Informes contrarios de Medio Ambiente

Valencia, zona no apta para megaproyectos privados

El portazo a hoteles de lujo, casinos y supercentros comerciales enfada a inversores y empresarios. El nuevo gobierno prioriza la sostenibilidad frente a las promesas de miles de empleos.

Joan Ribó, en una comparecencia reciente ante los medios.

Joan Ribó, en una comparecencia reciente ante los medios. EFE

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Iba a ser el complejo comercial y de ocio más grande de Europa. Un supercentro de medio millón de metros cuadrados que se iba a levantar en una parcela de 1,4 millones de metros en Paterna, a unos cinco kilómetros de Valencia y en plena área metropolitana. Un “nuevo polo de atracción turística” que contaba incluso con pistas de esquí, piscinas de olas, zona para surfear, rocódromo… Es Puerto Mediterráneo, un plan que cuenta con una inversión de 863 millones de euros y una promesa de casi 6.000 nuevos empleos. Esta es la propuesta que el grupo Intu Eurofund, el mismo que levantó en Zaragoza lo que es el mayor centro comercial de España (Puerto Venecia), tenía sobre la mesa del gobierno valenciano desde 2013. Esta semana ha sido rechazado porque “no promueve un desarrollo sostenible”.

Otro. Un proyecto para transformar una zona de la Marina Real de Valencia en un hotel de lujo de seis estrellas con 120 habitaciones y un casino para visitantes internacionales que requería una nueva normativa al estilo Eurovegas. “El mejor hotel del Mediterráneo”, sostienen los promotores, la compañía ARC Resorts. Un proyecto de 200 millones en una primera fase (se ampliarían hasta mil en fases posteriores) y una promesa de 8.000 empleos. Los promotores se marcharon porque no encontraron la acogida que esperaban ni las facilidades que reclamaban. “Valencia no se vende, no quiero que esto sea Las Vegas”, dijo el alcalde, Joan Ribó. “Saqueos, ni uno más”, dijo la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra. Ambos de Compromís.

Los partidos que ahora sostienen el nuevo gobierno valenciano tienen muy presente los años del despilfarro y los fiascos y han comenzado a mirar con lupa cualquier megaproyecto que tienen sobre la mesa. El rechazo a estos dos proyectos y las dificultades en otros como la instalación de Ikea en Alicante han avivado las críticas de la oposición por las oportunidades de empleo perdidas y porque, dicen, se está ahuyentando a la inversión privada. “El anterior Consell ponía alfombra roja a las empresas, se perseguían las inversiones, ahora esa alfombra se ha quitado de un tirón y se ha quemado”, dijo el diputado autonómico del PP, Alfredo Castelló, hace un año cuando urgían a la aprobación de Puerto Mediterráneo en un pleno del parlamento.

El portazo a “el mayor centro comercial de Europa” también ha provocado críticas de las organizaciones empresariales y hasta del alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo: “Si llega un proyecto así, que te habla de tanto empleo, aunque solo se genere después el 10% de lo que te dicen, ¿quién somos nosotros para negarnos?”.

Mónica Oltra defiende que el rechazo (el proyecto ha recibido el informe contrario de Medio Ambiente que determinará su ‘no’ definitivo) es meramente por motivos técnicos. “Los técnicos hacen un informe y en consecuencia se actúa. Antes había una costumbre de que los informes eran de goma, las empresas prometían miles de empleos, se les hacía informes a favor que luego el TSJ iba tumbando… Cualquiera podía dejar aquí una estela de ruina y elefantes blancos. La gente tiene que acostumbrarse a que esto es serio”, dijo este viernes.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente también se ciñen a que se trata de un rechazo técnico, sin connotaciones políticas. “Es una cuestión formal, no hemos rechazado nada, sino que no se cumplen las normas”, enfatiza Julià Álvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente y portavoz de Els Verds. Álvaro asegura que Puerto Mediterráneo no cumple con los criterios ambientales ni, principalmente, de accesos viarios. Pero también alude a razones de estrategia territorial porque significaría el asfaltado de la única gran bolsa de suelo no urbanizable de Paterna.

La empresa defiende que la decisión se basa en argumentos “arbitrarios” y amenaza con acudir a los tribunales porque sostienen que llevan cuatro años con el proyecto y hasta ahora no habían tenido ningún informe contrario.

¿DECISIÓN TÉCNICA O POLÍTICA?

