La Fiscalía pide 20 años de cárcel para seis ex altos cargos de la Junta por los ERE

Dos de las muchas piezas en las que está dividido el caso de los ERE, las relativas a las ayudas a las empresas Acyco y Surcolor, han supuesto la petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de hasta 20 años y cuatro meses de cárcel para seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Entre ellos se encuentra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, para quien además se pide una pena de 44 años de inhabilitación. La instrucción de estas piezas por parte del juez Álvaro Martín se dieron por cerradas hace apenas 15 días en el caso de Acyco, y hace una semana en el caso de Surcolor.

La cuenta de Fernández no se queda ahí, sobre él pesa otra petición de ocho años de cárcel por la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, o lo que es lo mismo, la pieza política de esta macrocausa y por la que también están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán (fue la primera pieza). La única noticia positiva que ha recibido Fernández en los últimos tiempos es el archivo esta misma semana de la pieza política de los fondos de formación. Algo que él mismo apuntó cuando dijo que sería un “bluf” en su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía correspondiente a Acyco, empresa que recibió 3,2 millones en ayudas y en cuyo ERE hubo intrusos (personas que se beneficiaron de prejubilaciones sin haber trabajado para esas compañías), a Fernández le corresponderían ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, así como cuatro años y medio de cárcel, cuatro años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento oficial.

El 'conocimiento' de Guerrero

Junto a él están procesados el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, para los que solicita se piden distintas penas en una horquilla de los doce a los cuatro años y medio de cárcel. A ellos, se suman otros seis procesados más.

En la lista de procesados por el caso de Surcolor y Surcolor Óptica (son 16 procesados), además de los ya citados, Fernández, Barberá, Guerrero y Rivas para los que se piden otros 8 años de prisión (para Márquez y Rivera son seis años), aparece la figura del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, para el que se pide la misma pena por por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de prevaricación, a su vez, en concurso medial con un delito de malversación. Para la Fiscalía, Lanzas fue el encargado de facilitar la búsqueda de fondos de la Junta para atender a los pagos de la extinción de contratos de los trabajadores (por la que recibió una comisión o “contraprestación económica”), y para ello contactó con Rivas y Guerrero, y este último se los proporcionó.

Para el Ministerio Fiscal, Rivas, “con el conocimiento y consentimiento” de Guerrero, “instó” a introducir como beneficiarios a dos personas que "no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas", es decir, hubo dos instrusos. Y todo esto, “con el conocimiento y consentimiento” de Fernández y de Barberá.

Con esto, concluye que los encausados conocían que “no se había seguido procedimiento alguno”, ni siquiera la “más mínima tramitación administrativa”, sin que se dictara por el órgano competente resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna.