La delegación del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo escuchaba y no podía encajar lo que el Gobierno insiste en transmitir y lo que las Comunidades Autónomas -de uno y otro signo político- confirmaban: "Moncloa no nos llamó para el diseño del Plan de Recuperación, no nos permiten ajustar los proyectos a las necesidades de cada territorio, y hay proyectos que se quedan al 90% desiertos porque los imponen ellos y no encajan con nuestras necesidades".

Este lunes, comenzaba en Madrid la visita de una misión de una decena de eurodiputados, además de observadores de la Cámara de Cuentas y de la Comisión Europea, para examinar la ejecución de los fondos NextGenerationEU en España. Durante tres días, se reunirán con ministros, consejeros, agentes sociales y representantes de los diferentes sectores económicos para comprobar cómo funciona el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el primer país que lo activó, España.    

"Queremos estar informados sobre los sistemas de monitoreo y control de los fondos", advertía antes de entrar en la primera reunión Monika Hohlmeier, la presidenta de la delegación del Parlamento Europeo. 

"El interés es, sobre todo, en los sistemas de auditoría, la prevención y detección de fraude", apuntaba Hohlmeier. Y por eso, la mayoría de las preguntas a los consejeros de las Comunidades Autónomas convocados versaron sobre la supuesta "cogobernanza" -para determinar responsabilidades- y la información disponible.

La cita más llamativa, este mismo lunes, era en el Ministerio de Asuntos Económicos, con la vicepresidenta Nadia Calviño. Pero la clave, en realidad, estaba en la cita con las Comunidades Autónomas y con la CEOE y otras organizaciones empresariales. Porque las regiones ya habían aclarado públicamente que lo de la "cogobernanza" no se puede sostener cuando la Conferencia Sectorial no se ha reunido más que tres veces, y la última fue hace año y medio.

Por eso, en la primera de las citas agendadas por los eurodiputados, la mayoría de los consejeros se encogieron de hombros y "desgraciadamente", tuvieron que "decir la verdad: que no hay cogobernanza y que no funciona la plataforma COFFEE de intercambio de información".

Éstas son las palabras exactas de Javier Fernández Lasquetty, responsable de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Pero son atribuibles, letra arriba, letra abajo, a otros de los presentes. Incluso de gobiernos socialistas. 

Efectivamente, el vicepresidente castellano-manchego, José Luis Martínez Guijarro, salía de la cita con la delegación de la Eurocámara lamentando que el Plan de Recuperación del Gobierno "es muy rígido y, por tanto, imposible adaptar a las peculiaridades de cada territorio. En un país como España con tanta diferencia de una región a otra, esto dificulta mucho la ejecución de los fondos".

EL vicepresidente de Castilla-La Mancja, José Luis Martínez Guijarro, atendiendo a los medios. E.E.

Si bien Castilla-La Mancha podía presumir de que ya ha "movilizado" el 80% de los fondos adjudicados, esta afirmación tiene una pega: que hay que creérsela, porque la plataforma de transparencia COFFEE no funciona. "Eso es cierto", admitía Martínez Guijarro, "pero nuestros sistemas de control sí están en marcha, y el Tribunal de Cuentas está informado".

Pero el caso es que las Comunidades Autónomas no tienen dónde informarse de los proyectos ni dónde volcar sus datos de ejecución. "En el cierre de 2022, tuvimos que elaborar 20 hojas Excel, una por Ministerio", lamentaban fuentes de la Junta de Andalucía en conversación con este periódico.

"¡Y éste es el plan de recuperación que apuesta por la digitalización!", apostillaba con sorna el madrileño Lasquetty.

Los eurodiputados llegaban avisados. "En el informe de 2021, ya reflejamos la preocupación general sobre las metodologías faltantes, la falta de transparencia y otras dificultades para que la UE verifique la implementación de fondos", apuntaba Hohlmeier. 

"¡No nos escuchan!"

Uno de los ejemplos de esta "rigidez", admitida hasta por las regiones socialistas, es que Comunidades como Madrid o Andalucía han presentado a Moncloa "más de 250 proyectos" para que fueran incluidos en el PRTR "y ninguno ha sido atendido".

O que de los 30 millones de euros adjudicados al Gobierno de Juanma Moreno para Educación Infantil, "se ha quedado desierto más del 90% por falta de interés en el sector".

Fuentes de la Consejería andaluza explican a este diario que Moncloa ha impuesto que ese dinero se destine a la creación de nuevas plazas de 0 a 3 años. "Pero en Andalucía se quedan cada año sin cubrir 25.000 de las que ya tenemos... no necesitamos más, sino que sean gratuitas. ¡Pero no nos dejan, porque Moncloa no nos escucha!".