Tanto Mónica Oltra como desde las consellerías implicadas aseguran que se han basado únicamente en criterios técnicos. Pero este rechazo llega después de meses de manifestaciones, básicamente desde Compromís, en las que se reniega públicamente de este tipo de proyectos. Así, el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, un firme defensor de la Economía del Bien Común del economista Christian Felber, manifestó al poco de llegar al cargo: “Nuestro proyecto no va dirigido a las grandes superficies devoradoras, nuestra línea es dar fuerza a las pequeñas y medianas empresas que, en definitiva, son las que nos han sacado de la crisis (…) Puerto Mediterráneo no va en la línea de nuestro modelo que genere ocupación estable y de calidad”. Poco después, reclamó que fuera una comisión integrada por todos los colectivos afectados (residentes, comerciantes, empresarios, autónomos…) quienes tomaran la decisión de forma consensuada y en base al “bienestar ciudadano”.

El secretario autonómico de Medio Ambiente admite que este tipo de proyectos “no encaja” en el modelo de territorio que defienden. “Es como la Terra Mítica del siglo XXI, por eso no encaja en nuestro modelo”, dice. Pero insiste: “El no cumplimiento es estrictamente técnico, por seguridad jurídica”.

El alcalde de Paterna, por su parte, indica que es “evidente” que en Medio Ambiente hay una hoja de ruta en la que estos megaproyectos no encajan y reconoce que, aunque la decisión se fundamenta en criterios técnicos, estos siempre responden a una línea política. También en el caso del hotel de lujo y el casino de Valencia, el alcalde, Joan Ribó, mostró abiertamente su rechazo al proyecto por ir en contra del modelo de ciudad que defienden. Sus socios socialistas en el gobierno municipal mostraron abiertamente su malestar por la marcha de una inversión que consideraban buena para el empleo.

La Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, que dirige María José Salvador (PSPV-PSOE) defiende que, “si existe una inversión importante hay que buscar el luegar adecuado para el mismo y permitir dicha inversión”. Desde este departamento niegan que se haya retirado ninguna alfombra roja a las inversiones, sino que en la etapa del PP se tramitaron muchos expedientes “sin el menor rigor técnico y territorial” y ello provocó innumerables anulaciones por vía judicial como es el caso del PAI Marina d’Or Golf. “Todo con importantes pérdidas de dinero público y privado y causando un grave perjuicio reputacional y económico a la Comunidad Valenciana, es el momento de cambiar las cosas, debemos aportar rigor técnico y jurídico”, indican.

PROMESAS DE EMPLEO, ¿REALES O FICTICIAS?

Los grupos de la oposición (PP y Ciudadanos) y las organizaciones empresariales han criticado el veto a estos proyectos por la inversión que se desembolsaría en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, por los puestos de trabajo que se crearían. Pero, desde la propia Conselleria de Economía Sostenible lo ponen en duda. “No se puede certificar que un macrocentro vaya a crear cuatro mil o seis mil puestos de trabajo. En cualquier caso habría que analizar el empleo que destruyen en los pequeños comercios la construcción de grandes complejos”, han explicado.

Las dudas sobre el beneficio socioeconómico se han plasmado también en el propio informe ambiental. “Existe un grado de incertidumbre elevado de que el balance de empleo sea positivo a medio y largo plazo”, recoge el documento.

Ismael Sáez, el secretario general de UGT en la Comunidad Valenciana, no da tampoco plena credibilidad a que esas cifras de miles de nuevos empleos sean reales, pero puntualiza que, en todo caso, la inversión de millones de euros sí y que si llegan inversiones esto genera obligatoriamente puestos de trabajo. “Aplaudimos las inversiones, pero se tiene que cumplir la legalidad”, indica.

El presidente de la patronal de Valencia, Salvador Navarro, ha criticado la situación y la maraña burocrática que acaba actuando como elemento desincentivador de la llegada de nuevas inversiones.

Por el momento, la empresa promotora de Puerto Mediterráneo amenaza con acudir a los tribunales y esto, de ser así, sí generaría una mala imagen, dice Juan Antonio Sagredo, el alcalde de Paterna. “Igual no es la mejor forma de atraer inversiones”, recalca.

El representante de ARC Resorts -la compañía que promovía el hotel de lujo y el casino en Valencia-, José María Esquerdo, explica que se acabaron yendo porque vieron que, tras el cambio de gobierno, seguir con el proyecto era “una pérdida de dinero y de tiempo”. “Ahora estamos latentes, igual en tres o cuatro años volvemos”, dice. El gobierno valenciano, por su parte, niega que haya fuga de inversiones extranjeras o que estos casos la puedan ahuyentar y recuerdan casos como la reciente decisión de la alemana Thyssenkrupp de reabrir su planta en Sagunto. En otros casos, como por ejemplo en Castellón, sí han salido adelante grandes proyectos comerciales pese al rechazo del equipo de gobierno local integrado también por PSPV y Compromís.