En el juzgado

El PNV no asume el fiasco del “Hiriko”

El coche eléctrico vasco fundió 17,5 millones de euros de ayudas públicas, pero el Gobierno de Urkullu es el único que no pide su devolución. Hay dos procesos abiertos: uno penal y otro mercantil.

Durao Barroso en la presentación del Hiriko.

Durao Barroso en la presentación del Hiriko. Reuters

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Dos procesos, uno penal y otro mercantil, mantienen abierto en los tribunales del País Vasco el “caso Hiriko”, que da nombre al frustrado proyecto de fabricación de un coche eléctrico que se tragó inversiones millonarias –hasta 17,5 millones de euros- procedentes de las Administraciones central y vasca, cuyo reintegro exige ahora a sus responsables el Tribunal de Cuentas de España.

El Gobierno español y la Diputación de Álava han asumido las irregularidades que se dirimen en los juzgados y en el órgano fiscalizador estatal y han solicitado la devolución de las cantidades aportadas. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu, por el contrario, sólo reclama una pequeña ayuda “no ejecutada”, y no moverá pieza hasta que haya sentencia firme.

Su posición ha sido objeto de debate este jueves en el Parlamento Vasco, donde su postura ha sido criticada abiertamente por el conjunto de la oposición, que considera que el Gobierno autonómico no actúa con la exigencia debida contra los promotores del proyecto fracasado por su afinidad con el PNV.

EH BILDU, el más contundente

El más contundente ha sido el representante de EH Bildu, Igor López de Munain, que ha denunciado “el capitalismo de amiguetes” y “el tráfico de influencias” que guía la acción del partido de Ortuzar. Ha ironizado con que su agenda vasca es “conseguir contratos para los allegados” y pronosticado que llegará un día en que jueces y fiscales pondrán al descubierto su “maquinaria de corrupción”, al igual que ha ocurrido con CiU en Cataluña y el PP en España. “Se han dedicado a saquear las arcas públicas, a llevarse el dinero calentito”, ha denunciado López de Munain.

El PP, de quien partía la iniciativa, ha censurado la escasa firmeza del PNV y recordado a los nacionalistas que para iniciar un proceso administrativo de devolución de las ayudas, tal y como han hecho el resto de las Administraciones, no se necesita sentencia judicial alguna.

El debate se ha zanjado con el acuerdo de esperar a que se pronuncien los tribunales, servido en bandeja por el PSE al PNV, a quien apoya presupuestariamente en el Gobierno vasco. Los socialistas, no obstante, han sido muy críticos con el “insensato proyecto pseudoempresarial” en tela de juicio y al que, según su portavoz José Antonio Pastor, el Ejecutivo de Patxi López “puso freno” limitando a 2,7 millones el montante de las ayudas otorgadas desde la comunidad autónoma.

PROMOTORES AFINES AL PNV

Empresarios próximos al PNV, embarcados en la aventura del Hiriko desde 2010, tuvieron fácil acceso a cuantiosas ayudas públicas, pero el sueño del coche eléctrico vasco acabó desvaneciéndose como si de un espejismo se tratara. En vez de alcanzar su objetivo, la fabricación a partir de 2013 de vehículos en serie, apenas se construyeron un par de prototipos y cuando la compañía empezó a tener dificultades económicas afloraron las irregularidades.

Las de tipo penal son investigadas por el juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, tras la querella criminal presentada a finales de febrero de 2015 por la Fiscalía de Álava contra Afypaida, la sociedad matriz, y contra sus promotores y otros participantes en el negocio desarrollado en torno al Hiriko.

Los querellados son el industrial Jesús Echave, vinculado al PNV; el exedil de este partido en Vitoria, Íñigo Antía; Francisco Javier Calera, exdirectivo de EiTB; el constructor Fernando Achaerandio; el hostelero José Barreira y el joyero José Luis Bengoechea.

