Idoia López Riaño, La Tigresa, durante un juicio en la Audiencia Nacional.

Idoia López Riaño, La Tigresa, durante un juicio en la Audiencia Nacional.

ETA

Una jueza da la razón a los funcionarios que denunciaron el falso perdón de 'La Tigresa'

Idoia López Riaño acusó a una de sus víctimas de secuestrar niños para inyectarles heroína a la fuerza con la ayuda de sicarios.

Alejandro Requeijo Daniel Montero

Idoia López Riaño, La Tigresa, abandonó el martes la cárcel tras 23 años de condena y sin ningún lugar al que ir salvo la casa de su madre en Rentería (Guipúzcoa). Al salir, no ha visto cumplido ninguno de los objetivos que le llevaron a integrarse en ETA. La banda la expulsó hace años por no plegarse a su disciplina. Por ello el entorno abertzale tampoco le dedicará el tradicional homenaje que brinda a sus presos cuando recuperan la libertad. La sociedad también le da la espalda por su pasado criminal. A todos estos fracasos, la sanguinaria terrorista ha visto como un Juzgado ha archivado la denuncia que presentó contra la Junta de Tratamiento de la cárcel de Álava por avisar de que su arrepentimiento no era real.

Según el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Álava al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, La Tigresa denunció a seis trabajadores de la cárcel por el resultado del informe de la psicóloga del centro. En este documento “se hacía constar el no reconocimiento del daño personal causado con ocasión de los delitos por los que la denunciante ha sido condenada”. Idoia López Riaño fue responsable de un total de 23 asesinatos.

Permisos de salida de la cárcel

Aquel informe psicológico fue clave para que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional denegase a la etarra su petición de disfrutar de cinco permisos ordinarios de salida de la prisión entre enero y septiembre de 2014. El arrepentimiento es uno de los requisitos que marca la Ley a los terroristas para poder salir un total de 33 días al año siempre que estén clasificados en segundo grado penitenciario. Idoia López Riaño acusaba a sus carceleros de haber incurrido en un delito de falsedad documental y otro de prevaricación, pero en ambos casos la juez no ve motivos suficientes.

El auto concluye que la psicóloga sacó sus conclusiones de las propias manifestaciones ofrecidas por la etarra. La Tigresa, en cambio, niega esas manifestaciones y defiende que su cambio era real. Para demostrarlo explica algunos de los crímenes por los que fue condenada, que sirven para medir la arbitrariedad con la que ETA elegía a sus víctimas.

La terrorista se refiere a Ángel Manuel Facal Soto, asesinado por ella en 1985 bajo la acusación de ETA de que era narcotraficante: “Cuando decidimos hacerlo y es algo que siento en el alma fue porque secuestraba niños en el barrio de Txintxerpe y San Pedro, niños hijos de los marineros que se iban a Terranova, y les inyectaba heroína en las venas a la fuerza, ayudado de dos sicarios y a altas horas de la noche. Fue por eso por las cartas de varias madres que llegaron a la Organización (ETA) pidiéndonos que hiciéramos algo y acabáramos con aquello”.

'La Tigresa' en 2002: "ETA tiene valores"

No obstante, la Tigresa niega haber dicho nunca que la persona a la que mató fuese narcotraficante: “Jamás había dicho ni declarado ante nadie que una de las víctimas lo fuera por ser traficante porque no era esa la razón. No son mis palabras ni pueden serlas (...)”. Aunque López Riaño no lo recuerde, cuando fue juzgada por estos hechos en la Audiencia Nacional en 2002, sí justificó el asesinato de Facal Soto por su presunta condición de narcotraficante ante el tribunal:ETA tiene ciertos valores y aquí no se habla de las víctimas que eran los niños del colegio donde éste introducía heroína para asegurarse futuros clientes".

En los años ochenta ETA inició una campaña contra el tráfico de drogas en las calles del País Vasco porque entendía que su consumo, alejaba a los jóvenes de la lucha por la independencia. En el camino asesinaron sin ninguna prueba a personas a los que la banda atribuía la condición de traficante como fue el caso de Facal Soto. Su familia siempre negó cualquier relación con el mundo de la droga.

El auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Álava también recoge la explicación de La Tigresa sobre el asesinato de otra de sus víctimas, un presunto miembro de los GAL al que la jueza no identifica. “En cuanto al miembro del GAL se nos ordenó hacerlo por eso, pero es la razón, no la justificación”. Atendiendo a estas explicaciones, la jueza concluye que existe “base bastante para que un profesional de la psicología pueda extraer como conclusión el no reconocimiento íntegro” de sus crímenes “o cuando menos la desvalorización de la responsabilidad penal, social y moral”. La Tigresa ha recurrido este auto que está pendiente de resolver en la Audiencia Provincial de Álava.

La intervención de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Álava obligó a la Tigresa a firmar en 2016 una carta más contundente de rechazo a su pasado criminal. “Me duelen todos los muertos”, firmó entonces la terrorista quién decía también haberse jugado la vida por evitar los asesinatos, razón por la que la banda le mandó siete años a Argelia. Quienes han conocido a La Tigresa durante su paso por la cárcel afirman sin ningún género de duda a este diario que ese argumento es falso. El caso es que esa carta le valió a la terrorista para que  la Audiencia Nacional le otorgase hasta ocho permisos de salida fuera de la cárcel. Sin embargo, después de todo, nunca los llegó a disfrutar.

Los jueces le impusieron como condición que no acudiese allí donde pudiese haber víctimas de ETA y a ella ya sólo le queda su madre en Rentería, donde sí hay víctimas. La Tigresa optó por quedarse en la cárcel. Sí salió en cambio para realizar sus prácticas de conducir en el marco de un programa tratamental recogido en el artículo 114 del Reglamento Penitenciario.