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La Audiencia Nacional rechaza el ingreso en prisión de los cabecillas de Afinsa

La Fiscalía había pedido la entrada en la cárcel de cinco directivos, entre ellos el anterior presidente.

Protesta de afectados por la estafa.

Protesta de afectados por la estafa. Agencia EFE

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La Audiencia Nacional acaba de resolver que deja a los once condenados por el 'caso Afinsa' en libertad hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos contra la sentencia. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el ingreso en prisión de cinco de ellos, incluido el que fuera presidente cuando saltó el escándalo, al entender que existe riesgo de fuga una vez que han sido condenados a penas de hasta 12 años de cárcel, además de pedir prisión para otros dos eludible con una fianza.

La Sala de lo Penal les mantiene las medidas cautelares que ya tenían desde hace diez años que se inició el proceso judicial, es decir, prohibición de salir del país, entrega de pasaporte y comparecer cada quince días en el Juzgado. El tribunal estima que si en todos estos años ninguno se ha sustraído de la justicia no hay indicios de que ésto vuelva a ocurrir.

Varios directivos de Afinsa habían sido condenados el miércoles por la Audiencia Nacional a penas que ascienden hasta los 12 años de cárcel. Según fuentes jurídicas, el fiscal considera que puede existir riesgo de ruga y, por tanto, no se puede esperar a que el Tribunal Supremo resuelva el recurso.

La Audiencia Nacional condenó a once personas delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública a penas que en los casos mas graves alcanzan los 12 años de prisión.

El tribunal les aplica el tipo agravado de la estafa al valorar el perjuicio masivo que produjo la compañía filatélica. Se trató de una de las estafas piramidales más relevante conocida por nuestros tribunales, con 190.022 pequeños inversores afectados, 2.438 acreedores en el momento de la intervención (9 de mayo de 2006) y 2.574 millones de euros en su pasivo y 150 millones de sellos en sus almacenes.

Es más, la Sección Primera de lo Penal impone para los condenados una indemenización de 2.374 millones de euros, a pagar de forma conjunta y solidaria, a los titulares de los 269.570 contratos reconocidos por la administración concursal de Afinsa.

Una estafa que según explica el tribunal afectó a la clase media, con víctimas que en muchos casos perdieron los ahorros que guardaban para la jubilación o para hacer frente a situaciones de crisis. Los clientes firmaban contratos de compraventa o mediación de lotes de sellos, que en muchos casos se quedaban depositados en Afinsa.

El Ministerio Público había pedido que el que fuera presidente de Afinsa cuando estalló el escándalo, Juan Antonio Cano, fuese uno de los cinco condenados que ingresasen en prisión, después de recibir una pena de 12 años y diez meses de prisión al ser considerado el autor material de la estafa piramidal. Los cuatro para quienes pedía el ingreso son aquellos que han recibido las penas más altas y por tanto se agrava el riesgo de fuga, según fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado había emitido una nota en la que valora positivamente la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el caso Afinsa, "la mayor estafa piramidal juzgada en España hasta la fecha, ya que el Tribunal estima todas las tesis de la acusación pública y respaldaba de esta manera el laborioso y complejo trabajo realizado durante casi 10 años por el Ministerio Fiscal, que propició el inicio del procedimiento con la presentación de la correspondiente querella".

En el comunicado, explica que en la vista celebrada este jueves, a petición de la Fiscalía, en la Audiencia Nacional para estudiar posibles medidas respecto de los condenados, el fiscal también habçia solicitado el ingreso en prisión eludible bajo fianza para otros dos condenados, así como medidas cautelares personales de menor intensidad respecto de los condenados a penas de prisión de inferior duración.