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, los considera responsables de haber desviado en beneficio propio hasta 6,4 millones de euros de los 17,5 recibidos de las arcas públicas. Los seis se enfrentan a los delitos de malversación, falsedad documental, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

La titular del juzgado número 3, Beatriz Eva Román, que admitió la querella, estimó en un auto que “parece evidente” que los empresarios cometieron un fraude de subvenciones públicas, vinculado en el Código Penal a las ayudas que se obtienen “falseando las condiciones requeridas para su concesión” u “ocultando las que la hubiesen impedido”.

Según el relato del fiscal, los seis investigados, que no tenían ninguna experiencia en el sector de la automoción, utilizaron la fabricación de un coche eléctrico como “pretexto” para adueñarse de fondos públicos. Con esa finalidad idearon un plan y crearon un entramado societario. Si el proyecto resultaba un éxito, se quedarían con los beneficios y si acababa en fracaso, como así ocurrió, las perjudicadas serían las Administraciones Públicas.

FINANCIADO POR ZAPATERO

Su gran patrocinador fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero que compensó su minoría en la legislatura 2008-2011 llegando a acuerdos presupuestarios con el PNV. Los nacionalistas incluyeron las ayudas al Hiriko como una de las contrapartidas en la mesa de negociación y el Ministerio de Ciencia e Innovación, dirigido por Cristina Garmendia, financió el proyecto en 2010 y 2011 con un total de 14,75 millones.

El Gobierno central trató posteriormente de recuperar las ayudas desde el Ministerio de Industria, cuando ya gobernaba el PP y afloraban los incumplimientos. Está personado en la causa como acusación particular y es el principal acreedor de la quiebra de Afypaida que se dirime en los juzgados de lo Mercantil.

Su postura contrasta con la del Gobierno vasco, que en la etapa del socialista Patxi López invirtió 2,7 millones de euros en el proyecto. El Ejecutivo autonómico, ahora en manos del PNV, auditó las cuentas sin encontrar irregularidades y ha venido defendiendo, a través de la consejera Arantza Tapia, que la financiación otorgada cumplió su finalidad. Alega que si bien el coche no llegó a comercializarse se lograron avances en I+D y la consecución de tres patentes. La reclamación como acreedor del Gobierno vasco se concreta en una petición de apenas 35.531 euros.

“El Gobierno vasco ha analizado las ayudas y están bien dadas”, ha insistido el parlamentario del PNV Luis Javier Tellería este jueves en el pleno de la Cámara

Durante su intervención ha cuestionado el dictamen del Tribunal de Cuentas de España sobre las irregularidades observadas y eludido la responsabilidad del PNV, porque su partido “no entregó ni gestionó” las subvenciones.

En el proceso que se tramita en el Juzgado Mercantil número de 1 de Vitoria la Abogacía del Estado y la Fiscalía solicitan la declaración de quiebra fraudulenta y exigen la devolución de las ayudas. En el escrito del Ministerio Público se identifica como responsables a cuatro de los promotores y hasta un total de 15 empresas que participaron en el Consorcio Hiriko.

EPSILON, OTRO ESCÁNDALO

El prototipo de coche eléctrico, un biplaza que se plegaba al aparcar y tenía una autonomía superior a los 100 kilómetros, fue presentado ante la Comisión Europea en en 2012 y la foto con su presidente, Durao Barroso, en el interior de su pequeña cabina, dio la vuelta al mundo. Durante aquella exhibición los problemas del vehículo al arrancar fueron premonitorios de su fracaso.

Las previsiones de instalar una primera cadena de montaje en 2013 nunca se cumplieron y el coche, cuyo diseño fue adquirido al Instituto de Tecnología de Massachusetts, jamás llegó a fabricarse.

Cuando el Hiriko, llamado a revolucionar el mercado automovilístico, hizo aguas la oposición obligó al Parlamento Vasco a intervenir y a analizar la concesión del dinero público, prácticamente el total de la inversión ante la escasa aportación de los socios empresariales.

La comisión parlamentaria de investigación creada en 2014 examinó igualmente el fracaso de Epsilon, la otra gran aventura empresarial vasca ligada al sector automovilístico que jamás llegó a despegar. El proyecto consistía en crear una escudería de bólidos, made también en País Vasco, que compitiera en Fórmula 1. Consumió cerca de 48 millones de euros de dinero público y terminó también en un doble proceso, penal y mercantil, en los tribunales de Justicia aún no del todo resuelto.

La Cámara vasca decidió remitir toda la documentación al Tribunal de Cuentas del Reino. Este órgano dictaminó en diciembre de 2015 la falta de justificación de gran parte de las ayudas concedidas a los dos proyectos y las dificultades para recuperar el dinero ante la quiebra de las dos compañías.

Recientemente el Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha ocho expedientes de “reintegro” de las subvenciones otorgadas de manera indebida a los promotores de Hiriko, tanto por el Gobierno central como por el vasco y la Diputación de Álava, las tres instituciones que lo financiaron.

El órgano fiscalizador deberá determinar el alcance del quebranto económico producido y señalar a sus responsables, en una actuación similar a la seguida por un alquiler gravoso para las arcas municipales vitorianas, que acabó con la condena de los dirigentes populares Alfonso Alonso y Javier Maroto.

En la auditoría contable realizada cuestionó la totalidad de las aportaciones otorgadas por la ministra Garmendia, -“porque no se exigió ningún tipo de garantía, ni se señaló la línea o programa de investigación donde se enmarcaban”- y “al menos 204.000 euros” de los otros 2,7 millones entregados por el Ejecutivo vasco. También encontró deficiencias en algunas de las ayudas, de menor importe, hasta 47.000 euros, concedidas por la Diputación de Álava. La institución foral, gobernada por PNV-PSE, se ha valido de su auditoría para iniciar ya el procedimiento administrativo de devolución.

TESTIGOS DEL DESPILFARRO

Las distintos frentes abiertos han puesto al descubierto un cúmulo de aparentes irregularidades, como la existencia de una veintena de facturas presuntamente falsas intercambiadas entre las sociedades del Consorcio Hiriko que ahora se examinan en el juzgado por si su destino era simular gastos que justificasen las ayudas.

En la investigación realizada por la Erztaintza a instancias de la Fiscalía resultó clave la contribución de un testigo, extécnico de Afypaida, que aportó datos sobre el destino otorgado al dinero público y que este jueves, mientras se celebraba el pleno parlamentario, se ratificaba en sus declaraciones en sede judicial, al igual que otro compañero, dentro del caso que se instruye por la querella criminal presentada por la Fiscalía.

El presidente de Afypaida, Jesús Echave, alquiló para sede de la compañía un local de su propiedad a un precio superior al de mercado y contrató a una de sus empresas para rehabilitar las instalaciones por una factura superior a los 300.000 euros.

El testimonio del testigo extiende el punto de mira de los proveedores, algunos de ellos empresas vinculadas a los promotores de Hiriko.

Se pagaron 80 ruedas robotizadas y sólo llegaron cuatro. Se compraron 20 volantes con el mismo magro resultado. Se abonó por el equipamiento electrónico de 20 vehículos y únicamente se contó con uno. Además se contrató como socio tecnológico a Dennokin, una empresa gestionada por excargos del PNV de Bizkaia, cuyos servicios no parecen suficientemente contrastados.

“Se pagaron trabajos por adelantado que nunca se hicieron, pero no solo eso, el 70% de las subvenciones se gastó en cosas que nada tenían que ver el proyecto ”, asegura el extrabajador de Afypaida a El Español.

Para muestra, la adquisición de Hiriko a Epsilon de uno de sus dos prototipos de carreras, por más de 600.000 euros, “un vehículo sin ninguna utilidad que se exhibió en exposición en el concesionario de Echave”, gran aficionado a los coches de carreras.

Cuando Afypaida quebró quince de sus veintidós trabajadores, entre los que se encuentra el testigo, denunciaron los impagos salariales de la compañía, que nunca llegó a homologar el prototipo fabricado porque cuando se acabó la financiación pública los socios se retiraron del proyecto.

“Faltaban dos meses y se podía haber conseguido”, mantiene el técnico, que echa por tierra el argumento del Gobierno vasco sobre el logro de las tres patentes que justificarían la ayuda pública autonómica recibida. “Esas patentes no valen para nada porque se han patentado cosas que no se pueden fabricar”, concluye tajante.