El procedimiento que se sigue por prácticas mafiosas contra Manos Limpias y Ausbanc constituye un jarro de agua helada que puede extender la sospecha de que la corrupción inunda todos los ámbitos de la vida pública. Lo fundamental es que la gravedad de los hechos que se investigan no se convierta en un pretexto para desacreditar una institución clave para el Estado de Derecho, como es la acusación popular. 

Las directivas del sindicato independiente y de la asociación de usuarios de banca han sido acusadas de organización criminal, extorsión y estafa por haberse dedicado durante años a chantajear a todo tipo de empresas, aseguradoras y entidades financieras a las que pedían grandes sumas de dinero a cambio de no presentar acusaciones contra ellos, o de retirarse de los juicios en los que ejercían la acusación popular. En el caso de Ausbanc, aprovechó también su fachada de entidad sin ánimo de lucro para captar ayudas públicas, por lo que también están siendo investigada por fraude en subvenciones y blanqueo.

Pago-trampa

Las grabaciones incluidas en el sumario demostrarían que el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, y el de la asociación de usuarios de banca, Luis Pineda, contactaron en febrero con Caixabank y Sabadell para ofrecer la retirada de la imputación de la infanta Cristina de Borbón a cambio de tres millones de euros. La Policía llegó a preparar un pago-trampa de un millón y medio para desmontar el intento de extorsión y atraparles. Asimismo, hay indicios de que el presidente de Unicaja, Braulio Medel, pagó un millón de euros para lograr que Manos Limpias se retirara del caso del fraude de los ERE.

Se trata de prácticas mafiosas perseguibles que, si bien retratan a sus autores como a delincuentes, no invalidan las investigaciones que impulsaron. Existen motivos sobrados para que la hermana del rey se siente en el banquillo por participar en la trama organizada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres a través del Instituto Nóos y sus filiales; lo extraño, de hecho, es que Anticorrupción se opusiera. Del mismo modo, hay elementos suficientes para investigar el caso de los ERE hasta sus últimas consecuencias caiga quien caiga. Otra cosa es que la utilización espuria de la acusación popular no merezca ser perseguida judicialmente con la misma contundencia.

Bernad y Pineda en prisión

Los indicios incriminatorios contra Miguel Bernad y Luis Pineda son tan sólidos que el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, ha decidido este lunes el ingreso en prisión de ambos. La medida preventiva se ajusta a la gravedad de las imputaciones y parece además razonable por la alarma social que puede implicar la malversación de un derecho.

Resulta desazonador pensar durante cuánto tiempo Manos Limpias y Ausbanc han podido estar perpetrando fechorías similares mientras se presentaban ante la opinión pública como dos Robin Hood frente a los poderosos. En este sentido, es frustrante que la Guardia Civil interceptara hace nueve años una conversación reveladora de las maniobras delictivas de Bernad y no llevase entonces este testimonio a la Fiscalía. En el marco de una investigación sobre un caso de corrupción urbanística en Totana en 2007, Bernad ofreció su servicios a un comisionista con una frase que dejaba al descubierto sus métodos: "Demandamos, montamos ruido en prensa y negociamos... si el fiscal no actúa de oficio y lo jode todo".

Es un indicio más de que a veces con razón, a veces sin ella, y a menudo como negocio, Bernad y su banda malversaban un derecho de todos para extorsionar a sus víctimas. Su caso es una prueba más de que el fin no justifica los medios ni para los delincuentes, ni para los jueces, ni para quienes ejercen la acusación popular.