Desde el Gobierno madrileño, las quejas eran similares. "Aún estamos a tiempo de arreglar este desaguisado, pero tiene que cambiar la actitud de Pedro Sánchez", explicaba Lasquetty a este diario. "Debe de creer que él solo lo hace mejor que todos los demás juntos".

Las fuentes del Ejecutivo andaluz eran menos agresivas. "La norma que define todo es el decreto 36/2020, que prometieron que lo podríamos mejorar tramitándolo como proyecto de ley... y lleva más de 80 prórrogas mientras duerme en un cajón del Congreso".

Según los Gobiernos autonómicos, aceptar las ideas de las CCAA o de la oposición agilizaría la llegada del dinero a la economía real. "En líneas generales, el PRTR de Moncloa es bueno", explica a una fuente del Gobierno andaluz, del PP. "Pero tiene que ser más flexible, tienen que escucharnos".

Calviño examinada

Desde Economía se trató de quitar hierro a los cruces de reproches de los últimos días, en las cartas cruzadas entre Calviño y Hohlmeier, y fuentes del Ministerio aseguraron que la reunión transcurrió en un tono "cordial y constructivo".

Sobre el papel de las CCAA en la gestión de los fondos europeos, el equipo de Economía subrayó a los europarlamentarios que, al ser España "un país descentralizado", se ha desarrollado un "importante proceso de cogobernanza" desplegado con las regiones. "Pero reunirse mucho no es cogobernar", recuerda una fuente de la misión. "Tenemos que ver proyectos propuestos por las regiones".

Economía aseguró a los representantes del Parlamento Europeo que desde la aprobación del Plan, en julio de 2021, ha habido 139 Conferencias Sectoriales, en las que las CCAA han acordado los criterios de reparto y "han realizado contribuciones para diseñar los programas".

Desde los gobiernos regionales se describen esas citas de un modo muy distinto: "El ministro habla, hay una ronda de cuatro minutos por consejero, y el ministro cierra... ya está".

Los empresarios

Antes, la delegación se había visto con la CEOE, que reclamó que la banca participe en la gestión de los fondos europeos. En concreto, en la administración de 15.000 millones de euros que formarían parte de un préstamo verde proveniente de los NextGeneration. 

Según fuentes cercanas a la patronal empresarial, Moncloa les solicitó en los días previos "lealtad de país" ante la reunión con la misión de eurodiputados. Y ellos mismos eran conscientes de que debían medir sus críticas para no perjudicar el Plan de Recuperación, "sobre todo, ante los debates abiertos sobre las reglas fiscales y las ayudas de Estado".

El organismo empresarial trasladó este lunes a los europarlamentarios la conveniencia de que se produzca una mayor "colaboración público-privada" en la administración de los fondos. De hecho, la patronal apoyaría las negociaciones que ya están manteniendo representantes de las dos grandes asociaciones bancarias españolas, AEB y CECA, con el Gobierno, para la participación de las entidades financieras en ese reparto a las empresas. 

Por el momento, desde el Ministerio de Economía se contempla la participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en la implantación de los fondos de recuperación, por lo que el papel de las entidades financieras privadas españolas podría ser similar al que han desempeñado en la gestión de los créditos aprobados por crisis sanitaria y económica provocada por el Covid.

El ejemplo de Portugal

El secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, se reunió el lunes, a primera hora de la tarde, con los representantes de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que están siguiendo el despliegue de los fondos europeos en España.

La patronal defiende, como las CCAA, "una mayor flexibilidad", y "más agilidad administrativa y reducción de burocracia", así como una mejora del acceso de las pequeñas empresas y autónomos a los fondos de recuperación europeos.

El organismo presidido por Antonio Garamendi subraya que de los 31.000 millones que España ha recibido ya en subvenciones -y los 6.000 recientemente concedidos-, "sólo se han desplegado 23.000 millones en convocatorias y licitaciones, de los que el 45% han ido al sector privado". Para acelerar la llegada de los fondos a la economía real, la CEOE ha abogado por aumentar su ritmo de publicación y resolución.

En este sentido, la patronal empresarial ha puesto a Portugal como ejemplo en la publicación de datos sobre la llegada de los fondos a la economía real. "El Gobierno de Portugal, con unos pocos gráficos, actualiza la información de la llegada de los fondos europeos a la economía real", han señalado fuentes del organismo consultadas por este diario.

Las mismas fuentes también han incidido sobre las mejoras que todavía tendrían que aplicarse a la herramienta informática empleada en España para analizar y auditar las inversiones, denominada COFFEE. Desde la CEOE se advierte que el sistema informático todavía tiene que demostrar su valía. "Falta que sirva de verdad, que sirva para informar sobre la llegada de los fondos a la economía real", comentan. 

Las dudas planteadas en la CEOE sobre la efectividad de COFFEE contrasta con la defensa que hicieron el jueves sobre la herramienta las ministras de Economía y Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero.