"Champagne y mujeres": así celebró el archivo de su causa el 'juez del PSOE' que cobraba mordidas

Las conversaciones intervenidas en esta nueva causa han permitido conocer la euforia que sintió con el archivo de entonces. Tanto Vera como su mujer, la entonces diputada del PSOE María Antonia Armengol, fueron imputados por cohecho al quedar acreditado que la empresa Estructuras, Viviendas y Carreteras SL había costeado las obras realizadas en el chalé de ambos en Dos Aguas (Valencia). Se trataba de una actuación de 520.000 euros.

Hasta que no fueron imputados, no pagaron el coste de la reforma -al menos parte de ella-. Sobre la misma, Hacienda defendió inicialmente que se trataba de un regalo a ambos dirigentes por los cargos que habían desempeñado -él era entonces juez suplente de la Audiencia Provincial de Valencia-. No obstante, la Fiscalía solicitó posteriormente el archivo por falta de indicios concluyentes del supuesto cohecho.

Fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Requena quien dio carpetazo a aquel asunto, tal y como recuerda un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) adjunto al tomo 32 del sumario del Caso Azud, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En el aséptico relato de la policía judicial destacan las tres palabras entrecomilladas con las que el exjuez celebra la victoria. "Tal y como se recoge en el Auto judicial emitido el 28.07.2010 y que José Luis Vera remite por correo electrónico a Jaime Febrer el 06.08.2010 junto al texto 'champagne y mujeres', finalmente se decreta para ambos el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones", manifiesta la UCO. Los agentes no precisan si tuvo lugar dicha celebración o quedó todo en una bravuconada.

Dinero de Febrer

El sumario, sin embargo, sí aporta un dato relevante que habría sido de gran interés para los investigadores en 2010. La Fiscalía Anticorrupción, taxativa, asevera ahora en uno de sus informes que para "los pagos efectuados en relación a la construcción / reforma del inmueble sito en el municipio de Dos Aguas", Vera utiliza "fondos procedentes de CVC" (una de las firmas de Febrer), y que "los pagos se efectúan a la mercantil Estructuras, Viviendas y Carreteras SL".

La Guardia Civil es quien desglosa en sus escritos el flujo de capitales. Precisa que varias de las presuntas comisiones ilegales que cobró José Luis Vera del entramado empresarial de Jaime Febrer tuvieron lugar en 2007. Primero, 100.000 euros en abril, mes en el que también le aporta 9.000 euros para la constitución de la sociedad Vera Llorens SLU.

El segundo fue en mayo de 2007, por un total de 202.500 euros. Tras recibir este movimiento, según la UCO, Vera hizo dos cosas: saldar 43.000 euros de un crédito hipotecario y transferir 214.000 euros a otra cuenta del matrimonio.

A su vez, según el informe de la policía judicial, los mencionados 214.000 euros sirvieron para abrir un fondo a plazo de 67.000 euros, pagar 16.240 euros a la firma Alborán Arquitectos SLP y, por último, abonar los 107.000 euros a Estructuras Viviendas y Carreteras.

Esta última es la empresa que acometió la reforma en el chalet de Vera, de modo que el exmagistrado -siempre según el análisis de la UCO- pudo ocultar un delito con otro delito, tal y como apuntó este domingo Valencia Plaza. En concreto, habría tapado el cohecho con dinero procedente de mordidas.

1,3 millones

Según recoge el sumario del caso Azud, el exjuez que el PSOE colocó en la Diputación de Valencia como asesor jurídico con la idea de que combatiera la corrupción del PP, cobró mordidas por valor de 1,3 millones de euros a cambio de favorecer los intereses de grandes promotoras en diversas administraciones socialistas.

Vera, que ha ejercido durante años de magistrado en la Audiencia Provincial de Valencia por el cuarto turno (el que se reserva para abogados de reconocido prestigio y una trayectoria acreditada), es uno de los cabecillas de la supuesta "organización criminal" que se investiga en el caso Azud, que desmanteló la Guardia Civil y que supuestamente repartió comisiones millonarias entre cargos del PP y del PSOE durante 20 años. 

A Vera se le atribuye el papel de conseguidor de contratos en Administraciones gobernadas por los socialistas. La apertura del sumario, ordenada la semana pasada, ha sacado a luz que intentó manipular su cuenta de correo oficial en la Diputación tras ser detenido.

Su mujer, Antonia Armengol, fue diputada autonómica del PSOE. Según la investigación, "directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU entre los años 2007 y 2012 percibió, por lo menos, de las empresas del Grupo Axis más de 1.341.086,36 euros".

Del conjunto de las operativas en las que intervino José Luis Vera "se desprende que éste desarrolló su actividad hacia el Grupo Axis en un marco temporal que al menos se extiende entre los años 2007 y 2012, siendo su cometido posibilitar y materializar los tipos de negocio que emprendía el grupo Axis y no la prestación de asesoría jurídica de cualquier tipo". El grupo Axis es propiedad del empresario de la construcción Jaime Febrer, uno de los corruptores del entramado, según consta en el sumario.

La juez Pepa Tarodo ha constatado que Vera actuaba de supuesto conseguidor de contratos públicos de Administraciones en manos del PSOE.  Y la operativa creada para camuflar las comisiones es "idéntica" a la que utilizó el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, para ocultar las mordidas del PP. 

El azote del PP

Vera ha ejercido de magistrado durante años y figura como ponente en más de 2.500 resoluciones, según su currículum. Asesor del Gobierno socialista de Gandía bajo la Alcaldía de José Manuel Orengo, profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de Valencia (UV), en 2015 su partido le encomendó limpiar la corrupción en la provincia tras los escándalos de Alfonso Rus o Marcos Benavent, el autodenominado yonqui del dinero.

Años antes, fue el encargado de denunciar la corrupción en la construcción de Terra Mítica o los contratos de la Generalitat con Julio Iglesias. Además, ejerció la acusación de la Unión de Consumidores de España en el caso Fabra y fue socio del despacho de abogados de cabecera de los socialistas valencianos.

Desde 2015, se presentó ante el resto de partidos y medios de comunicación como un colaborador habitual de la Fiscalía Anticorrupción. Pero los investigadores ya seguían, con cautela, el rastro del dinero que recibió.

Vera sigue aún hoy como asesor jurídico de la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa, a la espera de que se liquide. Se ha mantenido todo este tiempo en la empresa por su relación próxima con el entorno de confianza del presidente valenciano, Ximo Puig.

Su gestión ha sido polémica. En 2016, la Diputación de Valencia tuvo que abortar la publicación del pliego de condiciones para subcontratar la acusación particular en el caso Imelsa ante las dudas que generó el elevado precio máximo que preveía el contrato: 600.000 euros. El pliego lo redactó Vera y su propuesta llegó tras abonar 90.000 euros a una abogada socia de su antiguo despacho.

Por otra parte, su intervención fue determinante para iniciar una investigación contra el expresidente socialista de la Diputación, Jorge Rodríguez, por supuesta corrupción. Rodríguez acabó marchándose del PSOE y fundando su propio partido para mantenerse como alcalde de Ontinyent (Valencia).