral en ciernes sería una buena piedra de toque para demostrar esa voluntad política de defensa de los derechos de los ciudadanos.